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Carta al señor Presidente de la República Dr. Juan Manuel Santos Calderón

Bogotá, Junio 10 de 2011



Doctor
JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Ciudad.


Excelentísimo Señor Presidente.


Los Miembros Representantes y otros ex líderes de las extintas Autodefensas Campesinas Unidas de Colombia recluidos en el pabellón de Justicia y Paz de la Penitenciaria la Picota con sede en Bogotá, en nombre y representación de los Postulados a la Ley 975 de 2005 que se desmovilizaron con posterioridad a la fecha de vigencia de la Ley, coadyuvados de los abogados y asesores temáticos, presentamos un  respetuoso saludo al Honorable Señor Presidente convencidos que su gestión como primer mandatario de nuestra Nación junto con su excelso equipo de Gobierno, sembrará la bandera de la Reconciliación, la Paz y Reinserción, anhelo común del pueblo Colombiano.

Hemos recibido con satisfacción la presentación en la próxima legislatura del “NUEVO MARCO DE PAZ” tal como se dijo en el foro “Legislar por la Paz” que usted Señor Presidente instaló en el Hotel AR Salitre de Bogotá el 23 de abril del cursante año, ha de ser mediante acto legislativo, que cobije a los actores particulares y agentes del Estado dentro del conflicto que se vive en Colombia, oportunamente declarado bajo su mandato.

La Paz como Derecho Fundamental sin duda cuenta con el apoyo de todos los ciudadanos nacionales y extranjeros, al igual que la Institucionalidad, es por ello que requiere con URGENCIA la presentación al Honorable Congreso de la República de un proyecto de Ley que trate la vigencia de la Ley 975 de 2005, en el entendido que, se aplicará hasta la desmovilización como quedó plasmada en el artículo 17 de la misma obra, decisión inaplazable dada la inestabilidad que generó el último fallo de la Honorable Corte Suprema, al establecer que los hechos cometidos después del 25 de julio de 2005, no son de competencia de la justicia transicional, generando gran incertidumbre en las personas sometidas a esta jurisdicción y enviando un mensaje negativo a quienes han mostrado su deseo de sumarse a la cruzada de la Paz por Colombia, deponiendo la actividad bélica, por la reinserción a la vida civil, todo dentro de un marco de Paz.

Con fecha mayo 30 de 2011 dentro del Radicado 36.163 contra el postulado RAMÓN ISAZA ARANGO y Otros, la Honorable Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, al resolver recurso de apelación que venía del magistrado con función de control de garantías de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, resolvió:

·        Que los hechos cometidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley 975 del 25 de julio de 2005, por los miembros de los grupos organizados al margen de la ley no son COMPETENCIA de la Justicia transicional y como tal quedan excluidos.

Articulo 72. Vigencia y derogatoria. La presente ley deroga todas las disposiciones que le resulten contrarias. Se aplicará únicamente a hechos ocurridos con anterioridad a su vigencia y rige a partir de la fecha de su promulgación.

Como es evidente, notorio y público ha sido postura de la judicatura en las diferentes sentencias sobre la vigencia de esta ley, que solo se aplicará a los hechos ocurridos con anterioridad al 25 de julio de 2005, este fallo de cierre ha generado entre otros.

1-.  Desconocimiento al marco supra legal: El constituyente de 1991 consagró como Derecho Fundamental la Paz al decir que, “el artículo 22 de la Constitución Política de Colombia concibe la Paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento”.

2-. Desconocimiento al marco legal: Que los fines de la ley 975 del 25 de julio de 2005, entre otros son: Facilitar los procesos de Paz en desarrollo del artículo 22 de la carta política; reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley; Garantizar los derechos de las víctimas a la  verdad, justicia y reparación.

3-. Desconocimiento de algunos decretos entre otros: 1059 del 4 de abril de 2008, que permitió la desmovilización individual de miembros de grupos de la guerrilla privados de la libertad y su homólogo cuyos destinatarios fueron los miembros de grupos de autodefensa  privados de la libertad que por cualquier circunstancia no fueron incluidos en los listados elaborados por los miembros representantes.

4-. En la sentencia de fecha abril 27 de 2011, en el radicado No. 34.547 M.P. la Dra. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMUS, se estableció:


a-     Que la justicia transicional es diferente a la ordinaria o permanente, en cuanto a los destinatarios; a su aplicación; a los derechos de los titulares; en cuanto a la actitud del destinario de la ley; en cuanto al objetivo que busca cada justicia y frente al sujeto protagonista del proceso penal.

5-. Por no aplicar la justicia transicional después del 25 de julio de 2005, estaríamos desconociendo la verdad, la justicia, la reparación, la reincorporación a la civilidad de los miembros de grupos organizados ilegales, el derecho de las víctimas, la esencia misma de la justicia transicional y los acuerdos que motivaron la desmovilización.
Los desmovilizados después del 25 de julio de 2005, que recordemos son 25.772 desmovilizados, pertenecientes a 25 estructuras entre Bloques y Frentes de las extintas AUC sin sumar los desmovilizados colectivos e individuales de las guerrillas, y de cuyo número salen los hasta hoy postulados a la Ley, lo hacen con fundamento en la norma de justicia transicional y los decretos reglamentarios, ¿cómo la judicatura puede adelantar versiones y diligencias a sabiendas que no había vigencia de la norma? y hoy se les compele a seguir por la vía ordinaria utilizando la información suministrada por estos en las versiones libres, sin haber competencia ni en la transicional, ni en la ordinaria, lo que constituye una abierta violación “al debido proceso” en ambas jurisdicciones, aunado a la inversión económica en las diligencias realizadas hasta el momento, la publicidad invitando a la desmovilización bajo el marco de la justicia transicional que como dijimos inicialmente no existe después del 25 de julio de 2005.

6-. Es claro, no hay marco vigente de justicia  transicional y no es de recibo la aplicación de la justicia ordinaria o permanente después del 25 de julio de 2005 por lo antes expuesto y en cabeza de los versionados, dado este vacío legal y jurídico, es Usted Señor Presidente quien Constitucionalmente tiene la competencia para solucionar temporalmente esta carencia normativa, pues de parte nuestra ratificamos la decisión inequívoca de buscar la Paz, bajo el marco  de la justicia transicional, ORDENANDO LA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LOS PROCESOS, por hechos ocurridos con posterioridad a la promulgación de la Ley 975 de 2005, hasta tanto se expida por el Legislador el Nuevo Marco de Justicia Transicional o la Ley que prorrogue su vigencia.

La Constitución y la normatividad lo facultan Señor Presidente para esta suspensión que salvaguarda el proceso de Paz presente y futuro, en observancia a que la Paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, solución que devuelve la confianza a quienes le apostamos a la Paz como el único camino a la convivencia, desarrollo y progreso de nuestra patria. 

Desde luego que será con la ayuda de Dios bajo su mandato, el mismo que le ha devuelto la confianza de hacer real y material, lo que fue abstracto e ideal en tiempos pasados, de suyo, será “el mandato que permitió el imperio de la indulgencia, sobre la voluntad de la fuerza, sin dejar de lado el orden”.

Normas facultativas.  Artículos 22 y 189 de Ia Constitución Política, Ley 418 de 1997 modificada y prorrogada por las Leyes 548 de 1999782 de 20021106 de 2006 y Ia Ley 975 de 2005.

Señor Presidente, recogemos con aquiescencia la celeridad de su Gobierno en producir un nuevo marco político y jurídico para resguardar a los desmovilizados en libertad, abordando el proceso de Paz desde el contexto histórico del conflicto, que indudablemente abrirá la puerta al diálogo Nacional con todos los actores del mismo, donde sin exclusión aportemos bases para un gran acuerdo nacional que haga olvidar la horrible noche de la guerra y traiga la luz de la esperanza, amparados en decisiones democráticas que las sustraigan de retaliaciones externas o interpretaciones subjetivas, acompañados de una justicia restaurativa y por ningún motivo irreconciliable.  

Con nuestro más profundo respeto,



EDWAR COBOS TÉLLEZ                  MANUEL DE JESUS PIRABAN
Bloque Montes de María                          Bloque Héroes de los Llanos


RAMON MARIA ISAZA A.                 LUIS EDUARDO CIFUENTES
Bloque Magdalena Medio                        Bloque Cundinamarca


LUIS EDUARDO ZULUAGA              JOSE BALDOMERO LINARES
Frente José Luis Zuluaga                         Bloque Meta y Vichada


OLIVERIO ISAZA GOMEZ               WALTER OCHOA GUISAO
Frente Héroes del Prodigio                     Frente Omar Isaza


JHON FREDY GALLO B.                  
Frente Celestino Mantilla             

MIEMBROS REPRESENTANTES COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS

ORLANDO VILLA ZAPATA                  OSCAR JOSE OSPINO PACHECO
Bloque Vencedores de Arauca                     Frente Juan Andrés Álvarez



ATANAEL MATAJUDIOS                     DORANCEL MURILLO B.     
Bloque Tolima                                           Frente Héroes del Gualiva
       

EX LÍDERES PRESOS POLÍTICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS Y POSTULADOS A LA LEY 975 DE 2005


PABELLÓN DE JUSTICIA Y PAZ PENITENCIARIA LA PICOTA
   
      

ABOGADOS BANCADA DE LA DEFENSA

DEMETRIO VELASQUEZ LUQUE
OMAR LEMUS MURCIA
FARFLEY CARVAJAL REY
CARLOS ANDRES ACOSTA MELO
MARIO DIAZ GONGORA
MARTHA PATRICIA RUBIANO ROJAS
JOSE MANUEL RODRIGUEZ
CAMILO GÜISA RODRIGUEZ
RUHT RÍOS MORA
MILENA ISABEL PAZ GARCIA
JUAN CARLOS RESTREPO BEDOYA
OMAR ROA MOSQUERA (Manos por la Paz Internacional – Guerrilleros Postulados


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