viernes

A grandes males grandes remedios

EDITORIAL

Colombia, junio de 2011

Una estimulante bocanada de aire fresco sobre el violentado cuerpo social ha resultado en estos días la reiteración hecha pública ante distintos medios de comunicación por parte del obispo de Montería, Monseñor Julio César Vidal, acerca de la disposición que tienen las estructuras denominadas ‘bacrim’ de someterse a la Justicia, según lo que le han hecho saber sus líderes que han dicho representar a no menos de 5.000 de sus integrantes distribuidos en diferentes zonas del país. Nadie que conozca y haya padecido las consecuencias del accionar delictivo de estas bandas, asociadas de hecho, según las coyunturas, tanto del antiguo y residual paramilitarismo como también en ocasiones de los frentes guerrilleros, puede no sentir alivio ante la perspectiva de una solución humanitaria y judicial que atienda el clamor de las poblaciones afectadas urgidas de poner a salvo sus vidas y sentir por fin los beneficios reparadores de la presencia y protección eficaces del Estado y sus instituciones.

La respuesta del Gobierno ha sido la de negar de plano cualquier posibilidad de negociación política con las ‘bacrim’, entendible esto por las infinitas dudas que sugiere el manto de silencio que estas organizaciones han preferido extender sobre su acontecer y propósitos, lo que pone en primer lugar la opción del sometimiento a la Justicia ante la Fiscalía. Sin embargo, sería impensable y sobre todo poco práctico y carente de realismo hoy en Colombia caracterizar la naturaleza del conflicto armado interno y sus posibles vías de solución y salida, sin tomar en consideración que entre los actores armados ilegales no solo existen aquellos definidos netamente a partir de su componente ideológico, o su perfil político, desde los de carácter subversivo o antisubversivo, hasta sus largos brazos terminados en manos oscuras de izquierda o derecha, sino que la ocupación y control que hacen todos aquellos de los territorios y zonas de influencia involucrados se realiza mediante el despliegue sobre el terreno de eslabones colindantes que incluyen no solo cultivos ilícitos y narcoeconomías varias sino expresiones difícilmente identificables donde confluyen en las sombras ilegalidades de diferente cuño y modalidades que resultando funcionales a unos y otros actores más visibles del conflicto, actúan como factores de perturbación y violencia, así como de reciclaje y perpetuación del conflicto armado y social, de cuya neutralización y desmonte se derivarían beneficios de enorme poder sanador para la entera sociedad.

La Fiscalía es el canal idóneo para acusar y llevar ante la Justicia a quienes estén dispuestos a regresar a la vida civil y la legalidad, pero carece por sí sola de la posibilidad de articular previamente todos los componentes sociales, políticos e institucionales que confluyen en la arquitectura de una solución que involucra a millares de integrantes de estas organizaciones cuya característica principal es la pertenencia al mundo del narcotráfico, hoy por hoy no solo el combustible principal del conflicto armado interno sino también un banquero inversor y prestamista de dimensiones y ramificaciones excepcionalmente vastos que han permeado casi todos los sectores de la vida nacional. Si la labor de la Justicia es investigar y juzgar, condenar y absolver, no deja ni por un momento de ser tarea de la Política y del Estado en su conjunto la misión de construir la salida del conflicto armado a todos y cada uno de quienes están dispuestos a abandonar la ilegalidad y el crimen para reintegrarse a la vida en sociedad, civilizada, pacífica y decente.

Lo anterior no nos resulta indiferente porque todo aquello que signifique quitarle oxígeno a las hostilidades y devolver la confianza y la seguridad a las comunidades fortalece el tejido social y nos pone como país y como ciudadanos en el camino virtuoso de la democracia y la prosperidad, que han sido entre 2004 y 2006 las razones por excelencia de nuestra propia desmovilización, la cual no concluye con nuestro desarme y reinserción, sino que es a partir de ese adiós a las armas que anhelamos sumarnos desde la civilidad, la libertad y el trabajo, a la construcción de Paz y Reconciliación, por lo cual iniciativas como las que pregona Monseñor Vidal merecen todo nuestro apoyo y solidaridad, conscientes que el país que soñamos no admite demoras y como rezaba San Francisco de Asís también nosotros invitamos a hacerlo con sus mismas palabras y sentimiento de hermandad: “Señor, haz de mí un instrumento de tu paz, donde haya odio, ponga yo amor, donde haya ofensa, ponga yo perdón, donde haya discordia ponga yo unión…”

Es con este espíritu de Reconciliación nacional y Fe en el Triunfo de la Paz sobre la guerra que hacemos llegar a Monseñor Julio César Vidal nuestro mensaje de augurios de éxito en su valiente misión de propiciar el acercamiento y el diálogo entre ilegales y Estado, entre ilegales y Sociedad civil, para que victimarios y víctimas se reconozcan como hermanos, los unos se arrepientan, rectifiquen y reparen, los otros escuchen, atiendan y provean soluciones que ayuden a cerrar las heridas, sanar los dolores, perdonar todo aquello que Dios nos ayude a perdonar.

Desde nuestro modestísimo lugar y condición de Desmovilizados y animados por el anhelo de sumar dignamente a la causa de la Reconciliación y la Paz estamos dispuestos a escuchar y replicar ante quien corresponda todas aquellas voces que, conscientes que las bacrim están generando el más alto índice de violencia en regiones como Córdoba y Urabá, entre otras, a lo largo y lo ancho del País, se solidarizan con la actividad pastoral y humanitaria de Monseñor Vidal en esta iniciativa que la Providencia de Dios ha puesto en sus manos con relación al llamado que le están haciendo dirigentes de estas organizaciones ilegales cuyo requerimiento de garantías jurídicas y beneficios por acogimiento voluntario a la Justicia constituyen un primer paso en la dirección correcta de comenzar a desmontar de uno en uno todos los impedimentos que alejan todavía del horizonte patrio el sueño de vivir y amar en nuestro País sin más víctimas, sin más victimarios.

Por esto le decimos agradecidos y enfáticos a Monseñor Vidal y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, de Colombia y del mundo, que pueden contar con nosotros y nosotras, desmovilizados y desmovilizadas, para servir humildemente al bien común y la armonía nacional como puentes de unión, artesanos de paz, labriegos de reconciliación.


Comité Editorial

miércoles

Carta de Piedad Córdoba a ELN y FARC

“Carta de Colombianos y colombianas por la paz

18 de Julio de 2011


Srs. Comandantes
Alfonso Cano y miembros de Secretariado de las FARC-EP
Nicolás Rodríguez Bautista y Comando Central – COCE del ELN
Colombia


Reciban un atento saludo de compatriota.

Con proximidad a cumplirse un año de posesión del actual gobierno, y en medio de una situación nacional que plasma los niveles acumulados por años de corrupción, violencia y exclusión, en nuestra condición de Colombianas y Colombianos por la Paz, unidos con varios propósitos, siendo el mayor de ellos poder contribuir al diálogo y a la solución política negociada del conflicto armado que vive desde hace medio siglo nuestra sociedad, reanudamos una vez más el diálogo epistolar transitoriamente interrumpido.

Dirigimos este mensaje a las FARC-EP y al ELN en reconocimiento también de las declaraciones hechas por cada uno de ellos, pero que conforman en esencia un mismo principio de salida dialogada. Este punto llevará a confluir en caminos que vayan recomponiendo en la diversidad una sola mesa de diálogo, para las alternativas de humanización y paz.

Hemos tomado atenta nota e interpretrado con esperanza para el país y para la región sus comunicaciones, en el intercambio epistolar, las cartas y videos públicos. Valoramos en medio de la continuidad de la guerra interna las tres decisiones convergentes que han comunicado los comandantes Alfonso Cano y Nicolás Rodríguez:

1) La disposición y la invitación a conversar sobre una agenda nacional alrededor de los más acuciantes problemas como los relacionados con las tierras, las políticas económicas, sociales y medioambientales, los derechos políticos y civiles, y otros de gran importancia para el futuro del país.

2) Potenciar eventuales escenarios de diálogo para construir una salida política a la confrontación armada con la activa participación de la sociedad y el acompañamiento de la comunidad internacional, en especial de UNASUR.

3) Respetar los principios del Derecho Internacional Humanitario y encaminar discusiones hacia el logro de acuerdos para garantizar plenamente su observancia.

Precisamente sobre este último punto, dolorosos hechos recientes en varios departamentos del país, circunstancias producidas en desarrollo del conflicto armado generan profundos cuestionamientos sobre el presente y el futuro que se nos avecina y nos obligan a realizar un llamado ético sobre infracciones cometidas al derecho humanitario y sobre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de la población civil.

Semanas atrás, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentó una serie de acciones bélicas en las que se registraron graves infracciones al derecho humanitario por parte de las organizaciones guerrilleras.

Entendemos que el conflicto armado interno continúa su curso, que nuevas dinámicas militares se desarrollan, pero justo por eso, urge la aplicación verificada del derecho humanitario. Es indispensable en ese sentido:

Establecer normas y mecanismos específicos e idóneos de regulación o limitación bélica, para impedir que ocurran nuevos hechos violatorios y se degrade todavía más el conflicto, rechazando y condenando claramente todas las prácticas inadmisibles, contrarias a los más elementales principios humanitarios.

Ratificar el pacto que las FARC-EP y el ELN firmaron a finales de 2009, para abolir las acciones que vulneraban a las comunidades y poblaciones de Arauca, el cual es necesario extender y aplicar a nivel nacional.

Dar a conocer propuestas y actos que siembren de su parte la esperanza de que sí es posible no sólo humanizar la guerra sino alcanzar una interlocución para avanzar en su superación definitiva.

Colombianas y Colombianos por la Paz, continuando en su misión de contribuir a la humanización y la solución del conflicto armado, les propone reiniciar de inmediato y de forma fluida a través del intercambio epistolar, la discusión sobre diversas temáticas de trascendencia nacional.

Deseamos que a través de ese diálogo epistolar se debatan y asuman decisiones conjuntas, respuestas e iniciativas que el país necesita y demanda, con la esperanza de que estemos a la altura de los retos que su dura realidad e historia nos pone de presente; y que tantos esfuerzos y sacrificios por la vida digna de las colombianas y los colombianos, tengan sentido hoy y para las generaciones del porvenir.


Atentamente,

Colombianas y Colombianos por la paz

www.colombianosporlapaz.com”

viernes

Carta al señor Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos Calderón

Bogotá, Junio 10 de 2011



Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Ciudad.


Excelentísimo Señor Presidente.


Los Miembros Representantes y otros ex líderes de las extintas Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia recluidos en el pabellón de Justicia y Paz de la Penitenciaria la Picota con sede en Bogotá, en nombre y representación de los Postulados a la Ley 975 de 2005 que se desmovilizaron con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley, coadyuvados de los abogados y asesores temáticos, presentamos un  respetuoso saludo al Honorable Señor Presidente convencidos que su gestión como primer mandatario de nuestra Nación junto con su excelso equipo de Gobierno, sembrará la bandera de la Reconciliación, la Paz y Reinserción, anhelo común del pueblo Colombiano.

Hemos recibido con satisfacción la presentación en la próxima legislatura del “NUEVO MARCO DE PAZ” tal como se dijo en el foro “Legislar por la Paz” que usted Señor Presidente instaló en el Hotel AR Salitre de Bogotá el 23 de abril del cursante año, ha de ser mediante acto legislativo, que cobije a los actores particulares y agentes del Estado dentro del conflicto que se vive en Colombia, oportunamente declarado bajo su mandato.

La Paz como Derecho Fundamental sin duda cuenta con el apoyo de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, al igual que la Institucionalidad, es por ello que requiere con URGENCIA la presentación al Honorable Congreso de la República de un proyecto de Ley que trate la vigencia de la Ley 975 de 2005, en el entendido que, se aplicará hasta la desmovilización como quedó plasmada en el artículo 17 de la misma obra, decisión inaplazable dada la inestabilidad que generó el último fallo de la Honorable Corte Suprema, al establecer que los hechos cometidos después del 25 de julio de 2005, no son de competencia de la justicia transicional, generando gran incertidumbre en las personas sometidas a esta jurisdicción y enviando un mensaje negativo a quienes han mostrado su deseo de sumarse a la cruzada de la Paz por Colombia, deponiendo la actividad bélica, por la reinserción a la vida civil, todo dentro de un marco de Paz.

Con fecha mayo 30 de 2011 dentro del Radicado 36.163 contra el postulado RAMÓN ISAZA ARANGO y Otros, la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, al resolver recurso de apelación que venía del magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió:

·        Que los hechos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 975 del 25 de julio de 2005, por los miembros de los grupos organizados al margen de la ley no son COMPETENCIA de la Justicia transicional y como tal quedan excluidos.

Articulo 72. Vigencia y derogatoria. La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.

Como es evidente, notorio y público ha sido postura de la judicatura en las diferentes sentencias sobre la vigencia de esta ley, que solo se aplicará a los hechos ocurridos con anterioridad al 25 de julio de 2005, este fallo de cierre ha generado entre otros.

1-.  Desconocimiento al marco supra legal: El constituyente de 1991 consagró como Derecho Fundamental la Paz al decir que, “el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia concibe la Paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

2-. Desconocimiento al marco legal: Que los fines de la ley 975 del 25 de julio de 2005, entre otros son: Facilitar los procesos de Paz en desarrollo del artículo 22 de la carta política; reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley; Garantizar los derechos de las víctimas a la  verdad, justicia y reparación.

3-. Desconocimiento de algunos decretos entre otros: 1059 del 4 de abril de 2008, que permitió la desmovilización individual de miembros de grupos de la guerrilla privados de la libertad y su homólogo cuyos destinatarios fueron los miembros de grupos de autodefensa  privados de la libertad que por cualquier circunstancia no fueron incluidos en los listados elaborados por los miembros representantes.

4-. En la sentencia de fecha abril 27 de 2011, en el radicado No. 34.547 M.P. la Dra. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMUS, se estableció:


a-     Que la justicia transicional es diferente a la ordinaria o permanente, en cuanto a los destinatarios; a su aplicación; a los derechos de los titulares; en cuanto a la actitud del destinario de la ley; en cuanto al objetivo que busca cada justicia y frente al sujeto protagonista del proceso penal.

5-. Por no aplicar la justicia transicional después del 25 de julio de 2005, estaríamos desconociendo la verdad, la justicia, la reparación, la reincorporación a la civilidad de los miembros de grupos organizados ilegales, el derecho de las víctimas, la esencia misma de la justicia transicional y los acuerdos que motivaron la desmovilización.
Los desmovilizados después del 25 de julio de 2005, que recordemos son 25.772 desmovilizados, pertenecientes a 25 estructuras entre Bloques y Frentes de las extintas AUC sin sumar los desmovilizados colectivos e individuales de las guerrillas, y de cuyo número salen los hasta hoy postulados a la Ley, lo hacen con fundamento en la norma de justicia transicional y los decretos reglamentarios, ¿cómo la judicatura puede adelantar versiones y diligencias a sabiendas que no había vigencia de la norma? y hoy se les compele a seguir por la vía ordinaria utilizando la información suministrada por estos en las versiones libres, sin haber competencia ni en la transicional, ni en la ordinaria, lo que constituye una abierta violación “al debido proceso” en ambas jurisdicciones, aunado a la inversión económica en las diligencias realizadas hasta el momento, la publicidad invitando a la desmovilización bajo el marco de la justicia transicional que como dijimos inicialmente no existe después del 25 de julio de 2005.

6-. Es claro, no hay marco vigente de justicia  transicional y no es de recibo la aplicación de la justicia ordinaria o permanente después del 25 de julio de 2005 por lo antes expuesto y en cabeza de los versionados, dado este vacío legal y jurídico, es Usted Señor Presidente quien Constitucionalmente tiene la competencia para solucionar temporalmente esta carencia normativa, pues de parte nuestra ratificamos la decisión inequívoca de buscar la Paz, bajo el marco  de la justicia transicional, ORDENANDO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS PROCESOS, por hechos ocurridos con posterioridad a la promulgación de la Ley 975 de 2005, hasta tanto se expida por el Legislador el Nuevo Marco de Justicia Transicional o la Ley que prorrogue su vigencia.

La Constitución y la normatividad lo facultan Señor Presidente para esta suspensión que salvaguarda el proceso de Paz presente y futuro, en observancia a que la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, solución que devuelve la confianza a quienes le apostamos a la Paz como el único camino a la convivencia, desarrollo y progreso de nuestra patria. 

Desde luego que será con la ayuda de Dios bajo su mandato, el mismo que le ha devuelto la confianza de hacer real y material, lo que fue abstracto e ideal en tiempos pasados, de suyo, será “el mandato que permitió el imperio de la indulgencia, sobre la voluntad de la fuerza, sin dejar de lado el orden”.

Normas facultativas.  Artículos 22 y 189 de Ia Constitución Política, Ley 418 de 1997 modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999782 de 20021106 de 2006 y Ia Ley 975 de 2005.

Señor Presidente, recogemos con aquiescencia la celeridad de su Gobierno en producir un nuevo marco político y jurídico para resguardar a los desmovilizados en libertad, abordando el proceso de Paz desde el contexto histórico del conflicto, que indudablemente abrirá la puerta al diálogo Nacional con todos los actores del mismo, donde sin exclusión aportemos bases para un gran acuerdo nacional que haga olvidar la horrible noche de la guerra y traiga la luz de la esperanza, amparados en decisiones democráticas que las sustraigan de retaliaciones externas o interpretaciones subjetivas, acompañados de una justicia restaurativa y por ningún motivo irreconciliable.  

Con nuestro más profundo respeto,



EDWAR COBOS TÉLLEZ                  MANUEL DE JESUS PIRABAN
Bloque Montes de María                          Bloque Héroes de los Llanos


RAMON MARIA ISAZA A.                 LUIS EDUARDO CIFUENTES
Bloque Magdalena Medio                        Bloque Cundinamarca


LUIS EDUARDO ZULUAGA              JOSE BALDOMERO LINARES
Frente José Luis Zuluaga                         Bloque Meta y Vichada


OLIVERIO ISAZA GOMEZ               WALTER OCHOA GUISAO
Frente Héroes del Prodigio                     Frente Omar Isaza


JHON FREDY GALLO B.                  
Frente Celestino Mantilla             

MIEMBROS REPRESENTANTES COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS

ORLANDO VILLA ZAPATA                  OSCAR JOSE OSPINO PACHECO
Bloque Vencedores de Arauca                     Frente Juan Andrés Álvarez



ATANAEL MATAJUDIOS                     DORANCEL MURILLO B.     
Bloque Tolima                                           Frente Héroes del Gualiva
       

EX LÍDERES PRESOS POLÍTICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS Y POSTULADOS A LA LEY 975 DE 2005


PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ PENITENCIARIA LA PICOTA
   
      

ABOGADOS BANCADA DE LA DEFENSA

DEMETRIO VELASQUEZ LUQUE
OMAR LEMUS MURCIA
FARFLEY CARVAJAL REY
CARLOS ANDRES ACOSTA MELO
MARIO DIAZ GONGORA
MARTHA PATRICIA RUBIANO ROJAS
JOSE MANUEL RODRIGUEZ
CAMILO GÜISA RODRIGUEZ
RUHT RÍOS MORA
MILENA ISABEL PAZ GARCIA
JUAN CARLOS RESTREPO BEDOYA
OMAR ROA MOSQUERA (Manos por la Paz Internacional – Guerrilleros Postulados


miércoles

Comunicado Público relacionado con la renuncia del Dr. JAIME JARAMILLO PANESSO, a su condición de Comisionado de la CNRR




COMUNICADO PÚBLICO


Con profunda tristeza lamentamos la renuncia del Dr. JAIME JARAMILLO PANESSO, a su condición de Comisionado de la CNRR.

Las razones claras y justas conque fundamenta su decisión se condicen con su talante de hombre de carácter y convicciones firmes, luchador incansable por la Paz y la Reconciliación, cuyos puntos de vista y conocimientos acerca de la compleja transición de la guerra a la paz nos eximen de todo comentario que no sea aplaudir su excelente trabajo y su misión laboriosa y valiente.

Nos duele con dolor de Patria que el gran conocedor de lo que ha sido este intrincado proceso abandone su cargo de Comisionado: Colombia pierde con su renuncia a la CNRR un gran aliado de la causa humanitaria y un defensor a ultranza del diálogo y la palabra ponderada y ecuánime.

Los desmovilizados perdemos, además, su invalorable palabra de aliento y su orientación y guía en las arduas jornadas de dudas y cavilaciones, cuando sumidos en incertidumbres y desvelos el Estado se nos aparece desprovisto de sentimientos, una maquinaria pesada y burocrática indiferente a las humanas urgencias de Paz y Reconciliación.

Esperamos no obstante, que por su solidaridad tantas veces evidenciada con víctimas y desmovilizados, comunidades, regiones y preclaros destinos de Colombia, esté hoy don Jaime Jaramillo Panesso renunciando solamente al cargo de Comisionado, pero jamás a los propósitos e ideales que son irrenunciables, como irrenunciable es nuestra gratitud y reconocimiento por el largo trecho de camino compartido, que no admite un solo paso atrás.

No tenemos más que agradecimientos infinitos por toda su labor, aquí lo estaremos siempre esperando para seguir avanzando juntos, hasta que veamos concretado el empeño común por disfrutar nuestra Colombia libre del espiral de violencia en que está sumida hace más de cuatro décadas.

Hasta pronto, hasta siempre, hasta que logremos finalmente envolvernos en un solo gran abrazo de Paz y Reconciliación.

EDWAR COBOS TÉLLEZ
MANUEL DE JESÚS PIRABAN
RAMÓN MARÍA ISAZA A.
LUIS EDUARDO CIFUENTES
LUIS EDUARDO ZULUAGA
JOSE BALDOMERO LINARES
OLIVERIO ISAZA GÓMEZ
WALTER OCHOA GUISAO
JHON FREDY GALLO B.

 
MIEMBROS REPRESENTANTES COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS

Pabellón de Justicia y Paz Penitenciaria la Picota.

Bogotá, Junio 1 de 2011

Renuncia del Dr. Jaime Jaramillo Panesso a la función de Comisionado de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación - CNRR

Medellín, mayo 31 de 2011

Señor Presidente de Colombia
JUAN MANUEL SANTOS
Señor Vicepresidente
AGELINO GARZÓN
Bogotá D.C.

Señores Presidente y Vicepresidente:

El Congreso de Colombia acaba de aprobar la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esta ley crea una nueva operatividad institucional que reforma o sustituye la ley 975 de 2005, ley de Justicia y Paz, y por ende la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, CNRR.- Este es un hecho normal y la CNRR tenía su mandato regulado en esta última norma citada. La nueva ley no concede a la CNRR el espacio y la acción política que tuvo bajo la ley de Justicia y Paz ni la responsabilidad social que se ganó durante su mandato. Con tales parámetros la Comisión deja de existir. La etapa de transición que el proceso exige, no requiere de nuestra existencia real ni virtual. Bastarán sus indicaciones para perfeccionar el tránsito rápido hacia las nuevas instancias operativas. En consecuencia y por cuanto el suscrito es comisionado de la CNRR, nombrado por el Ejecutivo en representación de la sociedad civil desde hace cinco años, presento renuncia a la función de comisionado.

Quiero manifestar que debo gratitud a quienes han sido mis compañeros de labor durante este trayecto y que me liga a ellos la experiencia y la amistad forjada en una actividad que los colombianos sabrán valorar en su momento. Digo sus nombres: Patricia Helena Perdomo, Patricia Buriticá, Oscar Rojas, Régulo Madero, Nel Beltrán y Ana Teresa Bernal. De igual manera a las distinguidas personalidades que por delegación representaron al Procurador, al Defensor del Pueblo, a los Ministros de Hacienda, del Interior y de Justicia y a la Agencia de Acción Social. Con énfasis cito a quienes guiaron y aglutinaron la CNRR durante estos años, el Vicepresidente de la República del período anterior, Francisco Santos, y su delegado permanente Eduardo Pizarro León-Gómez.

La CNRR es la instancia más noble y solidaria que ha creado la legislación colombiana. Deja una impronta en atención y reparación a las víctimas, la investigación de la memoria histórica, la incursión en el problema de la tierra y los despojos violentos, el seguimiento a la desmovilización de combatientes, la capacidad convocante de apoyos interinstitucionales y las relaciones con la comunidad internacional. Una parte sensible y de impacto coyuntural fue ejecutada por los Comités Regionales de Restitución de Bienes, que ya se preparan a dar tránsito de sus responsabilidades a quienes asuman sus funciones. Las sedes regionales y las áreas de la oficina central jugaron el papel determinante de su trabajo, encomendado a los mejores hombres y mujeres que calificaban para las tareas a realizar. No obstante, es enorme lo que falta por hacer. Por lo tanto la nueva institucionalidad, en manos del gobierno que ustedes dirigen, podrá contar con el plus político y técnico de la CNRR, si así lo decidieren.

Cancelo esta etapa de mi vida haciendo entrega del chaleco y el carnet que orgullosamente distinguen a los comisionados y laburantes de la CNRR. De igual manera pongo en sus manos la recepción del vehículo de mi esquema de seguridad personal y del escolta policial asignado para este mismo propósito.

Con respeto y solidaridad patriótica,



JAIME JARAMILLO PANESSO
CC. No. 3336421 de Medellín.

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