martes

Carta al Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Ley de Justicia y Paz



Cárcel Nacional las Mercedes de Montería, Diciembre 6 de 2011


Señores
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia
Procuraduría General de la Nación
Alto Comisionado para la Reintegración
Fiscalía General de la Nación
Dirección General INPEC


Respetados Señores.


El Miembro Representante y ex Cdtes. de los extintos Bloques Casa Castaño, Norte, Córdoba, Resistencia Tayrona, Mojana y Montes de María, abajo firmantes, miembros del Comité de Presos Políticos de las Autodefensas Desmovilizadas recluidos en los Pabellones de Justicia y Paz de la Cárcel Nacional las Mercedes, en nombre de los postulados a la Ley 975 de 2005 en nosotros representados, presentamos un respetuoso saludo convencidos que su gestión como direccionadores de la Justicia Transicional, Ley 975 de 2005, ayudara a consolidar la Paz, la Reconciliación y la Reinserción, anhelo común del pueblo Colombiano y del Estado que ustedes representan.

Nos dirigimos al Comité para colocarles en conocimiento una circunstancia que tiene que ver con la sana y buena convivencia de los postulados de estos Pabellones de Justicia y Paz, principio fundamental para la verdadera Reintegración del desmovilizado y el buen desarrollo de la Ley.

1-  En el día de ayer dic. 5 fuimos visitados por el Director de la Regional Norte y otras autoridades penitenciarias, visita que recibimos con el mismo agrado y respeto que nos merecen las autoridades del INPEC.

2-  En la reunión sostenida con las autoridades del INPEC nos fue informado sobre un proyecto por parte de la Dirección General operativizado por la Regional, de cerrar uno de los bloques del Pabellón de Justicia y Paz, para juntar la población de postulados en un solo bloque de los dos existentes y dejar el otro bloque para población carcelaria que denominan presos sociales.

3-  Esta situación va en detrimento de la dignidad, convivencia y buen desarrollo del pabellón de Justicia y Paz y atenta contra la SEGURIDAD de los postulados acá recluidos.

4-  La proximidad y acceso de ingreso de estos bloques, el inevitable contacto permanente de los internos de ambos bloques y las dificultades en el momento del ingreso de las visitas familiares, por razones de SEGURIDAD y de la diferencia de regímenes, hacen absolutamente inviable esta medida y generaría una problemática de talla mayor.

5-  La naturaleza de la Ley de Justicia y Paz que tiene como columna vertebral la Reconstrucción de la Memoria Histórica del conflicto, que implica la confesión y delación de hechos y personas involucradas, comparada con las circunstancias con la que un interno de la Justicia permanente, llámese preso social tienen, marcan una diferencia enorme en la concepción de la norma y el compromiso con la Justicia.

6-  Pretender tener tan cerca o incluso revolver estas dos poblaciones, es un asunto que atenta contra la SEGURIDAD de los postulados y frenaría el buen desarrollo de los procesos judiciales, puesto que en estas circunstancias tan gravosas, difícilmente los postulados continuarían desarrollando sus versiones.


Por todo lo anteriormente expresado y convencidos del compromiso y apoyo total del Comité Interinstitucional en  continuar avanzando y construyendo caminos que nos conduzcan a la Reconciliación entre los colombianos, aunado a los esfuerzos del Gobierno Nacional en fortalecer el marco de la Justicia Transicional, quedamos a la espera de que su gestión ayude a mantener las condiciones de los postulados a la Ley, que hasta hoy se han logrado preservar.

Finalmente invitamos a los delegados o representantes del Comité Interinstitucional para que ojala en los días siguientes al recibido de esta misiva, puedan hacer presencia en este establecimiento y de esta manera conocer directamente las condiciones y actividades que los postulados acá desarrollamos, además de retomar la interlocución tan necesaria para la culminación exitosa del Proceso de Paz adelantado con las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia.

Con nuestro acostumbrado respeto.



EDWAR COBOS TÉLLEZ                 JESUS IGNACIO ROLDAN
Miembro Representante                   Bloque Casa Castaño


MIGUEL RAMON POSADA              JESUS EMIRO PEREIRA
Bloque Norte                                    Bloque Casa Castaño


EDWIN TIRADO MORALES             LEONARDO SANCHEZ B.
Bloque Córdoba                                Bloque Norte


LUIS EDGAR MEDINA F.                 TEOFILO HURTADO P.
Frente Resistencia Tayrona               Frente Mojana


c.c.  Jefe MAPP – OEA

sábado

Nuestro compromiso y respeto con la Democracia es irrenunciable

EDITORIAL

Colombia, octubre de 2011

Nos auguramos que las próximas elecciones locales y departamentales del 30 de octubre renueven plebiscitariamente en todo el País  los sentimientos pacíficos, civilistas y democráticos que alentaron  poblaciones, comunidades y ex combatientes de las Autodefensas Campesinas durante  el Proceso de Paz que culminó en 2006 con más de 31.000 desmovilizados de las extintas AUC cuyas armas fueron puestas en manos del Gobierno junto a nuestro compromiso sagrado de no retomarlas jamás.

Aquella unión de esfuerzos en pro de la Paz y la Reconciliación que protagonizamos entonces Pueblo, Gobierno y Autodefensas permitió que finalmente la confianza primara sobre la desconfianza, el diálogo civilizado triunfara sobre los silencios y los reproches, iluminando un camino que no habría de ser de rosas porque la exacerbada polarización y la incomprensión alborotaron los prejuicios y las estigmatizaciones. Sin embargo, el proceso de reinserción de los desmovilizados ha seguido avanzando, a los tumbos unas veces, otras semejando ser una bicicleta estática, pero siempre con la mirada puesta en alcanzar las metas de Reconciliación trazadas al abandonar las armas, de cuyos logros pueden dar fe los informes de las organizaciones de seguimiento electoral, incluso de la MAPP-OEA, Naciones Unidas y CNRR donde por ningún lado aparecemos nosotros como factores determinantes o perturbadores del libre ejercicio de la Democracia.

Atrás quedaron en el tiempo, aquellas épocas cuando aún participábamos del conflicto armado interno, y fueron máximos líderes de las extintas AUC, como Carlos Castaño, Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, entre otros, quienes comenzaron a poner sobre la mesa de la discusión pública la enorme influencia política que los grupos de Autodefensas habían comenzado a ejercer al calor de los enfrentamientos con las guerrillas y ejerciendo poderes de facto ante la ausencia de Estado, su impericia y también su corrupción.


Todos antecedentes de por qué y hasta dónde estábamos dispuestos a llegar al desmovilizarnos en beneficio de Colombia y en pos de renunciar al uso de las armas y transformar al actor militar y político que constituíamos como organización al margen de la ley, en una organización de ciudadanos reinsertados, a paz y salvo con la legalidad, recuperando en plenitud nuestros derechos civiles y políticos, con el propósito de volver más inclusiva nuestra democracia y allanar el camino de la Paz con los grupos guerrilleros.

Por todo ello, queremos en vísperas de una nueva justa electoral resaltar el fiel cumplimiento de los compromisos por parte de los Postulados acogidos a la Ley de Justicia y Paz tanto los que estamos acá en Colombia como de los que están allende las fronteras, sometidos todos nosotros voluntariamente al Imperio de la Ley, aclarando con la Verdad todos los hechos, reparando a nuestras víctimas y con respeto total a la Sociedad Civil y la Democracia en estos procesos electorales, sea los que se han llevado a cabo con nosotros ya sometidos a la Justicia, como el que se avecina.

Nos preguntamos si con más de 5 años ya de respeto absoluto y no intervención alguna de nuestra parte en los procesos electorales: ¿esta realidad irrefutable no manifiesta otro gran resultado positivo del Proceso de Paz? Y más aún ¿no representa acaso un gran triunfo de las soluciones políticas y jurídicas por sobre la violencia y la soberbia armada que eterniza la guerra? Estamos convencidos que todo este esfuerzo tan incomprendido y estigmatizado en su desarrollo ha valido la pena y comienza a ser percibido favorablemente en la sociedad como una apuesta ganadora en términos de abrirle oportunidades a la Reconciliación y la solución política –no militarista- con todos los actores armados.

Esta rendición de cuentas sobre la no intervención de las ex autodefensas en los procesos políticos de los últimos cinco años es otro gran balance que hay que sumarle a los que presenta la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, y avala que nuestra insistencia en llegar al cabo de este camino de reinserción plena al recupero de nuestros derechos políticos, no solo es componente crucial de lo acordado durante el Proceso de Paz con la contraparte negociadora del Gobierno, sino íntima vocación de sumarnos democráticamente con nuestro futuro trabajo político al servicio de nobles causas sociales.

Causas sociales que nos motivan y nos entusiasman como protagonistas de ensanchamiento y profundización del sistema democrático con total apego a la Ley y sometidos al escrutinio de los votos y la vigilancia de los organismos de control.    

Nos anima y reconforta la favorable recepción que ha tenido en diversos ámbitos sociales y políticos nacionales nuestra Carta Abierta del 3 de octubre sobre el Derecho a la Paz, la Justicia Transicional y los Derechos Políticos, así como  recibimos con interés y ávidos de aprendizaje las críticas y aun las ironías y escepticismos propios de las contiendas políticas donde la sal y pimienta de los debates los ponen precisamente la puja dialéctica y las contradicciones vehementes, siendo todo ello parte del libre juego de las ideas democráticas, mil veces preferidas y dignas de aplauso por encima de cualquier expresión de odio y violencia que anhelamos queden definitivamente atrás, superadas por el abrazo fraterno y la sana convivencia, en un clima de tolerancia y libre diversidad.

Reiteramos que nuestra adhesión al Nuevo Marco para la Paz y Proyecto de Acto Legislativo, así como a las iniciativas tendientes a agilizar y hacer más eficaz la Ley de Justicia y Paz, lejos está de representar de nuestra parte un interés particular o sectario, sino que mal que les pese a quienes nunca han querido ver nada positivo ni bueno en el pensar y obrar de los desmovilizados de las Autodefensas, seguimos adelante sin responder maledicencias con maledicencias sino confiados que los hechos de Paz son incontrovertibles y así serán juzgados inapelablemente por quienes no anteponen sus prejuicios y sus intereses políticos por sobre la verdad y el bienestar general.

Nuestro criterio rector es y seguirá siendo el de que todo aquello que es realmente bueno para Colombia también es necesariamente bueno para los desmovilizados que también somos Colombia y será aplaudido y reconocido por nosotros no porque siempre estemos del todo de acuerdo sino porque es de honestos y demócratas propender por el bien común,  y no solo por el individual por más legítimo que éste nos parezca y defendamos honesta y democráticamente como tal.


Lejos de cualquier unanimismo y pensamiento dogmático seguiremos adelante en lo que hemos llamado el largo camino a casa dispuestos a solidarizarnos con todos quienes han padecido y padecen las consecuencias del conflicto armado y prestos a sanar las heridas abiertas en el seno de la sociedad no reivindicando de ninguna manera las decisiones que nos llevaron a participar de la guerra, sino por el contrario a reivindicar, defender y predicar las razones y los sentimientos que nos llevaron a decirle adiós a las armas, porque no es la política de la guerra la que abrazamos como causa de nuestro camino de regreso a casa, sino la política de la Paz y la Reconciliación la que será propósito y estandarte por todo el tiempo que Dios nos vaya a conceder de vida.


Comité Editorial.

viernes

Intervención en el foro del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración en la Universidad Nacional



“Aportes a la discusión de los proyectos legislativos sobre Justicia Transicional”


Al comenzar nuestra intervención agradecemos la invitación -que mucho nos honra- a participar del presente evento organizado por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR), de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo desempeño y seriedad profesional destacamos y apreciamos en todo su generoso aporte a la Paz y la Reconciliación.

También saludamos con especial respeto y consideración a todos los participantes de esta jornada de trabajo a los cuales aplaudimos y  estimulamos a seguir adelantando la noble misión que se han propuesto llevar a cabo, de cuyo éxito no solo depende el arduo proceso del regreso al hogar y la sociedad de quienes nos hemos desmovilizado en el pasado, sino también de quienes nos auguramos vayan a desmovilizarse en un futuro que anhelamos esté muy cerca. De esto se trata: de aportar nuestros esfuerzos, nuestras experiencias, nuestras ideas, para que el clamor de Paz y Reconciliación sea escuchado y atendido, así como la dignidad y derechos de las víctimas sean reconocidos y enaltecidos, de un lado, por todos los desmovilizados y todos quienes aún persisten en la ilegalidad y la lucha armada, y del otro, por el Estado, sus instituciones y la sociedad entera.

Ha sucedido algo muy importante para todos nosotros y para la democracia de Colombia mientras preparábamos estas breves reflexiones. Hace muy pocos días, el pasado domingo, asistimos a una jornada electoral memorable –en particular para quienes compartimos la condición de desmovilizados- cuyo resultado en la ciudad de Bogotá favoreció en la persona de Gustavo Petro, como alcalde escogido por la ciudadanía, a quien como él mismo se calificó le cabe el atributo de desmovilizado, tras haber estado encarcelado y pagado su pena, alguna vez actor armado ilegal de la guerra, hijo de un proceso de Paz exitoso y desde hace más de veinte años actor desarmado de la política, reinsertado en la sociedad con plenos derechos.
Esto demuestra que las personas nos equivocamos, ¡y cuán gravemente en ocasiones!, pero que también sabemos arrepentirnos, pedir perdón y rectificar el comportamiento. También demuestra que la sociedad colombiana ha madurado lo suficiente con los años para abrir su corazón al perdón y la reconciliación, cuando los procesos de Paz se concretan de manera seria y eficaz, y cuando los comportamientos de las personas evidencian que han sabido aprovechar la segunda oportunidad que la vida les ha ofrecido y cuando la sociedad y las leyes se lo han consentido.

En cuanto a las actividades de hoy, asistimos con todos los sentidos puestos en recibir de tan prestigiosos interlocutores la orientación y la pedagogía que requerimos en esta travesía que ha demostrado ser para los desmovilizados de esta generación, provenientes de las autodefensas y las guerrillas, tan azarosa y compleja entre los momentos de la desmovilización y la reinserción que visualizamos como nuestra meta, por la cual nos hemos comprometido y estamos cumpliendo pese a todas las dificultades que se han interpuesto en el camino. Nunca supusimos que sería este tránsito un lecho de rosas pero tampoco ni en los momentos de mayor pesimismo imaginamos que se fueran a interponer tantos obstáculos y contrariedades que a modo de formidable ‘máquina de impedir’ han logrado neutralizar y oscurecer los méritos de este proceso de Justicia y Paz cuyos notables resultados empalidecen y se invisibilizan frente a los indisimulables déficits y la lentitud exasperante de los procedimientos.

Somos conscientes que no solo los ojos de Colombia, sino los ojos del mundo, están puestos sobre nosotros, apesadumbrados como nos sentimos interiormente, al percibir que no faltan los momentos que nos sentimos ‘conejillos de Indias’, cuando no meros ‘chivos expiatorios’ sometidos a todo tipo de experimentos, idas y vueltas, por uno y mil laberintos donde no solo nos extraviamos nosotros sino también nuestros abogados, los magistrados, los fiscales, las víctimas, cuando las soluciones parecen no llegar nunca y el escepticismo y las dudas ocupan el lugar que deben ocupar la confianza y las certezas. Pese a todos estos enormes inconvenientes hemos seguido adelante y lo seguiremos haciendo porque algo muy poderoso, un fuego sagrado, nos anima desde lo más íntimo de nosotros mismos: la convicción que éste es el camino, no solo nuestro camino, el que nos corresponde, sino también el camino que estamos abriendo para miles y miles de combatientes que aguardan en el monte su oportunidad de abandonar las armas.

Las mujeres y los hombres que hoy persisten en su lucha armada sin distingo a que orilla ideológica pertenecen, se miran en el ejemplo que estamos dando para tomar la decisión que los reconcilie con sus compatriotas, con la sociedad. Este impulso interior ha sido la fuerza decisiva que nos mantiene de pie, firmes en nuestros propósitos de culminar exitosamente los procesos, aunque inseguros jurídicamente, naturalmente preocupados por las incertidumbres, privados de los medios y las condiciones que harían más eficaz nuestra labor frente a la Justicia, pero al mismo tiempo confiados, persistentes y dispuestos a perseverar en el recorrido que la Justicia Transicional está diseñando, proponiendo y consolidando para que Paz y Reconciliación, Verdad y Reparación, Justicia y Perdón no sigan siendo solo utopías, palabras echadas al viento, sino realidades de a puño, verdaderas conquistas sociales y verdaderos derechos humanos.

Es con este espíritu y esta determinación que nos disponemos a participar de la reflexión académica agradeciendo al Honorable Senador Presidente de la Comisión de Paz, Dr. Roy Barreras y su equipo, a la Sra. Fiscal General de la Nación, Dra. Viviane Morales y su equipo, a la Procuraduría Judicial en Justicia y Paz, y en general a todos aquellos hombres y mujeres con vocación de Paz que han asumido el compromiso de impulsar las reformas legales, incluso constitucionales, que hagan posible a Colombia pasar del estado de guerra al estado de Paz, del infausto mundo de víctimas y victimarios, a la plácida y próspera Colombia por la cual todo esfuerzo es poco, todo sacrificio es bienvenido.

Si por un lado se trata de remover los obstáculos que han hecho de la ley 975, de Justicia y Paz, un terreno fangoso y por momentos intransitable, exasperantemente lento, también habrá que resolver los problemas ocasionados por las extradiciones cuya inconveniencia ha resultado manifiesta y es visualizada –incluso por el reciente Diagnóstico de la MAPP-OEA- como un gran impedimento a la Verdad y el correcto flujo de funcionamiento del Proceso y la Reparación, no solo por la distancia y la inaccesibilidad, sino también por la jerarquía que ocuparon en la extinta organización AUC la mayor parte de los extraditados por el anterior Gobierno.


El actual Ministro de Justicia Dr. Juan Carlos Esguerra también se ha referido al error que significaron aquellas extradiciones y a las gestiones diplomáticas que serán necesarias de realizar para acordar con los Estados Unidos la repatriación correspondiente a los efectos de no seguir obstaculizando los procesos de Justicia y Paz, y cumplirle no solo a las víctimas sino también al País y a los mismos desmovilizados, protagonistas de un Proceso de Paz cuyos efectos benéficos para Colombia ya nadie sustancialmente cuestiona a estas alturas aunque se exija y con razón menos riesgos de impunidad, más agilidad y celeridad, más certeza en cuanto a plazos y tiempos de reclusión.

No nos extenderemos en esta introducción sobre los múltiples y variados inconvenientes que sigue padeciendo el proceso de Justicia y Paz y a cuya adecuada solución procuran por distintos medios las iniciativas que hoy serán base de las reflexiones. Solamente queremos hacer en esta intervención inicial una mención sobre la ‘muerte política’ y su eventual ‘resurrección para la democracia’ en la construcción del Nuevo Marco Legal para la Paz.  
El propósito manifestado por algunos medios periodísticos y políticos sobre la necesidad que para todos los actores ilegales del conflicto armado interno haya el ofrecimiento de una solución, pero no para todos la misma solución, nos introduce en una problemática ciertamente apasionante pero cuya complejidad, alcances y consecuencias nadie ignora. Nuestra mirada sobre esto parte de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, y de la necesaria igualdad que debe existir entre la calidad y derechos de la vida civil a la que accedan los desmovilizados y participantes de los procesos de Paz.

Porque consideramos que cualquier distinción entre los derechos reconocidos a unos y a otros significará el germen de futuros desencuentros y pujas que estamos a tiempo de prever, limitar y superar. Cabe minimizar y si es posible eliminar cualquier posible diferenciación constitucional en el ejercicio de los derechos ciudadanos en virtud a la ideología o la práctica del ex combatiente, o el bando al cual perteneció, discriminación que resultaría no solo antipática e inequitativa, sino ajena a la interpretación de los hechos acaecidos en el marco de un conflicto armado interno tan ‘sui generis’ y prolongado como el colombiano, donde no solo generaciones de padres e hijos se han ido sucediendo en la guerra sino que no han sido pocos quienes han participado del conflicto ocupando diferentes posiciones en diferentes actores, habiendo pasado de uno a otro, incluso entre ilegales y fuerzas del Estado.
En todo caso nuestra posición al respecto de los derechos políticos es clara y contundente: iguales derechos para ex guerrilleros y ex autodefensas, iguales derechos en el ejercicio de la democracia para unos y para otros.
Iguales derechos para el voto e iguales derechos a elegir y ser elegidos.

Al hacer énfasis sobre este aspecto lo hacemos por dos razones principales: uno, que la cuestión de los derechos políticos fue tratada y acordada en la Mesa de Negociaciones establecida con todas las formalidades del caso y de acuerdo a los procedimientos dispuestos por el Gobierno anterior en representación del Estado; y dos, porque los derechos políticos son un componente inseparable de los derechos humanos, los cuales aspiramos como ciudadanos, no ya como ex integrantes de una organización armada ilegal, sino como simples y sencillos ciudadanos, a recuperar en su plenitud y sin limitaciones, una vez se hayan satisfecho todas las condiciones que estipula la ley 975 de Justicia y Paz.

Dicho esto solo al efecto de poner a consideración uno de los tantos asuntos que hacen tan complejo hallar una salida jurídica que resulte justa y en correspondencia con los hechos.

La tarea que nos aguarda es titánica, el de hoy es apenas un punto de partida, el inicio de un trayecto que no solo será extenso en el espacio y en el tiempo sino que habrá de confluir con otros tantos senderos ya iniciados o prontos a ser inaugurados, con apertura mental y sin sectarismos, porque en cuestiones tan complejas los caminos no acostumbran ser lineales sino que requieren de una red de iniciativas que se entretejan y propongan sumar y multiplicar los esfuerzos, nunca dividirlos y enfrentarlos. Sin embargo, las pasiones políticas y los intereses en juego, son dificultades a superar y armonizar para que finalmente haya equidad y simetría, verdadera justicia y verdadera igualdad en los derechos y las obligaciones.
 
Si de Legislar para la Paz se trata, todos nosotros, desmovilizados, alzamos la mano y extendemos nuestro corazón para que venturosas y promisorias jornadas como las de hoy se multipliquen a lo largo y lo ancho de la Patria.

Allí donde seamos convocados para la Paz y la Reconciliación allí estaremos.

Colombianas y Colombianos cuenten con nosotros, no venimos a pedir privilegios, ni que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer.

Pedimos igualdad de derechos para todos, ofrecemos cuerpo, alma y corazón al servicio del País que nos queremos merecer y en el cual anhelamos vivir y trabajar en Paz.


DIOS BENDIGA A COLOMBIA.


Miembros Representantes, Desmovilizados y Postulados a la Ley de Justicia y Paz de la:


Cárcel la Picota de Bogotá.
Cárcel Modelo de Barranquilla.
Cárcel las Mercedes de Montería.
Centro de Reclusión Especial para la Justicia y la Paz del Espinal.
Cárcel de Palmira (Valle).


Bogotá, Noviembre 3 de 2011.

jueves

Carta a la Opinión Pública de los Miembros Representantes, Desmovilizados y Postulados a la Ley de Justicia y Paz de las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia


CARTA A LA OPINION PÚBLICA

EN LAS CERCANÍAS DE UNA NUEVA JORNADA ELECTORAL LIBRE Y DEMOCRÁTICA, LOS DESMOVILIZADOS DE COLOMBIA ACOGIDOS A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ Y SOMETIDOS DE MANERA VOLUNTARIA A LA JUSTICIA, RENOVAMOS NUESTRO FIRME CUMPLIMIENTO CON LOS COMPROMISOS QUE EN MATERIA POLÍTICA CONTRAJIMOS CON EL PAÍS.

Por espacio de varios años, hasta el 2006, la dirigencia de la desmovilizada organización de Autodefensas Campesinas, había dispuesto en el marco del conflicto armado colombiano la intervención directa en los procesos electorales, con el fin de construir y consolidar estructuras de poder local y regional, mediante las cuales se allanaran caminos para lograr una genuina representación de la organización en el seno del Congreso de la República. Las todavía inconclusas investigaciones de las autoridades judiciales dan cuenta hoy, de la verdadera dimensión que alcanzó el fenómeno intervencionista de la organización ilegal en la política del país.
Este singular episodio de la historia colombiana y del conflicto armado, hoy ha doblado definitivamente la página y quedará cancelado por siempre. Nadie, desde el Estado y por fuera del mismo, podrá afirmar con sustento en pruebas fidedignas que la dirigencia de la extinta organización armada, desde las cárceles ha quebrantado la palabra de respetar el libre curso de la iniciativa democrática en las próximas elecciones del 30 de octubre en Colombia. Nuestro celo en la observancia de los compromisos adquiridos con la Justicia, la sociedad y las víctimas, es insoslayable e irrenunciable.
Exhortamos a los colombianos para que masivamente concurran a las urnas, a decidir autónomamente la suerte futura de sus municipios y regiones, sin cortapisas o presiones de ninguna índole. La Colombia de hoy, en medio de múltiples problemas y dificultades, es, sin embargo, un país diferente al de apenas hace algo más de un lustro, cuando las comunidades estaban sometidas al fuerte influjo e intervención de múltiples actores armados ilegales, entre ellos las autodefensas. Aunque muchos problemas, especialmente de índole social y económica, subsisten y golpean con mayor intensidad a cierto sector de colombianos,  es evidente que el país respira un ambiente de mayor libertad democrática, ambiente que los electores deben aprovechar al máximo.

En punto de lo anterior convocamos a los ciudadanos de Colombia para que voten libremente por sus candidatos a las distintas dignidades públicas, incluso, denunciando ante las autoridades a quienes mediante coerciones o constricciones pretenden violentar su libre derecho. En este sentido hacemos un vehemente llamado a los miembros de las guerrillas y de los denominadas “bandas criminales”, para que en un gesto de solidaridad y respeto por las instituciones democráticas del país, se abstengan de interferir el proceso electoral del 30 de octubre próximo, permitiendo que Colombia vote libre y en Paz.

¡VIVA LA DEMOCRACIA Y LA PAZ!

Miembros Representantes, Desmovilizados y Postulados a la Ley de Justicia y Paz de la:

Cárcel La Picota de Bogotá.
Cárcel de Itagüí.
Cárcel Modelo de Barranquilla.
Cárcel Las Mercedes de Montería.
Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Cárcel Modelo de Cúcuta.
Centro de Reclusión Especial para Justicia y Paz del Espinal.


Colombia, Octubre 26 de 2011.

lunes

Carta Abierta - El Derecho a la Paz, la Justicia Transicional y los Derechos Políticos

Colombia, Octubre 3 de 2011





CARTA ABIERTA


El Derecho a la Paz, la Justicia Transicional y los Derechos Políticos




Los firmantes de esta Carta Abierta, Miembros Representantes de grupos armados organizados de Autodefensas al margen de la ley, desmovilizados en el marco de un proceso político de Paz con el Gobierno Nacional, en nombre y representación de los Postulados a la Ley 975 de 2005, adherimos a las intenciones expresadas en el Proyecto de Acto Legislativo radicado el 12 de septiembre pasado en el Congreso de la República.


Auguramos que en el tránsito por las distintas instancias en el Congreso y con el acompañamiento y aporte de la sociedad entera se configure finalmente –tras el amplio y necesario debate- el nuevo marco legal que permita que de la Justicia Transicional broten sus mejores frutos y se derramen generosamente sus efectos benéficos sobre todo el cuerpo social, particularmente sobre el que más ha sido violentado por décadas de conflicto armado.


Quienes alguna vez asumimos la guerra, no como un ideal de vida sino como una respuesta instintiva en medio del caos para salvar nuestras vidas, las de nuestras familias y proteger las regiones donde vivíamos lo hicimos inducidos por situaciones extremas productos de un medio convulsionado y plagado de errores y confusión general hasta que finalmente entendimos en nuestras conciencias que ese no era el camino y por eso nos desmovilizamos en el marco de un proceso de Paz, comprometiendo nuestro esfuerzo, de una forma decidida, alrededor de los cánones universales de justicia transicional, que ordena la no impunidad, el conocimiento de la verdad, la reparación a las víctimas del conflicto y las garantías de no repetición.


Estamos convencidos que ahora tras nuestra desmovilización podemos ser útiles a la Nación y demostrar con apego a la Ley que los Derechos Civiles y Políticos, no tienen distingo de razas, discursos o pensamientos ideológicos.


Por haber participado y cumplido en los procesos de Paz, adquirimos la experiencia y el aprendizaje para poder resaltar no sólo los errores cometidos sino también los aciertos, del proceso de negociación con el gobierno nacional, y transmitir las experiencias negativas para que no se repitan, las que han dejado un sinsabor y desconfianza sobre el proceso, no sólo por nuestra parte, si no que ha sido igualmente visto con desconfianza por las víctimas, por la sociedad civil, por la comunidad internacional, y por los actores armados que aún persisten en la guerra.


Es por ello que entendemos quizás como nadie que la confianza en la Palabra del Estado y también en la de quienes decidan desmovilizarse debe ser restablecida cuanto antes desde el marco constitucional y legal, la seguridad jurídica y la decisión política al más alto nivel de los poderes públicos para atraer hacia la Paz y la Reconciliación a quienes persisten en el campo de la guerra.


Son estas razones por las cuales no podemos dejar pasar desapercibido el proyecto de acto legislativo "por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución política de Colombia y se modifica el artículo 122 constitucional, con el fin de darle coherencia a los diferentes instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la constitución política". Destacamos allí aspectos fundamentales, cuales son el interés de desarrollar la voluntad de búsqueda de la Paz como mayor bien de nuestra sociedad así como el propósito de otorgarle a la justicia transicional un rango constitucional.


Sobre esta misma línea de pensamiento sostenemos que también debe dársele rango constitucional a una verdadera política nacional de Paz que conduzca al desarrollo de un auténtico proceso de reconciliación, que incluya a todos quienes han sido actores de este conflicto, encaminándolos hacia el logro de la Paz.


El conflicto social, político y armado conlleva causas arraigadas en elementos sociológicos, económicos, políticos, territoriales, que deben solucionarse o hallar principio de solución para poder comenzar a construir la Paz. Ante este cúmulo de intereses en pugna y actores participantes del conflicto es realista y conducente a las soluciones pacíficas que en el Proyecto de Acto Legislativo se le quiera dar la posibilidad de tener capacidad de participación política a quienes se hubieran desmovilizado en virtud de procesos de Paz, situación que de no propiciarse constituiría una negación no sólo de un derecho humano fundamental, como el derecho a la participación política sino en una clara exclusión social, haciendo imposible la participación política, de las personas que han expresado su voluntad de Paz, han desistido definitivamente de la guerra como opción política, y han abrazado la democracia, cumpliendo plenamente con las exigencias de la convivencia en sociedad.



Hacemos una invitación a la sociedad, a la comunidad internacional, al Congreso Nacional en su más noble función cuál es la de Poder Constituyente, para que se le dé el alcance que realmente requiere este novísimo acto de reforma constitucional, en la medida en que sea el motor fundamental de la desactivación definitiva del conflicto armado en Colombia, e inicio de la transformación de nuestra sociedad en lo que realmente debe ser: una sociedad en Paz.


Cuente la democracia de Colombia, sus ciudadanos y sus autoridades, con nuestro compromiso firme y nuestra determinación intacta de honrar las obligaciones adquiridas como postulados ante Justicia y Paz, y también con nuestro aporte y colaboración desde las experiencias vividas y los conocimientos adquiridos a la construcción del marco legal que la Paz de Colombia exige y los hombres y mujeres de Colombia merecen tras décadas de violencia y agravios a sus derechos humanos y sociales.





DIOS BENDIGA A COLOMBIA.




MIEMBROS REPRESENTANTES Y POSTULADOS A LA LEY 975 DE 2005 RECLUIDOS EN LOS PABELLONES DE JUSTICIA Y PAZ DE:





Cárcel la Picota de Bogotá.
Cárcel de Itagüí.
Cárcel Modelo de Barranquilla.
Cárcel las Mercedes de Montería.
Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Cárcel Modelo de Cúcuta.
Centro de Reclusión Especial para la Justicia y la Paz del Espinal.

Petición pública de perdón presentada por Fredy Rendón en la Sala de Justicia y Paz

Sra. Magistrada, señores Representantes de las Víctimas, señor Procurador, señor Fiscal;

Pido perdón:

Créanme que he pensado mucho sobre esto y esperado largamente este momento. Desde que asumí la decisión de participar en el proceso de paz con las autodefensas que adelantó el gobierno nacional, y posteriormente al retirarme de éste y asumir un proceso de paz independiente para el bloque Elmer Cárdenas de autodefensas campesinas que dirigí durante varios años, siempre pensé en el momento en que debería dirigirme a todas aquellas personas que fueron víctimas del bloque que lideré, dando la cara ante la justicia y ante ellas, y pedir perdón por todas estas situaciones que las llevaron a ser afectados, tanto en su vida, la salud, física y psicológica, su entorno social y en sus patrimonios, por los hechos cometidos en su contra.

Me ha inquietado fundamentalmente el tema del perdón. He leído al respecto, y me he encontrado con muchos libros al sobre el este aspecto de la humanidad; unos dicen que es necesario pedir perdón, por parte del agresor o el victimario, pero también que es importante conceder el perdón, por parte de las víctimas y afectados. Otros por el contrario, dicen que es necesario pedir perdón, pero que el perdón es un acto liberal y autónomo de las víctimas, que se puede conceder o no, a su voluntad, que se otorga solo al agresor a quien a quien la víctima cree que se le merece y que se lo ha ganado. Todo lo anterior me parece muy válido y respetable, pero creo firmemente que el perdón es un acto voluntario de la víctima, y además que es necesario por parte del ofensor pedirlo y sobre todo, ganárselo.

Durante todo el proceso de Justicia y Paz he tratado de exponer, contando la verdad, todo el actuar del bloque en las regiones donde tuvimos influencia, armada, social y política. Pero nunca he tratado de justificar nuestro actuar, distinto a las razones, desafortunadas todas, que nos movieron a tantos colombianos a empuñar las armas.

Hoy pido perdón, por todo aquello que realicé, por todo aquello que realizaron los hombres y mujeres a quienes dirigí en la guerra, y le pido perdón a todos aquellas personas, hombres y mujeres, niños y niñas, ancianos, innumerables, que fueron afectadas y victimizadas por las acciones del bloque Elmer Cárdenas de autodefensas campesinas, ya desmovilizado y extinguido, gracias a Dios.

Nada puedo decir en mi favor o en el de los hombres o mujeres que me acompañaron en este destino, distinto a que nos movió un patriotismo equivocado, que hoy entendemos como un gran error, y que nuestro amor por la región y nuestro ánimo de defendernos de una agresión real, nos llevó por el camino errado, por el camino de la violencia, por el camino de la destrucción de aquello que realmente queríamos defender.

Durante toda la existencia de la organización ilegal, cometimos una gran cantidad de ofensas en contra de la sociedad e incluso de la humanidad, y entre ellas, debo reconocer con mayor vergüenza propia como ser humano y como ex comandante que el hecho multiplicado de reclutamiento de menores fue cometido por nosotros los que fuimos dirigentes del desmovilizado bloque Elmer Cárdenas, y no es posible desde ningún punto de vista justificar, ni siquiera explicar la razón de dicha conducta y por lo tanto debo y debemos pedir perdón con mayor insistencia a todos aquellas víctimas que fueron incorporados a nuestras filas siendo menores de edad y por tanto sujetos a vivir una realidad que le es velada por humanidad a los niños.
Con profundo respeto por la justicia, con profundo respeto por las víctimas, asumí en compañía de quienes fueron los comandantes del grupo que dirigí en la guerra, el proceso de búsqueda y de encuentro de la verdad. Concurrimos ante la fiscalía y el tribunal de Justicia y Paz, todos en forma voluntaria y unánime a contar la verdad, a buscar reconstruir de cara a la justicia y a las víctimas todo nuestro actuar en la guerra, a lograr encontrar la forma de encontrar a través de ella, de la verdad, el aporte fundamental que le permitiera a la sociedad y a las víctimas concedernos la oportunidad de acceder a lo establecido por la ley de Justicia y Paz.

Ha sido nuestra humilde forma de acercarnos un poco a las víctimas, pidiendo y buscando su perdón, que de antemano sabemos que no vamos a lograr, toda vez que es imposible, por mayor esfuerzo que hagamos y toda la voluntad de que en ello queremos poner, disminuir su sufrimiento, atenuar su dolor, devolver una sola de las vidas que quitamos en este trasegar de guerra, ni reparar integralmente los daños que con ello hicimos.

El proceso de Justicia y Paz, de quienes integramos el bloque Elmer Cárdenas de autodefensas campesinas no ha sido visto por nosotros de otra forma distinta a un proceso de reconciliación, con las víctimas, con la región, con el país y con la humanidad. Así lo hemos querido llevar, para reconciliarnos, para poder algún día volver a nuestras regiones y poder trabajar hombro a hombro con aquellas personas a quienes ofendimos un día, pero que esperamos nos aceptarán nuevamente en la sociedad, transformados en seres humanos útiles y maduros para la paz.

Un libro llamado “los límites del perdón” de Simón Wiesenthal, conocido en la historia como el implacable cazador de nazis, criminales de guerra de la Segunda Guerra Mundial, me ha llamado la atención. Hace un relato el autor, sobre un hecho en el cual fue llamado por un nazi que había sido su victimario y el asesino de muchos de sus compañeros en el campo de concentración donde fue retenido durante varios años, que en su lecho de moribundo lo emplazó a él para qué le otorgara el perdón por todos los hechos a través de los cuales había victimizado a los judíos prisioneros bajo su control. Wiesenthal, no lo perdonó, y el libro narra todo el ejercicio mental que hizo para resolver la petición del moribundo, sin otorgar su perdón. Pero más importante aún, es que al final del relato convoca a una serie de personas, en su gran mayoría víctimas de persecuciones, a lo largo y ancho del mundo y les hace la pregunta: en este caso, ¿usted qué haría?

Excepto dos o tres personas que dudan acerca de otorgar el perdón, la gran mayoría de los consultados responde que no perdonarían, y muchos expresan términos muy duros, que a uno, desde la posición en que me encuentro hoy frente a ustedes resulta muy duro y doloroso leer esos comentarios.

En tal medida entonces pido perdón, en mi nombre y en nombre de todas las personas a quienes dirigí. Finalmente, como corolario de todo lo anterior quiero traer unas reflexiones del doctor Héctor Abad Gómez, recogidas en mis lecturas pero que considero pertinente plantear las a efecto de dar a entender el real alcance de mis palabras.

"¿Tendrá salida este país? La violencia, el crimen, el desorden, la pobreza. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Será mejor dejar todas esas preocupaciones y dedicarnos a nosotros mismos? Pero todo esto, ¿no nos arrasará a todos, finalmente?………… Si los principales recursos del país: humanos, materiales, financieros, económicos, espirituales, se vuelcan todos favorecer a esos millones de colombianos, a ese 25% de compatriotas que según nuestro actual Presidente (en 1987) viven en la pobreza absoluta, si empezáramos siquiera tener algún éxito en esta dura lucha, mejores días están por venir. Si todas las llamadas "fuerzas vivas de la nación": el gobierno, la industria, los gremios, la Iglesia, los sindicatos, las universidades, los intelectuales, los periodistas, contribuimos en todas las formas a que sea posible para ese gran propósito nacional, no habrá duda que alcanzaremos éxito. Y esta será la única forma que no tengamos que seguir lamentando la violencia que nos abruma, que nos angustia, que nos hace a veces desesperar de lo que puede hacerse aquí y ahora. Porque no es matando guerrilleros, o policías, o soldados, como parecen creer algunos, como vamos a salvar a Colombia. Es matando el hambre, la pobreza, la ignorancia, el fanatismo político o ideológico, como puede mejorarse este país."

Esto lo escribía el doctor Héctor Abad Gómez, días antes de ser asesinado por paramilitares de la primera generación de una gesta bárbara, de la cual nosotros fuimos parte de la segunda o la tercera generación y ruego a Dios que la última.

Por todas, por mis incontables equivocaciones, y por todas las incontables equivocaciones cometidas durante la guerra por las personas a quienes dirigí, pido perdón a las incontables personas a quienes ofendí, y a toda la humanidad, con la humilde esperanza de que algunas de ellas me otorguen su perdón de corazón, pero que todas ellas nos acompañen en la reconciliación nacional y en la construcción de la paz.

De nuevo, con mi mayor respeto,

FREDY RENDON HERRERA

domingo

No hay misión más bella, ni corazón más feliz, que cuando se trabaja por la Paz

EDITORIAL

Colombia, Septiembre de 2011



Los Desmovilizados de Colombia acompañamos fervorosamente la Semana por la Paz 2011, que se realiza del 4 al 11 de septiembre, por iniciativa del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica, con la participación de ONG’S y diversas expresiones de la sociedad civil, la cultura y las comunidades religiosas. Compartimos enteramente el objetivo de comprometer a los colombianos en la construcción de la paz, "adquiriendo un compromiso individual y colectivo que respalde las acciones de reparación integral a las víctimas" de la guerra. Esta iniciativa se realiza todos los años desde 1994 para hacer visibles los procesos y esfuerzos de miles de personas que trabajan por el logro de la paz y por la construcción de iniciativas para dignificar la vida.

Los presentes son tiempos difíciles y dolorosos cuando el antiguo conflicto armado se extiende y ramifica, perdura y se degrada por la acción de múltiples actores e intrincados intereses cuyos tentáculos asfixian y atenazan el normal desarrollo de la democracia y los esfuerzos de la sociedad y los gobiernos nacional y departamentales por afianzar condiciones de trabajo y prosperidad, dignidad humana y justicia social.

Los sueños de Paz de las grandes mayorías nacionales chocan contra realidades sumamente complejas y enemigos poderosos que pugnan por imponer sus conveniencias y egoísmos a costa de los sufrimientos y las angustias de millones de compatriotas cuyas voces no son atendidas y sus necesidades son ignoradas por los brutales sistemas de opresión que imponen la guerra y el terror como métodos de coacción y sumisión, atentando contra las libertades individuales y el progreso social.

No será nada sencillo para Colombia salir del círculo fatídico y vicioso de la guerra y su financiación, la retórica propagandística y farisea, su secuela de víctimas y desprecio por la vida, el daño grave al ambiente y la naturaleza, sus cadenas de venganza y retaliaciones, saqueo de las arcas públicas generadas bajo las cortinas de humo y la confusión ética y moral que crecen como mala hierba en la sociedad y la política al amparo del ‘todo vale’ promovido por la desorientación del alma colectiva y la pérdida de valores tras décadas de violencia, corrupción e impunidad.

Por grandes que sean los obstáculos que se interponen la necesidad de construir la Paz sigue siendo prioridad y amerita todo nuestro esfuerzo y compromiso como desafío grandioso e ineludible, como meta donde hemos de hacer confluir lo mejor de Colombia y de su gente, sumando y multiplicando los corazones y las voluntades en pos de hacer realidad aquello que se ha venido postergando, década tras década, y sigue constituyendo la misión por excelencia, la misión de las misiones encomendada por el destino a las actuales generaciones de colombianas y colombianos.

Que la Paz de Colombia tiene enemigos lo sabemos, pero al fin de cuentas constituyen una minoría, poderosa e inescrupulosa pero minoría al fin. Son en cambio las grandes mayorías, deseosas de Paz, las que requieren de argumentos y sentimientos, razones y acompañamiento, prédica y organización, para deshacer los nudos de indiferencia, los desiertos de incomprensión y los inmovilismos que nacen del escepticismo y la desconfianza, y así acometer la gesta heroica y valiente de remover todo aquello que se interpone entre el presente de guerra y el futuro de Paz.

El gobierno del presidente Santos ha insinuado cada vez con mayor elocuencia que está decidido a emprender iniciativas audaces que permitan dar pasos en dirección de la Paz. Los máximos referentes de las guerrillas y también otros actores armados ilegales han hecho saber o han dejado trascender a los medios y a la Iglesia que están dispuestos a dar el paso que permita iniciar acercamientos con los representantes del Estado. Son apenas los primeros tanteos, sobre condiciones y aproximaciones, sus características incipientes y sus posibles desarrollos, nada en firme, nada sólido aún, pero que ha sido suficiente para despertar expectativas y crear al menos un ambiente de discreto y muy cauto optimismo.

Pero, así como somos mayoritarios en Colombia –afortunadamente- quienes sostenemos que los diálogos de Paz, serios y dirigidos al fondo de la cuestión, son necesarios, bienvenidos y reclaman merecidamente su espacio en la agenda nacional, no faltan aquellos que desde tribunas de opinión y fortines políticos se empeñan en desacreditar de raíz cualquier intento que se hace, o se vislumbre como posible en el horizonte, de acercar a las partes del conflicto armado en pos de arribar a una solución política que ponga fin a los enfrentamientos. Unos porque no creen en la voluntad de Paz de los alzados en armas e ilegales, otros porque no quieren asumir el costo político o económico de la Paz; tampoco faltan quienes solo razonan en términos de victoria militar o rendición incondicional del enemigo, así como hay quienes siguen aferrados a que o es Revolución o no es nada. Hay de todo en la viña del Señor y son estas peleas casadas y estos sectarismos arraigados los que dificultan que se abra camino un proceso de Paz, no lo impiden pero son contradicciones fuertes en el seno de la sociedad que habrá que superar con prudencia y persistencia, paciencia y elocuencia, para que desde el Estado y sus contrapartes rebeldes y sediciosas, se alienten aquellas voluntades que están dispuestas a dar el paso de la guerra a la Paz pero necesitan señales fuertes que cohesionen sus frentes internos, deliberantes y dubitativos, sobre la madurez en la sociedad para ponerle el hombro a conversaciones y acuerdos que no serán fáciles de alcanzar.

Se han conocido fragmentariamente apartes de iniciativas como la de la Comisión de Paz del Senado, liderada por el congresista Roy Barreras, y a estas horas en poder de la Presidencia de la Nación para su análisis, donde se cimentan las bases de un proyecto legislativo para un Nuevo Marco de Justicia Transicional. Se contemplaría allí, entre otras cosas, un Plebiscito o Constituyente, que permita conocer hasta dónde el pueblo está dispuesto a llegar y conceder para lograr la Paz de Colombia, su acuerdo con una amnistía condicionada, con recupero de derechos políticos, y en general todo aquello que haga compatible la Legislación internacional aceptada por Colombia con el ordenamiento legal interno, y esto en sintonía con la propia Constitución y la eventualidad y pertinencia de su adecuación a la consecución y afianzamiento de la Paz.

Quienes nos hemos desmovilizado en los años recientes en condiciones de precaria seguridad jurídica y tras procesos de enorme fragilidad política, incomprensión social y estigmatización mediática donde primaron el voluntarismo y la improvisación por parte de las autoridades – cuando no la lisa y llana mala fe- no podemos esta vez sino reclamar y esperar del aparato estatal y del Gobierno una actuación acorde con la magnitud y trascendencia de lo que está en juego, que es nada menos que la posibilidad de concretar la Paz de Colombia y garantizar la No Repetición de los ciclos de violencia y victimización.

Pertenecen al acumulado político de la Nación y la memoria colectiva de los colombianos los errores del pasado en cuestiones de procesos de Paz. Hemos hecho nuestra autocrítica y sobrada crítica existe sobre lo acontecido en los últimos treinta años en esta materia. Pero las críticas, ponderadas y rigurosas, no pueden llegar al punto de invalidar de antemano los procesos de Paz que aparecen en el horizonte del corto plazo como posibilidades latentes sobre las cuales no son admisibles ni las demoras injustificadas ni las condenas tajantes e inapelables, que por miedo al fracaso pretenden abortar el nacimiento de cualquier germen de diálogos de Paz.

Que vayan y le pregunten a Cano y su grupo, a Gabino y su grupo, si están dispuestos a abandonar las armas y venirse para las cárceles de Colombia, de Estados Unidos y tal vez de otros países a pagar o purgar penas, a desmovilizarse pero también renunciar a defender sus ideales desde los escenarios y tribunas públicas con plenos derechos y garantías, así como hallar ocupación laboral e inserción en el aparato productivo legal de la Nación.

Finalmente, y sin dejar de exigir, impulsar y concretar la debida Reparación de todas las víctimas así como exigir de todas las partes la No Repetición de actos de violencia, no podemos sino enfatizar los Desmovilizados de Colombia sobre la segunda oportunidad en esta vida que debemos estar dispuestos a conceder y garantizar a quienes vayan a entregar las armas anhelando Reconciliarse con la sociedad entera y bajo el amparo del Estado y la Constitución.

En un conflicto armado que se ha extendido ya más de cinco décadas somos muchos, muchísimos, quienes hemos sido sucesivamente, alternadamente, en algún momento por acción u omisión, ora víctimas ora victimarios, con mayor o menor responsabilidad, indiferentes o solidarios, tolerantes o intolerantes, para no reconocer ahora que todos hemos fallado, en mayor o menor medida, y que ante este lamentable estado de guerra, este tristísimo estado de cosas, todos estamos obligados en conciencia a aportar nuestro granito de arena para hacer posible la construcción de la Paz de Colombia.

Se avecinan horas de definiciones, horas donde estarán sobre la Mesa los elementos constitutivos del Gran Acuerdo Nacional, los componentes y los actores de la Hoja de Ruta que ha de llevarnos desde las orillas de la guerra a las orillas de la Paz. No se trata solo del diálogo y los acuerdos entre las partes de la guerra, también se trata del diálogo y el consenso entre los poderes de la democracia, entre los actores políticos, y en el seno mismo de la sociedad civil y las ciudadanas y ciudadanos todos.

No será sencillo, lo sabemos, pero los Desmovilizados de Colombia pondremos de nuestra parte todo para que resulte. Desmovilizarnos no ha significado desentendernos: quienes dimos el primer paso no lo hicimos solo por nosotros mismos, también lo hicimos para abrirles el camino a todos quienes permanecen en el monte… y ese camino lo seguiremos abriendo, insistiendo a derecha e izquierda, poniéndole el pecho a la brisa porque no hay misión más bella, ni corazón más feliz, que cuando se trabaja por la Paz.


Comité Editorial

sábado

Carta dirigida al Dr Miguel Samper Strouss


Bogotá D.C, Septiembre 16 de 2011
 
Doctor
MIGUEL SAMPER STROUSS
Director de Justicia Transicional Min-Interior
Ciudad.
   
Respetado Doctor.


Los Miembros Representantes y Comité de Presos Políticos de las Autodefensas Desmovilizadas recluidos en el Pabellón de Justicia y Paz de la penitenciaria la Picota de Bogotá, en nombre de los postulados a la Ley 975 de 2005 que representamos, presentamos un respetuoso saludo convencidos que su gestión como Director de Justicia Transicional del Gobierno Nacional, ayudara a consolidar la Paz, la Reconciliación y la Reinserción, anhelo común del pueblo Colombiano y del Gobierno que usted representa.

Distinguido Dr. Samper, hemos recibido con satisfacción las iniciativas y propuestas de diferentes sectores de la dirigencia Nacional, de acompañar y adelantar el proyecto de Ley bandera de este Gobierno, de la creación de un “Nuevo Marco para la Paz” proyecto este que subsanaría las falencias y vacios jurídicos que presenta la Ley de Justicia y Paz y dejaría abiertas las puertas para futuros procesos de Paz.

En este mismo sentido y con la preocupación que nos asiste como destinatarios de la mencionada Ley, queremos dejarle planteado algunas consideraciones jurídico procesales y políticas, a raíz de unas solicitudes por parte del INPEC de querer trasladar postulados a la Ley 975 de 2005 a cárceles y pabellones de Alta y Máxima Seguridad, caso concreto la solicitud que elevo este Instituto a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en oficio # 7100 del 19 de Agosto de 2011, solicitando trasladar al Sr. JHON FREDY GALLO BEDOYA postulado a la Ley y Miembro Representante del
extinto Frente Celestino Mantilla de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio hoy desmovilizadas, solicitud que fue conocida por los firmantes en decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal con el radicado: (Definición No. 37.253, procesado Ramón María Isaza Arango y Otros, de Agosto 31 de 2011).

DEL SUSTENTO JURÍDICO DEL SISTEMA DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y DEL RÉGIMEN CARCELARIO


El tema de la Paz desde el punto de vista de la normatividad ha sido una constante, sólo que la equivocación en su desarrollo ha sido la frustración, pues el camino es un acto legislativo y después si, su desarrollo legal. Destacamos el interés político por la reconciliación, el interés de los Gobiernos anteriores y el actual en llegar a “una solución política negociada del conflicto” solo que el camino, es crear primero el marco que se va aplicar a los actores del conflicto, llámense particulares y/o agentes del Estado.

Este es el resumen normativo de ese caminar en búsqueda de la Paz.

Ley 418 del 26 de diciembre de 1997.

Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.

Artículo 8º. En concordancia con el Consejo Nacional de Paz, los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:

a). Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político;

b).   Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de las Organizaciones Armadas al Margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político, dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de éstas organizaciones y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.


Esta base fundamental por la Paz, ha sido prorrogada y modificada por otras normas que apuntaba al mismo objetivo. 

Ley 548 del 23 de diciembre de 1999.
Ley 782 del 23 de diciembre de 2002.

Como este marco no tenía la entidad legal para regular un proceso de Paz, el Gobierno anterior propuso al congreso un proyecto de ley el cual se convirtió en la ley 975 del 25 de julio de 2005, regulación más amplia que las anteriores, pero muy cerrada en su aplicación y corta en la visión, motivo por el cual en el Congreso cursa ahora “El Acto Legislativo por la Paz”, sin duda alguna, la herramienta indispensable y real para este propósito tan anhelado en Colombia.


La ley 975 del 2005, trajo importantes aportes al contexto del proceso de Paz, como son entre otros: la desmovilización, postulación, la verdad, la justicia, la reparación, la pena alternativa y desde luego la supremacía de la “Justicia Transicional, sobre la Permanente u ordinaria”.

Hoy en el año 2011, de más de 34.000 procesos en justicia y Paz, solo se han fallado 4, desde luego por el trámite, que en Colombia supera lo sustancial, en abierta disputa con el marco Constitucional en su artículo 228 que ordena… “Lo sustancial debe primar sobre lo adjetivo o procedimental.”

Las desmovilizaciones de los grupos de autodefensa empezaron en Colombia con el marco jurídico que antecedía a la ley 975 del 2005, el mismo que consagraba el carácter político al decir que “Que las normas se aplicarían a los grupos organizados al margen de la Ley, que el Gobierno les reconozca el carácter político”. Desde luego que este carácter, estuvo implícito en la negociación y posterior desmovilización, pues así fue consagrado en el artículo 71 de la SEDICIÓN, declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, pero por vicios de tramite y no de fondo, por cuanto este carácter político ya viene en las normas antes citadas.

¿Por qué hablar de todo esto?, sencillo, porque lo que consagró el legislador mientras no sea derogado se debe aplicar y las leyes 418, 548, 782 y 975, están en vigencia y como tal se deben aplicar, quiere decir lo anterior que LAS NORMAS SOBRE LA PAZ, son de carácter transicional y no del ámbito permanente u ordinario, como tal “Son diferentes y priman sobre estas últimas” pues la Paz, es un Derecho Fundamental, de rango supra legal, del bloque de Constitucionalidad, a más regulado e inserto en Tratados y Convenios, legalmente suscritos y aprobados por Colombia.

Establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia que la Justicia Transicional y la Ordinaria tienen ámbito de aplicación diferente y la primera de rango superior y especial, es pertinente traer a colación lo dicho en la PRIMERA SENTENCIA EN FIRME DE JUSTICIA Y PAZ, de los desmovilizados EDWARD COBOS TÉLLEZ Y UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA INSTANCIA
RAD.         34547. ACTA 139
FECHA.    27 DE ABRIL DE 2011
M.P.        MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMUS
Significa lo anterior, entonces, que la filosofía de este sistema (Justicia Transicional) difiere del regido por la justicia ordinaria, indispensable es citar las diferencias y ámbito de su aplicación:

Diferencias entre Justicia ordinaria y transicional. Por eso, lo tiene también establecido la jurisprudencia de esta Corporación, entre la legislación penal ordinaria y la transicional se destacan varias diferencias, que bien pueden identificarse de la siguiente manera[1]:

(i)     Con relación a sus destinatarios: porque mientras el régimen penal ordinario está dirigido a los ciudadanos del común que eventualmente pudieran ser, en el futuro, responsables de una conducta delictiva, la normatividad concebida para buscar la reconciliación y la conquista de la paz se aplica a personas que hacen parte de grupos organizados al margen de la ley, dedicados en el pasado a sembrar el terror y a quienes el Estado busca ahora atraer a la institucionalidad.

(ii)    En cuanto a la expectativa de su aplicación: por cuanto mientras el marco de la regulación ordinaria asegura garantías al justiciable, el ordenamiento previsto en la Ley 975 de 2005 le ofrece a los desmovilizados significativas ventajas punitivas, que de otra manera serían imposibles de alcanzar.

(iii)   Frente a los derechos de que son titulares cada uno de los dos procesados en las distintas legislaciones: pues mientras el de la justicia ordinaria tiene derecho a exigir que se le investigue dentro de un plazo razonable, amparado entre otros, por el derecho a la no autoincriminación, el desmovilizado somete su poder al del Estado (entregándole sus armas y cesando todo accionar violento), renunciando a la garantía constitucional contenida en el artículo 33 superior, para confesar voluntariamente sus crímenes, ofrecer toda la información suficiente para que se constate su confesión y esperar a cambio de dicha actitud las ventajosas consecuencias punitivas que consagra la ley a cuyo favor se acoge.
 
(iv)   Respecto de la actitud asumida por el sujeto pasivo de la acción: porque al paso que el procesado por la justicia y con la legislación ordinaria está enfrentado con el Estado, en términos de combativa exigencia, producto del ejercicio pleno de sus garantías procesales, el justiciable desmovilizado se encuentra sometido, doblegado voluntariamente ante el Estado en busca de la indulgencia ofrecida por la alternatividad penal prevista en la Ley.

(v)     En lo concerniente al objetivo buscado con la pena: en tanto en la legislación ordinaria el anuncio general de la sanción tiene una función preventiva, frente a la legislación de Justicia y Paz el anuncio de una pena tan benigna busca efectos seductores, si se quiere, de invitación a la reconciliación sin mayor retribución, a la otra oportunidad, al ejercicio de la alternativa por una vida alejada de la violencia, a la restauración de las heridas causadas con su accionar delincuencial, a la transición hacia una paz sostenible, posibilitando la desmovilización armada y la reinserción a la vida civil de los integrantes de aquellos grupos violentos.

(vi)   Finalmente, en lo correspondiente al sujeto protagonista del proceso penal: mientras la modernidad lo construyó para rodear de garantías y derechos al sindicado, la legislación de Justicia y Paz colocó como eje central de su accionar a la víctima, para quien hay que reconstruir la verdad de todo lo acontecido, respecto de lo cual hasta ahora sólo ha percibido el dolor de la muerte, el desplazamiento, la violencia sexual y la desesperanza producida por la soledad en la que la abandonó el Estado.
(Hasta aquí apartes Sentencia 34.547 H.C.S.J. 2ª. Instancia)

Como consecuencia del proceso de Paz, de la normatividad creada en reseña, la jurisprudencia nacional e internacional, dado el conflicto que vive Colombia, la justicia ordinaria o permanente no es la llamada a aplicarse a los “grupos organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado y sometido a la justicia transicional” y desde luego menos la ley 65 de 1993 (Régimen Penitenciario y Carcelario), pues la misma ley 975 de 2005 en su artículo 30 establece que: El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.

        En el artículo 32 de la misma obra establece que: La competencia para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de que trata la presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y la obligaciones impuestas a los condenados, radica en Los Tribunales de Justicia y Paz, designados por el Consejo Superior de la Judicatura.
Con la preceptiva normativa imperante en el artículo 30 de esta norma transicional el Gobierno Nacional a través del INPEC, expidió la Resolución 06305 del 26 de junio de 2009, creando el RÉGIMEN CARCELARIO QUE REGIRÁ A LOS DESMOVILIZADOS POSTULADOS y para el efecto, en su artículo 5º y parágrafo determinó que “El Gobierno Nacional creará los Establecimientos y Pabellones, cuyos destinatarios son los desmovilizados postulados a la ley 975 de 2005 y que estarán en fase de mediana seguridad.”

En consecuencia no es al INPEC a quien compete trasladar a un desmovilizado y postulado a un centro carcelario de máxima seguridad, pues la resolución en comento establece que son clasificados en mediana seguridad, tiene régimen legal, carcelario y jurisdiccional diferente a la justicia ordinaria, de contera el jefe quien determina o ventila la situación de ubicación es el Magistrado que adelante el proceso, por ,mandato del artículo 32 de la ley 975 de 2005 y al INPEC le corresponde es la vigilancia de los postulados, pero no opera la ley 65 de 1993, por sustracción de materia.        
 
  Sabemos que se pretende hacer traslados de postulados, con el comentario que pueden estar delinquiendo, esto es violatorio del debido proceso y la presunción de inocencia consagrados en el artículo 29 de la Carta Política y 7º del Código de Procedimiento Penal, ya que para ello existe la jurisdicción para investigar lo pertinente y no por presentación de escritos que la prensa o detractores de la Paz, puedan impetrar para derrumbar el proceso de Paz más difícil, pero real adelantado hasta el momento en Colombia.

Como desconocer un régimen legal creado por el legislador y avalado por la judicatura en sendos fallos, donde se establece que la “Justicia Transicional es diferente a la ordinaria” a más de crearse un manual penitenciario especial en la Resolución 06305 del 26 de junio de 2009.

Respetado Señor Director de Justicia Transicional, el competente para ordenar un traslado de un postulado no es el INPEC, sino el Magistrado que adelanta el proceso de este y el Gobierno debe crear de manera urgente los Establecimientos de Reclusión Especial para la Justicia y la Paz como lo ordena la Resolución antes citada, por ser la justicia transicional superior y diferente al régimen común.
El INPEC no puede por prohibición Constitucional y Legal, argumentar que va ha trasladar a un postulado de un pabellón de Justicia y Paz a una cárcel de alta seguridad, pues vulnera la Constitución, la ley, los reglamentos, la presunción de inocencia, pues la persona es declarada culpable “cuando haya sido investigado, juzgado, condenado y sin que la providencia tenga recurso alguno”, lo contrario, es acabar con el derecho de un tajo e incurrir en vías de hecho.




MIEMBROS REPRESENTANTES COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS

c.c.
-Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Ley de Justicia y Paz (Min-Interior
 – Procuraduría – Alta Consejería   para la Reintegración - Fiscalía UNJyP – INPEC)
-Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Sala de Justicia y Paz
-MAPP - OEA

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