viernes

Reconciliémonos... hacia un destino de Paz y Prosperidad

EDITORIAL

Colombia, Marzo de 2011


El conflicto armado colombiano lastima cotidianamente las fibras del sentimiento nacional, sin haber logrado todavía concitar en el país aquella masa crítica de voluntades capaces de impulsar y concretar su solución pacífica. Despierta interés y anima debates y propuestas en la comunidad internacional que se solidariza con las víctimas y condena a los victimarios, poniendo incluso en el banquillo de los acusados a los Gobiernos de turno. Su inusitada duración de medio siglo de hostilidades, la complejidad de sus causas, sus dramáticas consecuencias y los malogrados y truncos procesos del Caguán y Ralito, siguen dando de qué hablar a los hombres y mujeres de buena voluntad que quieren entender de qué se trata en definitiva esta tragedia humanitaria para la cual pareciera que no existe solución a la vista.

Desde mediados del siglo pasado hasta el presente no solo el Mundo ha cambiado mucho, tampoco Colombia es la misma. Sin embargo, amplias zonas del país yacen hace décadas bajo el dominio continuado de unos u otros grupos armados ilegales, de naturaleza guerrillera, paramilitar, autodefensas o variopintas bandas armadas principalmente dedicadas al narcotráfico, con denominaciones y retóricas diferenciadas, pero con similares consecuencias de expansión territorial, crímenes de todo tipo, muerte y desamparo, coerción social y apropiación violenta de bienes ajenos, con desprecio por la vida y la naturaleza. Comportamientos rebeldes y sediciosos, o sencillamente delincuencia organizada, con sus propios discursos de justificación y propaganda, más estridentes o menos, según las fases del conflicto y las reacciones gubernamentales de carácter nacional o regional, políticas unas veces apaciguadoras, otras represivas, no pocas veces corruptas o complacientes, y a la luz de los resultados habidos escasamente exitosas en términos de presencia estatal, desarrollo social y económico de las comunidades afectadas por la violencia.

Es en este contexto histórico y a partir del presente conflictivo y caótico que padece nuestro país que sostenemos necesario e impostergable hacer oír sin sordina ni censura nuestra voz desmovilizada y desarmada, para que nuestras semillas de Paz y Reconciliación encuentren finalmente tierra fértil donde germinar y extenderse convencidos como estamos que Colombia reclama con justicia su derecho a vivir en paz y prosperidad. Estamos convencidos que urge humanizar todo aquello que la guerra ha degradado, con el propósito de sanar y fortalecer el tejido social, abriendo trocha en el camino de la participación y el diálogo, de tal manera que no haya exclusión ni sectarismo, a la hora de sumar e integrar en libertad y respeto aquellos que hoy permanecen marginados y silenciados, relegados al olvido, postergados en sus legítimos derechos humanos y sociales.

El Señor Presidente Juan Manuel Santos ha dicho que las llaves de la Paz no han sido arrojadas al fondo del mar y que sueña con ser el Presidente que logre la Paz de Colombia. Ha mencionado también que si con las ‘Bacrim’ cabe designar desde la Presidencia un emisario para conversar con ellas, incluso la Cruz Roja Internacional pudiera cumplir esa tarea de acercamiento, facilitando su regreso pronto al imperio de la Ley. El Señor Vicepresidente Angelino Garzón ha manifestado recientemente en las Naciones Unidas que el actual Gobierno mantiene abierta su voluntad de Paz. Son antecedentes suficientemente elocuentes sobre las buenas intenciones y no es poco viniendo de autoridades de tamaña jerarquía. Las expresiones en el sentido de abrir caminos de Paz no han faltado y se suceden a diario en la Comunidad internacional, incluso las guerrillas alzadas en armas y grupos armados diversos han hecho saber dentro y fuera del país que quieren ser oídos y participar de diálogos y negociaciones que conduzcan a silenciar los fusiles y diseñar hojas de ruta que conduzcan al puerto de la Paz y la Reconciliación.

Dicho lo anterior al respecto de quienes aún permanecen en pié de guerra, no sobra manifestar que la existencia hoy de decenas de miles de desmovilizados provenientes de las filas de autodefensas y de guerrillas, unos libres en sus casas, otros en cárceles del país y del exterior, y otros desgraciadamente asesinados o vueltos a la ilegalidad, constituye un conjunto de problemáticas individuales y sociales que ameritan intervenciones de todo tipo dirigidas a afianzar y recuperar esas energías y capacidades humanas para ponerlas al servicio del bien común y el progreso de Colombia.

Sentimos el llamado de la Patria a trabajar en beneficio de los ideales de sana convivencia y armonía, respetando la diversidad y poniendo la solidaridad por encima de cualquier egoísmo, rescatando los derechos humanos de cualquier desviación o alienación política o económica. No se trata de propagandizar una organización, tampoco de hacer proselitismo, sino de poner el dedo sobre ciertas llagas que evidencian las heridas del cuerpo social lastimado por décadas de conflicto armado y miserias éticas y materiales. Queremos manifestar qué nos duele de Colombia y qué camino visualizamos para que las realidades se modifiquen en el buen sentido, en las trayectorias y metas que queremos merecer como sociedad, como país, para pasar de la violencia a la armonía, de la injusticia a la justicia, de la indiferencia a la solidaridad, del ‘no futuro’ al futuro próspero y pacífico, sin más víctimas ni victimarios, sin vencedores ni vencidos.

Comité Editorial

jueves

Carta al señor presidente de la República de Colombia - Juan Manuel Santos Calderón



Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República de Colombia
Ciudad.

Excelentísimo Señor Presidente

Los Miembros Representantes y Comité de Presos Políticos de las extintas Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia, recluidos en el pabellón de Justicia y Paz de la Penitenciaria de la Picota con sede en Bogotá, en coordinación con nuestros apoderados, al Honorable Señor Presidente presentamos un respetuoso saludo deseándole éxitos en su labor como primer mandatario, desde luego con mayor énfasis en la Paz de Colombia, anhelo que nos concita, une y nos mueve al reconocimiento de su gestión, en la que la Paz y la Reconciliación constituyen el fin primordial de su mandato.

No habría una mejor oportunidad adportas del “NUEVO MARCO DE PAZ”, para que desde esta mesa propositiva en representación de los desmovilizados de las autodefensas con sede en el Pabellón ERE-3 de la Picota en Bogotá y en aras de la Paz, dejemos a consideración del Gobierno que Usted dirige y al Honorable Congreso de la República, unos planteamientos que pueden ser analizados en los diferentes escenarios, fruto del estar ínsitos en la JUSTICIA TRANSICIONAL hoy tan ávida de una gran reforma que ponga a salvo la Paz y dé la espalda a la guerra, todo dentro del conflicto que vive Colombia.

Recordamos al Señor Presidente que ésta MESA TEMÁTICA fue instalada por el Dr. MIGUEL SAMPER STROUSS en su calidad de Director Nacional de Justicia Transicional del Ministerio del Interior y de Justicia, el día veinte (20) de diciembre de 2010, en la Dirección de la Cárcel Nacional Picota de Bogotá, celebramos tan importante decisión de recuperar la interlocución política del Proceso de Paz con las extintas autodefensas y de haber designado para esta altruista labor a tan ilustre jurista, en quien confiamos llevará a buen puerto el Proceso de Paz y el NUEVO MARCO DE JUSTICIA TRANSICIONAL.

El País registra confianza y seguridad con las Palabras del Señor Presidente en buscar un acuerdo sobre la Paz con base en el diálogo. Ello conlleva en sentir de todos los Colombianos en expedir una nueva ley de Paz como justicia transicional, que implique la inclusión de todos los actores del conflicto (Particulares y agentes estatales), que mire más el aspecto político de la paz, que la judicialización de la misma.

Dejamos a consideración del Señor Presidente y de las instancias que corresponda, nuestros planteamientos de paz que esperamos contribuyan en el gran consenso que el País requiere para consolidar la Paz y la Reconciliación Nacional.

Adjuntamos documento de 5 folios.


Con nuestro más profundo respeto,


EDWAR COBOS TÉLLEZ
MANUEL DE JESÚS PIRABAN
RAMÓN MARÍA ISAZA A
LUIS EDUARDO CIFUENTES
LUIS EDUARDO ZULUAGA
JOSE BALDOMERO LINARES
OLIVERIO ISAZA GÓMEZ
WALTER OCHOA GUISAO
JHON FREDY GALLO B.
Miembros Representantes y Comité de Presos Políticos de las Autodefensas Desmovilizadas


Bogotá, Marzo 14 de 2011


DEMETRIO VELÁSQUEZ LUQUE
C.C. 3.254.146 de Yacopí
TP. 94245 del C.S de la J
Abogado Representante ante el Gobierno Nacional
Teléfono. 2454887-3112284049-3125926372
Carrera 21 No. 34-34 Of. 201 Bogotá





miércoles

Anexo Planteamientos de Paz

1-. En Colombia se vive un conflicto interno y como tal la solución debe ser política y judicial, expidiendo para ello el Congreso de la República la “NUEVA LEY DE PAZ”

2-. Todos los comportamientos ilegales cometidos por los actores del conflicto deben quedar cobijados por la nueva normatividad

3-. La sanción a los actores del conflicto Colombiano después de acumular los procesos, tendrán una pena máxima acumulada de cuarenta (40) años, como ocurre hasta hoy en la justicia penal ordinaria o permanente, con ello no habrán penas impagables y si con posterioridad a la sentencia surgen hechos nuevos, no investigados, olvidados o no probados hasta ese momento, la pena será de todas maneras acumulada, lo importante será la verdad y la no repetición, pues la reparación y la justicia es un tema de Estado.

4-. La legislación transicional deberá dispensar la “PENA ALTERNATIVA” (5-8 años), cumplida esta, rehabilitar al titular en sus derechos civiles, políticos, económicos, entre otros, para que sea parte de la reconstrucción y no sea mirado como un inválido social.

5-. El narcotráfico desafortunadamente es sin duda alguna la sustancia principal del conflicto Colombiano como fuente de financiación, por ello debe ser incluido dentro de la NUEVA LEY DE PAZ, para restarle la fuerza que encarna.

6-. Los actores del conflicto hoy deben reparar económicamente con los bienes lícitos e ilícitos, lo que conlleva a que la “JUSTICIA TRANSICIONAL” no sea atractiva y por ello la deserción, la aparición de nuevos grupos al margen de la ley o la continuidad de otros. Por ello es preciso como lo hacen en los Países desarrollados, que se les deje un porcentaje de su capital, para convertirlos en sujetos fiscales, tributarios, generadores de oportunidades, de empleo y de riqueza del País.

7-. Con la ley 1424 del 29 de diciembre de 2010 se establece un nuevo marco para los desmovilizados rasos, normativa que es mixta (Permanente y Transicional) lo que genera una inseguridad jurídica mayor que la que hoy existe, con el agravante de judicializar a un gran número de Colombianos que hoy laboran y gozan de programas de reinserción, norma que no les brinda un futuro seguro, sacándoles del mercado laboral, del entorno productivo, social, político entre otros

8-. La nueva ley de Paz, deberá establecer un procedimiento ágil, expedito y sencillo (Versión-imputación-medida de aseguramiento-control de legalidad-sentencia) para llegar a un fallo definitivo con alternatividad penal, ésta aplicada desde el momento de la desmovilización y/o desde el 25 de julio de 2005 y para las personas que hicieron parte del conflicto colombiano que están detenidos serán sujetos de la nueva norma, desde el momento en que fueron detenidos o se entregaron a las autoridades respectivas. EL INCIDENTE DE REPARACIÓN debe ser por vía administrativa o judicial después del fallo

9-. La acumulación jurídica de procesos y de penas, deberá proceder en todo caso, eliminando las barreras que hoy existen en los artículos 470 y 460 del anterior y actual Código de Procedimiento Penal

10-. Se eliminarán las MULTAS que se imponen con las condenas, ellas son impagables, utópicas e irreales y las personas responsables de las mismas permanecen en la insolvencia económica y en el anonimato social dado que no tienen como pagarlas es por ello que estamos acabando la economía con medidas represivas y absurdas

11-. Los derechos de los niños no se podrán desconocer como lo hace la actual norma transicional, pues si el desmovilizado compró un inmueble con afectación a vivienda familiar, o para su esposa, compañera e hijos, este deberá ser entregado en reparación y ¿dónde queda la supremacía de esta garantía?. Pues no tendría sentido reparar unas víctimas haciendo víctima a la familia del postulado, en desconocimiento de la Constitución Política de Colombia y los Tratados Internacionales

12-. La Reinserción deberá ser coordinada por los desmovilizados y dirigida por el Gobierno Nacional, mirando siempre el seno de donde salieron, pues el verdadero éxito de un Proceso de paz es retornar al individuo al interior de la sociedad en plenitud de sus derechos

13-. La postulación deberá ser jurisdiccional y no administrativa como existe hoy, con el aval o certificación del miembro representante o líder del grupo desmovilizado

14-. Después de la imputación la Fiscalía, el postulado y su defensor llegarán a un preacuerdo el que será presentado al Magistrado de conocimiento

15-. Habrá centros de reclusión especiales para justicia y paz, con reglamento propio, solo modificado en consenso entre el Gobierno Nacional y los Representantes de los postulados

16-. La reparación no solo será individual, tendrá en cuenta el daño social o colectivo, entregando bienes inmuebles en cabeza de la comunidad para el desarrollo social de la misma

17-. El País atraviesa por un gran problema de tierras, no solo las compradas o poseídas por terceros de buena fe exenta de culpa, sino los predios donde los campesinos equivocados, engañados o como medio de sustento han cultivado plantaciones de coca las que fueron ya erradicadas manualmente y ahora están muchos sin saberlo investigados y/o judicializados y sus inmuebles en extinción de dominio, de tal manera que no hay quien los compre o venda y menos quien los haga producir, este problema lo tiene la mayoría del País. Como solución planteamos que dentro de la ley de tierras se discuta y apruebe un perdón judicial para estas personas y para sus predios, de lo contrario estaríamos asistiendo al despojo de las tierras y el éxodo masivo de campesinos a cinturones de miseria y/o a la delincuencia. Todo esto genera pobreza fiscal, tributaria, personal y social. Sería bueno que con esta medida de Perdón Judicial se le impusiera al dueño, tenedor o poseedor de un predio la realización de un proyecto productivo acorde con los renglones de la agroindustria de la zona, región o Departamento

18-. VIGENCIA DE LA NUEVA LEY DE PAZ. Colombia tendrá salida del conflicto con la Justicia Transicional pero ¿Cómo establecer su vigencia?. Pasados largos cinco (5) años de vida de lo que resta la ley 975 de 2005 no se ha podido solucionar sobre la vigencia de la misma es decir sobre el artículo 72.

Varias pueden ser las salidas a este interesante tema:

a-. Producir una nueva normatividad transicional que solo entre a operar dos años después del examen que de la misma haga la Corte Constitucional y en este periodo se produzcan los diálogos tendientes al Proceso de Paz

b-. Que su vigencia sea para desmovilizarse hasta cinco años después de este examen, pero que dentro de los dos primeros años de su vigencia los posibles sujetos activos de la norma por escrito muestren su deseo de acogerse a esta norma

19-. La elegibilidad no debe ser del resorte de la última instancia sino de la Fiscalía y el Magistrado de Control de Garantías, previos los exámenes jurídicos del caso. Se debe eliminar la reparación como requisito de elegibilidad, se cambia por la verdad pues hay personas que no tienen ningún recurso económico y esto haría imposible saber la verdad porque le tocaría pagar para decirla y a su vez ser sujeto de la ley transicional

Copia de este documento será enviado al Ministerio del Interior y de Justicia, Congreso de la República (Senado y Cámara), Altas Cortes, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación. 

Suscrito por:

EDWAR COBOS TÉLLEZ
MANUEL DE JESÚS PIRABAN
RAMÓN MARÍA ISAZA A
LUIS EDUARDO CIFUENTES
LUIS EDUARDO ZULUAGA
JOSE BALDOMERO LINARES
OLIVERIO ISAZA GÓMEZ
WALTER OCHOA GUISAO
JHON FREDY GALLO B.

Miembros Representantes y Comité de Presos Políticos de las Autodefensas Desmovilizadas

Pabellón de Justicia y Paz Penitenciaria la Picota

Bogotá, 14 de Marzo de 2011


DEMETRIO VELÁSQUEZ LUQUE
C.C. 3.254.146 de Yacopí
TP. 94245 del C.S de la J
Abogado Representante ante el Gobierno Nacional
Teléfono. 2454887-3112284049-312592637
Carrera 21 No. 34-34 Of. 201 Bogotá


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