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Comunicado a la Comunidad Internacional sobre el Proceso de Desmovilización en Colombia por Corporación Manos por la Paz Internacional

CORPORACIÓN
MANOS POR LA PAZ INTERNACIONAL





Cel. 313-8662933     Apartado Postal 359976
Con el apoyo de la Fundación Apoyo Reconciliación Colombia



COMUNICADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

Agosto 12, 2011

                                   El proceso de desmovilización en Colombia,

                                  El caso del  Ejército Revolucionario Guevaristas (E.R.G.)                         





A:

-La Comisión Europea

Copia:

-Presidencia de la República

-Vice Presidencia

-Ministerio de Defensa Nacional

-Ministerio del Interior y de Justicia

-Fiscal General de la Nación

-Programa Asistencia Humanitario al Desmovilizado, PADH

-Alto Consejería para la Reinserción y Reintegración 

-Conferencia Episcopal Colombiana

-Defensoría del Pueblo

-Procuraduría General de la Nación

-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

-OEA

-Medios de Comunicación

Uno de los más seguros caminos hacia la paz es cumplir con los que la que quieren y han mostrado voluntad sincera para hacerla. Una de las razones para que el Estado Colombiano no lo logre, es el incumplimiento de sus promesas y la carencia de leyes de desmovilización. No es tanto que la sociedad no está dispuesta a recibir ex combatientes de Grupos Armados Ilegales, sino que el Estado no cumple a los que dejan las armas.

La gran mayoría de los desmovilizados -autodefensas como guerrilla- se sienten engañados por el Estado, los diferentes gobiernos hasta ahora no han sido capaces o no han querido crear un marco jurídico que les genere seguridad. No desconociendo los esfuerzos, buenas intenciones y  honesta labor de muchos militares y funcionarios públicos, en general se debe concluir que las diferentes instituciones estatales que tienen que ver con el tema de la desmovilización y reinserción, a pesar de su poderosa maquinaria de propaganda a nivel nacional e internacional, hasta ahora no han obtenido credibilidad, por falta de claridad política y de un trabajo de cooperación mutua, estructural y eficaz. Entidades de seguridad del Estado sufren de celos políticos y no comparten la información obtenida de los desmovilizados que es vital para la seguridad de la Nación.

El engaño que ha sido el proceso para muchos hasta ahora, más que todo para los que voluntariamente se desmovilizaron y que en la actualidad están privados de la libertad, es perfectamente conocido por la guerrilla activa. Cuántos combatientes dispuestos a dejar las armas no lo han hecho porque no hay garantías, porque les espera una trampa, o una pena de sesenta años en la cárcel.

El movimiento de desmovilización, reparación y reconciliación, Manos por la Paz, que en el año 2007 nació entre grupos guerrilleros, en los diferentes centros de reclusión, en patios de alta seguridad, creció en un solo año con más de mil miembros, solo porque había confianza en el compromiso, cooperación y veeduría internacional en el proceso.

Es así como el mismo gobierno obstaculizó ese frágil y único proceso civil de paz, defraudando a los ex guerrilleros detenidos y a los que voluntariamente se entregaron, lo que tiene su efecto inmediato en el monte; los que buscaban la manera de dejar las armas se arrepintieron y prefieren morirse allí que pudrirse pagando condenas de hasta sesenta años de cárcel.

Ahora, muchos que acudieron inicialmente de buena fe a acogerse a la Ley de Justicia y Paz, desilusionados están abandonando su colaboración con la administración de justicia, por falta de garantías básicas de parte del Estado, mientras sí ellos y sus familias pueden contar con la eterna venganza de parte de sus ex jefes. Así que vuelven a la justicia ordinaria, con el resultado que la verdad de esta guerra, requerido en el marco de la Justicia Transicional, y derecho fundamental de las víctimas, finalmente reconocidos oficialmente, queda por siempre enterrada.

El reto de la desmovilización de grupos ilegales en el país es enorme. La improvisación y arbitrariedad que se encuentra en el camino, los mencionados celos políticos entre las diferentes entidades estatales que tienen el tema bajo su responsabilidad, el fenómeno de funcionarios cuyas nombramientos son políticos y no profesionales, y la tradicional corrupción; todo esto debe ser de primordial preocupación del estado colombiano. Pero hay voluntad política de arriba?

O la guerra es negocio?

Es justo que en la actualidad existe una ofensiva publicitaria recomendando la desmovilización, sin que exista un régimen aplicable vigente? Hecho que acrecienta los temores de los desmovilizados-postulados, y que hace nada atractivo el desenlace inmediato de la Justicia Transicional en Colombia.

                                          El Ejército Revolucionario Guevarista (E.R.G.)

Uno de los ejemplos que más ilustra el engaño estatal, es el trato que recibió la cúpula de la E.R.G, disidencia del E.L.N que voluntariamente se entregó en 2008, y desde entonces no han parado de colaborar con la justicia de una manera sincera y eficaz.

Su historia es esta. El día 2 de agosto de 2008, en la vereda Alto Guaduas del municipio de Carmen de Atrato, en presencia del padre Jesús Albeiro Parra, director de la pastoral social de la Diócesis de Quibdó y de Víctor Raúl Mosquera, Defensor del Pueblo, Regional Chocó; quienes actuaron en calidad de testigos, se firmó un acuerdo entre el gobierno nacional, representado por el señor Alto Comisionado para la Paz, doctor Luis Carlos Restrepo, y los señores Lizardo y Efraín Sánchez Caro en su condición de miembros representantes del Ejército Revolucionario Guevarista, E.R.G.

En dicho acuerdo se establece entre otros; el marco jurídico bajo el cual se llevará a cabo el proceso de transición, y las obligaciones que adquiere el Gobierno Nacional respecto de hacer presencia en las zona donde operaba el E.R.G.

Lo primero que observamos es la forma tan folclórica en que consta el acuerdo; dos folios elaborados a mano por el Alto Comisionado para la Paz, con la firma de dos testigos.

Se ofrece la postulación a la Ley 975 de 2005, también llamada Ley de Justicia y Paz, esto a pesar que para esa fecha, agosto 2 de 2008, los beneficios y procedimientos que establece dicha ley no eran aplicables al E.R.G. El entonces Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, conocía que los miembros de dicho grupo eran responsables de hechos posteriores a julio 25 de 2005.

El hecho cierto es que se carece de marco jurídico para quienes se han desmovilizado con posterioridad al 25 de julio de 2005, situación que les genera a los desmovilizados-postulados dos condenas penales; una de hasta ocho años en Justicia y Paz y otra de hasta sesenta años en la jurisdicción ordinaria.

El Gobierno Nacional incumplió con todos los puntos del acuerdo, escrito a mano por el Alto Comisionado para Paz, en presencia de representantes testigos de la Iglesia y de la Defensoría del Pueblo.

Hasta el día de hoy se encuentra la cúpula de la E.R.G, que voluntaria y colectivamente se entregó, en la Cárcel de Itagüí, con los beneficios ofrecidos incumplidos, su futuro jurídico totalmente incierto. Los miembros del E.R.G, un ejemplo de buena voluntad de paz, han sido netamente engañados, están desconcertados y desmotivados

Tampoco hubo la inversión y presencia estatal anunciada en sus zonas de influencia, ni sus familias han sido protegidas (hasta algunos fueron asesinados por venganza), ni los famosos proyectos productivos para desmovilizados se desarrollaron.

                                                    Acción Inmediata:

Lo que se requiere es una acción inmediata y clara del Estado para salvar el Proceso de Transición, articulando un marco jurídico que permita el esclarecimiento de la verdad sobre la totalidad de los hechos de sangre en que incurrieron los grupos armados.

                                  Llamada a la Comunidad Internacional:

El Estado Colombiano, según los tratados internacionales tiene la obligación de adelantar una “investigación genuina”, (Corte Penal Internacional), ratificada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para satisfacer los derechos de las víctimas. Cuando se incumple el acuerdo, obstruyendo dicha investigación, se viola el derecho de las víctimas.

Por lo tanto, la comunidad internacional, en especial los países cooperantes de la Unión Europea, comprometidos con la paz en Colombia, en vez de confiar en mera propaganda en favor de los programas estatales para la reinserción, se debe ofrecer un acompañamiento serio e independiente, y ejercer una vigilancia verdadera sobre el cumplimiento de las obligaciones mutuas, para con ello generar la confianza necesaria para futuras y auténticas desmovilizaciones (no falsas), sin las cuales jamás habrá paz en este país.



Manos por la Paz Internacional

Agosto 12, 2011





Mario Agudelo (314-6182300)

mario.clasesdematematicas@gmail.com

Omar Roa (320-7123865)

manosporlapazinternacionalabogado@hotmail.com



Liduine Zumpolle (313-8662933)




Anexos:

 - Acuerdo del Estado Colombiano, el 2 de agosto de 2008, firmado por Luis Carlos Restrepo, en su condición de Alto Comisionado para la Paz.

- Carta dirigida a la Fiscalía General, de julio 2011, suscrita por miembros de la E.R.G.

  

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