domingo

No hay misión más bella, ni corazón más feliz, que cuando se trabaja por la Paz

EDITORIAL

Colombia, Septiembre de 2011



Los Desmovilizados de Colombia acompañamos fervorosamente la Semana por la Paz 2011, que se realiza del 4 al 11 de septiembre, por iniciativa del Secretariado Nacional de Pastoral Social de la Iglesia Católica, con la participación de ONG’S y diversas expresiones de la sociedad civil, la cultura y las comunidades religiosas. Compartimos enteramente el objetivo de comprometer a los colombianos en la construcción de la paz, "adquiriendo un compromiso individual y colectivo que respalde las acciones de reparación integral a las víctimas" de la guerra. Esta iniciativa se realiza todos los años desde 1994 para hacer visibles los procesos y esfuerzos de miles de personas que trabajan por el logro de la paz y por la construcción de iniciativas para dignificar la vida.

Los presentes son tiempos difíciles y dolorosos cuando el antiguo conflicto armado se extiende y ramifica, perdura y se degrada por la acción de múltiples actores e intrincados intereses cuyos tentáculos asfixian y atenazan el normal desarrollo de la democracia y los esfuerzos de la sociedad y los gobiernos nacional y departamentales por afianzar condiciones de trabajo y prosperidad, dignidad humana y justicia social.

Los sueños de Paz de las grandes mayorías nacionales chocan contra realidades sumamente complejas y enemigos poderosos que pugnan por imponer sus conveniencias y egoísmos a costa de los sufrimientos y las angustias de millones de compatriotas cuyas voces no son atendidas y sus necesidades son ignoradas por los brutales sistemas de opresión que imponen la guerra y el terror como métodos de coacción y sumisión, atentando contra las libertades individuales y el progreso social.

No será nada sencillo para Colombia salir del círculo fatídico y vicioso de la guerra y su financiación, la retórica propagandística y farisea, su secuela de víctimas y desprecio por la vida, el daño grave al ambiente y la naturaleza, sus cadenas de venganza y retaliaciones, saqueo de las arcas públicas generadas bajo las cortinas de humo y la confusión ética y moral que crecen como mala hierba en la sociedad y la política al amparo del ‘todo vale’ promovido por la desorientación del alma colectiva y la pérdida de valores tras décadas de violencia, corrupción e impunidad.

Por grandes que sean los obstáculos que se interponen la necesidad de construir la Paz sigue siendo prioridad y amerita todo nuestro esfuerzo y compromiso como desafío grandioso e ineludible, como meta donde hemos de hacer confluir lo mejor de Colombia y de su gente, sumando y multiplicando los corazones y las voluntades en pos de hacer realidad aquello que se ha venido postergando, década tras década, y sigue constituyendo la misión por excelencia, la misión de las misiones encomendada por el destino a las actuales generaciones de colombianas y colombianos.

Que la Paz de Colombia tiene enemigos lo sabemos, pero al fin de cuentas constituyen una minoría, poderosa e inescrupulosa pero minoría al fin. Son en cambio las grandes mayorías, deseosas de Paz, las que requieren de argumentos y sentimientos, razones y acompañamiento, prédica y organización, para deshacer los nudos de indiferencia, los desiertos de incomprensión y los inmovilismos que nacen del escepticismo y la desconfianza, y así acometer la gesta heroica y valiente de remover todo aquello que se interpone entre el presente de guerra y el futuro de Paz.

El gobierno del presidente Santos ha insinuado cada vez con mayor elocuencia que está decidido a emprender iniciativas audaces que permitan dar pasos en dirección de la Paz. Los máximos referentes de las guerrillas y también otros actores armados ilegales han hecho saber o han dejado trascender a los medios y a la Iglesia que están dispuestos a dar el paso que permita iniciar acercamientos con los representantes del Estado. Son apenas los primeros tanteos, sobre condiciones y aproximaciones, sus características incipientes y sus posibles desarrollos, nada en firme, nada sólido aún, pero que ha sido suficiente para despertar expectativas y crear al menos un ambiente de discreto y muy cauto optimismo.

Pero, así como somos mayoritarios en Colombia –afortunadamente- quienes sostenemos que los diálogos de Paz, serios y dirigidos al fondo de la cuestión, son necesarios, bienvenidos y reclaman merecidamente su espacio en la agenda nacional, no faltan aquellos que desde tribunas de opinión y fortines políticos se empeñan en desacreditar de raíz cualquier intento que se hace, o se vislumbre como posible en el horizonte, de acercar a las partes del conflicto armado en pos de arribar a una solución política que ponga fin a los enfrentamientos. Unos porque no creen en la voluntad de Paz de los alzados en armas e ilegales, otros porque no quieren asumir el costo político o económico de la Paz; tampoco faltan quienes solo razonan en términos de victoria militar o rendición incondicional del enemigo, así como hay quienes siguen aferrados a que o es Revolución o no es nada. Hay de todo en la viña del Señor y son estas peleas casadas y estos sectarismos arraigados los que dificultan que se abra camino un proceso de Paz, no lo impiden pero son contradicciones fuertes en el seno de la sociedad que habrá que superar con prudencia y persistencia, paciencia y elocuencia, para que desde el Estado y sus contrapartes rebeldes y sediciosas, se alienten aquellas voluntades que están dispuestas a dar el paso de la guerra a la Paz pero necesitan señales fuertes que cohesionen sus frentes internos, deliberantes y dubitativos, sobre la madurez en la sociedad para ponerle el hombro a conversaciones y acuerdos que no serán fáciles de alcanzar.

Se han conocido fragmentariamente apartes de iniciativas como la de la Comisión de Paz del Senado, liderada por el congresista Roy Barreras, y a estas horas en poder de la Presidencia de la Nación para su análisis, donde se cimentan las bases de un proyecto legislativo para un Nuevo Marco de Justicia Transicional. Se contemplaría allí, entre otras cosas, un Plebiscito o Constituyente, que permita conocer hasta dónde el pueblo está dispuesto a llegar y conceder para lograr la Paz de Colombia, su acuerdo con una amnistía condicionada, con recupero de derechos políticos, y en general todo aquello que haga compatible la Legislación internacional aceptada por Colombia con el ordenamiento legal interno, y esto en sintonía con la propia Constitución y la eventualidad y pertinencia de su adecuación a la consecución y afianzamiento de la Paz.

Quienes nos hemos desmovilizado en los años recientes en condiciones de precaria seguridad jurídica y tras procesos de enorme fragilidad política, incomprensión social y estigmatización mediática donde primaron el voluntarismo y la improvisación por parte de las autoridades – cuando no la lisa y llana mala fe- no podemos esta vez sino reclamar y esperar del aparato estatal y del Gobierno una actuación acorde con la magnitud y trascendencia de lo que está en juego, que es nada menos que la posibilidad de concretar la Paz de Colombia y garantizar la No Repetición de los ciclos de violencia y victimización.

Pertenecen al acumulado político de la Nación y la memoria colectiva de los colombianos los errores del pasado en cuestiones de procesos de Paz. Hemos hecho nuestra autocrítica y sobrada crítica existe sobre lo acontecido en los últimos treinta años en esta materia. Pero las críticas, ponderadas y rigurosas, no pueden llegar al punto de invalidar de antemano los procesos de Paz que aparecen en el horizonte del corto plazo como posibilidades latentes sobre las cuales no son admisibles ni las demoras injustificadas ni las condenas tajantes e inapelables, que por miedo al fracaso pretenden abortar el nacimiento de cualquier germen de diálogos de Paz.

Que vayan y le pregunten a Cano y su grupo, a Gabino y su grupo, si están dispuestos a abandonar las armas y venirse para las cárceles de Colombia, de Estados Unidos y tal vez de otros países a pagar o purgar penas, a desmovilizarse pero también renunciar a defender sus ideales desde los escenarios y tribunas públicas con plenos derechos y garantías, así como hallar ocupación laboral e inserción en el aparato productivo legal de la Nación.

Finalmente, y sin dejar de exigir, impulsar y concretar la debida Reparación de todas las víctimas así como exigir de todas las partes la No Repetición de actos de violencia, no podemos sino enfatizar los Desmovilizados de Colombia sobre la segunda oportunidad en esta vida que debemos estar dispuestos a conceder y garantizar a quienes vayan a entregar las armas anhelando Reconciliarse con la sociedad entera y bajo el amparo del Estado y la Constitución.

En un conflicto armado que se ha extendido ya más de cinco décadas somos muchos, muchísimos, quienes hemos sido sucesivamente, alternadamente, en algún momento por acción u omisión, ora víctimas ora victimarios, con mayor o menor responsabilidad, indiferentes o solidarios, tolerantes o intolerantes, para no reconocer ahora que todos hemos fallado, en mayor o menor medida, y que ante este lamentable estado de guerra, este tristísimo estado de cosas, todos estamos obligados en conciencia a aportar nuestro granito de arena para hacer posible la construcción de la Paz de Colombia.

Se avecinan horas de definiciones, horas donde estarán sobre la Mesa los elementos constitutivos del Gran Acuerdo Nacional, los componentes y los actores de la Hoja de Ruta que ha de llevarnos desde las orillas de la guerra a las orillas de la Paz. No se trata solo del diálogo y los acuerdos entre las partes de la guerra, también se trata del diálogo y el consenso entre los poderes de la democracia, entre los actores políticos, y en el seno mismo de la sociedad civil y las ciudadanas y ciudadanos todos.

No será sencillo, lo sabemos, pero los Desmovilizados de Colombia pondremos de nuestra parte todo para que resulte. Desmovilizarnos no ha significado desentendernos: quienes dimos el primer paso no lo hicimos solo por nosotros mismos, también lo hicimos para abrirles el camino a todos quienes permanecen en el monte… y ese camino lo seguiremos abriendo, insistiendo a derecha e izquierda, poniéndole el pecho a la brisa porque no hay misión más bella, ni corazón más feliz, que cuando se trabaja por la Paz.


Comité Editorial

sábado

Carta dirigida al Dr Miguel Samper Strouss


Bogotá D.C, Septiembre 16 de 2011
 
Doctor
MIGUEL SAMPER STROUSS
Director de Justicia Transicional Min-Interior
Ciudad.
   
Respetado Doctor.


Los Miembros Representantes y Comité de Presos Políticos de las Autodefensas Desmovilizadas recluidos en el Pabellón de Justicia y Paz de la penitenciaria la Picota de Bogotá, en nombre de los postulados a la Ley 975 de 2005 que representamos, presentamos un respetuoso saludo convencidos que su gestión como Director de Justicia Transicional del Gobierno Nacional, ayudara a consolidar la Paz, la Reconciliación y la Reinserción, anhelo común del pueblo Colombiano y del Gobierno que usted representa.

Distinguido Dr. Samper, hemos recibido con satisfacción las iniciativas y propuestas de diferentes sectores de la dirigencia Nacional, de acompañar y adelantar el proyecto de Ley bandera de este Gobierno, de la creación de un “Nuevo Marco para la Paz” proyecto este que subsanaría las falencias y vacios jurídicos que presenta la Ley de Justicia y Paz y dejaría abiertas las puertas para futuros procesos de Paz.

En este mismo sentido y con la preocupación que nos asiste como destinatarios de la mencionada Ley, queremos dejarle planteado algunas consideraciones jurídico procesales y políticas, a raíz de unas solicitudes por parte del INPEC de querer trasladar postulados a la Ley 975 de 2005 a cárceles y pabellones de Alta y Máxima Seguridad, caso concreto la solicitud que elevo este Instituto a la Honorable Corte Suprema de Justicia, en oficio # 7100 del 19 de Agosto de 2011, solicitando trasladar al Sr. JHON FREDY GALLO BEDOYA postulado a la Ley y Miembro Representante del
extinto Frente Celestino Mantilla de las Autodefensas Campesinas del Magdalena Medio hoy desmovilizadas, solicitud que fue conocida por los firmantes en decisión de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal con el radicado: (Definición No. 37.253, procesado Ramón María Isaza Arango y Otros, de Agosto 31 de 2011).

DEL SUSTENTO JURÍDICO DEL SISTEMA DE JUSTICIA TRANSICIONAL Y DEL RÉGIMEN CARCELARIO


El tema de la Paz desde el punto de vista de la normatividad ha sido una constante, sólo que la equivocación en su desarrollo ha sido la frustración, pues el camino es un acto legislativo y después si, su desarrollo legal. Destacamos el interés político por la reconciliación, el interés de los Gobiernos anteriores y el actual en llegar a “una solución política negociada del conflicto” solo que el camino, es crear primero el marco que se va aplicar a los actores del conflicto, llámense particulares y/o agentes del Estado.

Este es el resumen normativo de ese caminar en búsqueda de la Paz.

Ley 418 del 26 de diciembre de 1997.

Disposiciones para facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con organizaciones armadas al margen de la ley, a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica.

Artículo 8º. En concordancia con el Consejo Nacional de Paz, los representantes autorizados expresamente por el Gobierno Nacional, con el fin de promover la reconciliación entre los colombianos, la convivencia pacífica y lograr la paz, podrán:

a). Realizar todos los actos tendientes a entablar conversaciones y diálogos con las Organizaciones Armadas al margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político;

b).   Adelantar diálogos, negociaciones y firmar acuerdos con los voceros o miembros representantes de las Organizaciones Armadas al Margen de la ley a las cuales el Gobierno Nacional les reconozca carácter político, dirigidos a obtener soluciones al conflicto armado, la efectiva aplicación del Derecho Internacional Humanitario, el respeto a los derechos humanos, el cese o disminución de la intensidad de las hostilidades, la reincorporación a la vida civil de los miembros de éstas organizaciones y la creación de condiciones que propendan por un orden político, social y económico justo.


Esta base fundamental por la Paz, ha sido prorrogada y modificada por otras normas que apuntaba al mismo objetivo. 

Ley 548 del 23 de diciembre de 1999.
Ley 782 del 23 de diciembre de 2002.

Como este marco no tenía la entidad legal para regular un proceso de Paz, el Gobierno anterior propuso al congreso un proyecto de ley el cual se convirtió en la ley 975 del 25 de julio de 2005, regulación más amplia que las anteriores, pero muy cerrada en su aplicación y corta en la visión, motivo por el cual en el Congreso cursa ahora “El Acto Legislativo por la Paz”, sin duda alguna, la herramienta indispensable y real para este propósito tan anhelado en Colombia.


La ley 975 del 2005, trajo importantes aportes al contexto del proceso de Paz, como son entre otros: la desmovilización, postulación, la verdad, la justicia, la reparación, la pena alternativa y desde luego la supremacía de la “Justicia Transicional, sobre la Permanente u ordinaria”.

Hoy en el año 2011, de más de 34.000 procesos en justicia y Paz, solo se han fallado 4, desde luego por el trámite, que en Colombia supera lo sustancial, en abierta disputa con el marco Constitucional en su artículo 228 que ordena… “Lo sustancial debe primar sobre lo adjetivo o procedimental.”

Las desmovilizaciones de los grupos de autodefensa empezaron en Colombia con el marco jurídico que antecedía a la ley 975 del 2005, el mismo que consagraba el carácter político al decir que “Que las normas se aplicarían a los grupos organizados al margen de la Ley, que el Gobierno les reconozca el carácter político”. Desde luego que este carácter, estuvo implícito en la negociación y posterior desmovilización, pues así fue consagrado en el artículo 71 de la SEDICIÓN, declarado inexequible por la Honorable Corte Constitucional en la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, pero por vicios de tramite y no de fondo, por cuanto este carácter político ya viene en las normas antes citadas.

¿Por qué hablar de todo esto?, sencillo, porque lo que consagró el legislador mientras no sea derogado se debe aplicar y las leyes 418, 548, 782 y 975, están en vigencia y como tal se deben aplicar, quiere decir lo anterior que LAS NORMAS SOBRE LA PAZ, son de carácter transicional y no del ámbito permanente u ordinario, como tal “Son diferentes y priman sobre estas últimas” pues la Paz, es un Derecho Fundamental, de rango supra legal, del bloque de Constitucionalidad, a más regulado e inserto en Tratados y Convenios, legalmente suscritos y aprobados por Colombia.

Establecido por la Honorable Corte Suprema de Justicia que la Justicia Transicional y la Ordinaria tienen ámbito de aplicación diferente y la primera de rango superior y especial, es pertinente traer a colación lo dicho en la PRIMERA SENTENCIA EN FIRME DE JUSTICIA Y PAZ, de los desmovilizados EDWARD COBOS TÉLLEZ Y UBER ENRIQUE BANQUEZ MARTÍNEZ.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SEGUNDA INSTANCIA
RAD.         34547. ACTA 139
FECHA.    27 DE ABRIL DE 2011
M.P.        MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMUS
Significa lo anterior, entonces, que la filosofía de este sistema (Justicia Transicional) difiere del regido por la justicia ordinaria, indispensable es citar las diferencias y ámbito de su aplicación:

Diferencias entre Justicia ordinaria y transicional. Por eso, lo tiene también establecido la jurisprudencia de esta Corporación, entre la legislación penal ordinaria y la transicional se destacan varias diferencias, que bien pueden identificarse de la siguiente manera[1]:

(i)     Con relación a sus destinatarios: porque mientras el régimen penal ordinario está dirigido a los ciudadanos del común que eventualmente pudieran ser, en el futuro, responsables de una conducta delictiva, la normatividad concebida para buscar la reconciliación y la conquista de la paz se aplica a personas que hacen parte de grupos organizados al margen de la ley, dedicados en el pasado a sembrar el terror y a quienes el Estado busca ahora atraer a la institucionalidad.

(ii)    En cuanto a la expectativa de su aplicación: por cuanto mientras el marco de la regulación ordinaria asegura garantías al justiciable, el ordenamiento previsto en la Ley 975 de 2005 le ofrece a los desmovilizados significativas ventajas punitivas, que de otra manera serían imposibles de alcanzar.

(iii)   Frente a los derechos de que son titulares cada uno de los dos procesados en las distintas legislaciones: pues mientras el de la justicia ordinaria tiene derecho a exigir que se le investigue dentro de un plazo razonable, amparado entre otros, por el derecho a la no autoincriminación, el desmovilizado somete su poder al del Estado (entregándole sus armas y cesando todo accionar violento), renunciando a la garantía constitucional contenida en el artículo 33 superior, para confesar voluntariamente sus crímenes, ofrecer toda la información suficiente para que se constate su confesión y esperar a cambio de dicha actitud las ventajosas consecuencias punitivas que consagra la ley a cuyo favor se acoge.
 
(iv)   Respecto de la actitud asumida por el sujeto pasivo de la acción: porque al paso que el procesado por la justicia y con la legislación ordinaria está enfrentado con el Estado, en términos de combativa exigencia, producto del ejercicio pleno de sus garantías procesales, el justiciable desmovilizado se encuentra sometido, doblegado voluntariamente ante el Estado en busca de la indulgencia ofrecida por la alternatividad penal prevista en la Ley.

(v)     En lo concerniente al objetivo buscado con la pena: en tanto en la legislación ordinaria el anuncio general de la sanción tiene una función preventiva, frente a la legislación de Justicia y Paz el anuncio de una pena tan benigna busca efectos seductores, si se quiere, de invitación a la reconciliación sin mayor retribución, a la otra oportunidad, al ejercicio de la alternativa por una vida alejada de la violencia, a la restauración de las heridas causadas con su accionar delincuencial, a la transición hacia una paz sostenible, posibilitando la desmovilización armada y la reinserción a la vida civil de los integrantes de aquellos grupos violentos.

(vi)   Finalmente, en lo correspondiente al sujeto protagonista del proceso penal: mientras la modernidad lo construyó para rodear de garantías y derechos al sindicado, la legislación de Justicia y Paz colocó como eje central de su accionar a la víctima, para quien hay que reconstruir la verdad de todo lo acontecido, respecto de lo cual hasta ahora sólo ha percibido el dolor de la muerte, el desplazamiento, la violencia sexual y la desesperanza producida por la soledad en la que la abandonó el Estado.
(Hasta aquí apartes Sentencia 34.547 H.C.S.J. 2ª. Instancia)

Como consecuencia del proceso de Paz, de la normatividad creada en reseña, la jurisprudencia nacional e internacional, dado el conflicto que vive Colombia, la justicia ordinaria o permanente no es la llamada a aplicarse a los “grupos organizados al margen de la ley que se hayan desmovilizado y sometido a la justicia transicional” y desde luego menos la ley 65 de 1993 (Régimen Penitenciario y Carcelario), pues la misma ley 975 de 2005 en su artículo 30 establece que: El Gobierno Nacional determinará el establecimiento de reclusión donde debe cumplirse la pena efectiva.

        En el artículo 32 de la misma obra establece que: La competencia para adelantar la etapa de juzgamiento de los procesos de que trata la presente ley, vigilar el cumplimiento de las penas y la obligaciones impuestas a los condenados, radica en Los Tribunales de Justicia y Paz, designados por el Consejo Superior de la Judicatura.
Con la preceptiva normativa imperante en el artículo 30 de esta norma transicional el Gobierno Nacional a través del INPEC, expidió la Resolución 06305 del 26 de junio de 2009, creando el RÉGIMEN CARCELARIO QUE REGIRÁ A LOS DESMOVILIZADOS POSTULADOS y para el efecto, en su artículo 5º y parágrafo determinó que “El Gobierno Nacional creará los Establecimientos y Pabellones, cuyos destinatarios son los desmovilizados postulados a la ley 975 de 2005 y que estarán en fase de mediana seguridad.”

En consecuencia no es al INPEC a quien compete trasladar a un desmovilizado y postulado a un centro carcelario de máxima seguridad, pues la resolución en comento establece que son clasificados en mediana seguridad, tiene régimen legal, carcelario y jurisdiccional diferente a la justicia ordinaria, de contera el jefe quien determina o ventila la situación de ubicación es el Magistrado que adelante el proceso, por ,mandato del artículo 32 de la ley 975 de 2005 y al INPEC le corresponde es la vigilancia de los postulados, pero no opera la ley 65 de 1993, por sustracción de materia.        
 
  Sabemos que se pretende hacer traslados de postulados, con el comentario que pueden estar delinquiendo, esto es violatorio del debido proceso y la presunción de inocencia consagrados en el artículo 29 de la Carta Política y 7º del Código de Procedimiento Penal, ya que para ello existe la jurisdicción para investigar lo pertinente y no por presentación de escritos que la prensa o detractores de la Paz, puedan impetrar para derrumbar el proceso de Paz más difícil, pero real adelantado hasta el momento en Colombia.

Como desconocer un régimen legal creado por el legislador y avalado por la judicatura en sendos fallos, donde se establece que la “Justicia Transicional es diferente a la ordinaria” a más de crearse un manual penitenciario especial en la Resolución 06305 del 26 de junio de 2009.

Respetado Señor Director de Justicia Transicional, el competente para ordenar un traslado de un postulado no es el INPEC, sino el Magistrado que adelanta el proceso de este y el Gobierno debe crear de manera urgente los Establecimientos de Reclusión Especial para la Justicia y la Paz como lo ordena la Resolución antes citada, por ser la justicia transicional superior y diferente al régimen común.
El INPEC no puede por prohibición Constitucional y Legal, argumentar que va ha trasladar a un postulado de un pabellón de Justicia y Paz a una cárcel de alta seguridad, pues vulnera la Constitución, la ley, los reglamentos, la presunción de inocencia, pues la persona es declarada culpable “cuando haya sido investigado, juzgado, condenado y sin que la providencia tenga recurso alguno”, lo contrario, es acabar con el derecho de un tajo e incurrir en vías de hecho.




MIEMBROS REPRESENTANTES COMITÉ DE PRESOS POLÍTICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS

c.c.
-Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Ley de Justicia y Paz (Min-Interior
 – Procuraduría – Alta Consejería   para la Reintegración - Fiscalía UNJyP – INPEC)
-Tribunal Superior del Distrito de Bogotá – Sala de Justicia y Paz
-MAPP - OEA

jueves

Proyecto de acto legislativo

"Por medio del cual se adiciona un nuevo artículo transitorio a la Constitución Política de Colombia y se modifica el artículo 122 constitucional, con el fin de darle coherencia a los diferentes instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política"



Bogotá D.C Septiembre 12 de 2011.

Doctor:
SIMON GAVIRIA
Presidente Cámara de Representantes.
H. Congreso de la República
Ciudad



Nos permitimos presentar para su discusión y posterior aprobación del Honorable Congreso de la República el siguiente Proyecto de Acto Legislativo “Por medio del cual se adiciona un nuevo artículo transitorio a la Constitución Política de Colombia y se modifica el artículo 122 constitucional, con el fin de darle coherencia a los diferentes instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política”.

En consecuencia, los abajo firmantes, dejamos en consideración del H. Congreso de la República el proyecto de Reforma Constitucional, en los términos de la exposición de motivos y en ejercicio de las facultades constitucionales y legales de la ley 5ª de 1992 “Reglamento Interno del Congreso”.



PROYECTO DE ACTO LEGISLATIVO____________________ DE 2011

Por medio del cual se adiciona un nuevo artículo transitorio 66 a la Constitución Política de Colombia y se modifica el artículo 122 constitucional, con el fin de darle coherencia a  los diversos instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la Constitución Política.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1. La Constitución Política tendrá un nuevo artículo transitorio que será el 66, así:

ARTÍCULO TRANSITORIO 66. Los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, garantizando la seguridad de todos los colombianos. Estos instrumentos serán temporales y excepcionales.


La Ley podrá diseñar mecanismos de justicia transicional de carácter judicial o no judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso el gobierno nacional aplicará estrategias integrales para proteger los derechos de las víctimas.


Los criterios de priorización y selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. Dentro del año siguiente a la promulgación del presente acto legislativo el gobierno nacional presentará para aprobación del Congreso los proyectos de ley que determinen los criterios de priorización y selección de casos en materia penal.


De conformidad con los criterios de priorización y selección establecidos para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, el Legislador, por iniciativa del gobierno nacional, podrá ordenar la renuncia a la persecución penal. En tales casos el Legislador deberá ordenar la aplicación de mecanismos colectivos y no judiciales para lograr una adecuada investigación y sanción, el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.



Artículo 2. El artículo 122 de la Constitución Política quedará así:


ARTICULO 122. No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.


Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.


Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.  


Dicha declaración solo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público.


Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.  Cuando por iniciativa exclusiva del gobierno nacional, así lo disponga el Legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, esta disposición no se aplicará a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un proceso de paz con el gobierno nacional.

Tampoco quien haya dado lugar, como servidores públicos, con su conducta dolosa o gravemente culposa, así calificada por sentencia ejecutoriada, a que el Estado sea condenado a una reparación patrimonial, salvo que asuma con cargo a su patrimonio el valor del daño.

Artículo 3. El presente Acto Legislativo rige a partir de su promulgación.

Atentamente,

SENADOR ROY BARRERAS

………………………………..

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Al menos desde la Ley 418 de 1997 y sus respectivas prórrogas, pasando por la Ley 975 de 2005, la Ley 1424 de 2010 y la Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas–, Colombia ha desarrollado una serie de instrumentos de justicia transicional para responder a diferentes coyunturas de violencia, con mayor o menor éxito. Si bien hay muchas lecciones aprendidas en estos procesos, no está clara la relación entre los diferentes instrumentos jurídicos, ni tampoco –y este es el punto fundamental– la contribución coherente de todos estos al fin último de la justicia transicional en Colombia que debe ser facilitar y consolidar el logro de la paz, protegiendo a la vez los derechos de todas las víctimas del conflicto armado interno.

El concepto de justicia transicional se refiere, como su nombre lo indica, al marco institucional necesario para garantizar una transición exitosa. En el caso de Colombia cabe hacerse primero la pregunta: ¿de qué transición estamos hablando? No se trata evidentemente de una transición de un régimen autoritario a una democracia liberal, del tipo que ha constituido el paradigma y la base de la doctrina internacional de la justicia transicional. Por muchas que sean las deficiencias de la democracia colombiana, el “momento transicional” de ampliación y profundización de la democracia se dio ya hace dos décadas con la promulgación de la Constitución de 1991. En este sentido, estamos más bien frente al problema de los impedimentos a la materialización plena de la Constitución y no ante la creación de un nuevo marco constitucional.


El mayor de esos impedimentos es sin duda la continuidad del conflicto armado interno. Y por esa razón el término “transición” debe ser entendido en el caso de Colombia primordialmente como la transición de una situación de conflicto a una de paz. Este tipo de transición exige que se pondere junto con la satisfacción de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, que son capitales en toda transición, otras consideraciones particulares a este tipo de transición, como son la reintegración eficaz de los excombatientes, la prevalencia de condiciones de seguridad en el territorio y en general las garantías de no repetición: no repetición de las violaciones sufridas por las víctimas y no repetición de nuevas violaciones en contra de nuevas víctimas.

Una transición de esta naturaleza supone unos niveles mucho más grandes de complejidad, puesto que el conflicto perdura en el tiempo y sus diferentes capítulos se van cerrando de manera gradual, como ocurrió con la desmovilización de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Esa gradualidad se convierte en un reto enorme para la satisfacción equilibrada de los derechos de las víctimas, puesto que en unos casos sus victimarios se han desmovilizado y en otros no. Esto significa que en el caso de Colombia no hay un único momento transicional sino varios momentos transicionales con el cierre gradual de diversos capítulos de la violencia.

A pesar de la complejidad de esta transición, el país ha carecido de una verdadera estrategia de justicia transicional que oriente la aplicación de los diferentes instrumentos jurídicos y de los esfuerzos complementarios a los que haya lugar, diferencie este “sistema transicional” de la administración de justicia ordinaria y logre un cierre jurídico de los diferentes capítulos del conflicto armado interno en Colombia de acuerdo con su naturaleza.


El objetivo del presente acto legislativo es entonces establecer un marco constitucional para la estrategia de justicia transicional que facilite el logro de una paz estable y duradera. La paz, derecho y deber de obligatorio cumplimiento, debe irradiar y guiar todos los instrumentos de justicia transicional.

1. Antecedentes



Este acto legislativo responde de manera directa a la crisis del modelo de justicia transicional implementado en el país. A pesar de los grandes esfuerzos llevados a cabo por todas las ramas del poder público e impulsados desde la sociedad civil, y de los importantes logros alcanzados –como por ejemplo la efectiva ubicación de más de 4000 cuerpos de personas desaparecidas– de no tomar medidas pronto el modelo de justicia transicional en el país estará en riesgo de colapsar. Si bien el ordenamiento jurídico colombiano cuenta con una serie de instrumentos encaminados al logro de la transición del conflicto armado interno a la paz, no existe una estrategia jurídica que enmarque y direccione estos instrumentos hacia el objetivo principal de alcanzar el cierre jurídico de los diferentes capítulos del conflicto armado interno en un período de tiempo limitado.


En primer lugar, seis años después de la entrada en vigencia de la Ley de Justicia y Paz, y luego de la desmovilización de 35,299 miembros de grupos paramilitares, se han producido cuatro sentencias de las cuales sólo una está en firme. En la medida en la que las investigaciones se hacen hecho a hecho, caso a caso, la simple imputación de los hechos denunciados, cerca de 340,000 hasta la fecha, podría tardar cerca de 100 años. Lo anterior con el agravante de que cada vez más y más postulados están considerando la posibilidad de renunciar al proceso de justicia y paz y no confesar los hechos en los que participaron por la inseguridad jurídica en la que se encuentra actualmente el proceso. De los 4,800 desmovilizados postulados a justicia y paz, la mayoría cumplirá 8 años de detención preventiva en diciembre de 2014, sin expectativa clara de que su caso sea resuelto.

Pero el problema no es simplemente del tamaño de las cifras y de las capacidades del Estado. Ante todo, es un problema de enfoque y de comprensión de cómo desarrollar un proceso efectivo de justicia transicional. Antes que mirar las cifras de número de casos resueltos y de años que nos tardaría resolverlos, es preciso advertir que el enfoque investigativo actual no permite a la Fiscalía General de la Nación concentrar sus esfuerzos y recursos en los casos de los “más responsables” –como es la práctica internacional– ni esclarecer patrones y contextos regionales de la operación de los distintos actores del conflicto, sino que fomenta la investigación de hechos individuales y aislados. El que la primera sentencia de justicia y paz se refiriera principalmente al delito de falsedad en documento público, demuestra que esta situación antes que garantizar la justicia podría generar una situación de impunidad.


De cara a esta situación, este acto legislativo busca re-direccionar el enfoque de investigación de los procesos de justicia y paz, con el fin de garantizar que la rama judicial concentre sus esfuerzos de investigación y sanción en los más responsables y permita el esclarecimiento, en un tiempo razonable, de los crímenes más atroces cometidos en el marco del conflicto armado interno. Una sociedad que no conoce su historia está condenada a repetirla, y si nuestro modelo de justicia transicional se dedica a investigar cada delito de manera independiente, será imposible llegar a comprender la verdad del conflicto armado en el país.


En segundo lugar, este acto legislativo busca también resolver el problema de los “menos responsables”. Actualmente se han desmovilizado cerca de 54,000 personas en el marco de la Ley 418 de 1997 y aquellas que la han prorrogado y modificado, de las cuales más del 90% no están postuladas a la Ley de Justicia y Paz. Tomando como base los tiempos de investigación e imputación de cargos según la experiencia de los procesos de justicia y paz, procesar judicialmente todos los hechos en los que participaron estas personas sería materialmente imposible. Este acto legislativo busca ofrecer respuestas jurídicas definitivas que, de cara a las desmovilizaciones que ocurrieron en el pasado, permitan dar un trato no judicial a quienes el legislador considere “menos responsables” de la comisión de los crímenes más graves, al tiempo que se esclarece la verdad y se repara a las víctimas. La creación de mecanismos no judiciales para los menos responsables, permitirá no sólo resolver la situación jurídica de desmovilizados que confiaron en el Estado, sino concentrar los esfuerzos y recursos de judicialización en los más responsables e incentivar procesos de contribución definitiva al esclarecimiento de la verdad y a la reparación de las víctimas.

Finalmente, este acto legislativo busca dar un marco constitucional que faculte al gobierno para impulsar las leyes que sean necesarias para futuras desmovilizaciones. De llegar a darse la terminación del conflicto armado, este acto legislativo permitiría ofrecerles a todos los actores de éste, con seguridad jurídica, una serie de medidas para incentivar la dejación de las armas y la reintegración a la sociedad, garantizando al mismo tiempo su contribución al esclarecimiento pleno de la verdad y a la reparación de las víctimas.

Este acto legislativo simplemente abre la puerta para que el legislador diseñe en su momento las medidas que sean necesarias para fomentar la dejación de las armas por parte de los grupos guerrilleros y su reintegración a la vida social y política de la Nación. Así, se garantiza que el marco jurídico facilitará y no obstaculizará la adopción de estas medidas. Sin embargo, será el legislador en ese contexto histórico-político particular el que determine cuál será el marco específico de beneficios y procedimientos a los que deban someterse los miembros de los distintos actores del conflicto, según su nivel de responsabilidad.


Con el fin de abordar estos problemas y desarrollar las soluciones planteadas, el presente acto legislativo incorpora cinco medidas concretas: (i) Recuperar el lugar de la paz como fin prevalente de los instrumentos de justicia transicional; (ii) Autorizar la creación de mecanismos no judiciales de investigación y sanción; (iii) Permitir la creación de criterios de priorización y selección de casos; (iv) Facultar al legislador para ordenar la cesación de la acción penal de conformidad con los criterios de priorización y selección; y (v) Excepcionar la aplicación del inciso 5 del artículo 122 de la Constitución Política para casos de futuros procesos de paz. A continuación se presentan las razones generales y específicas que justifican la adopción de estas medidas.



2. Justificación constitucional


Como lo advierte la Corte Constitucional “la propia Constitución de 1991 fue concebida por sus gestores como un tratado de paz.”(1) Con la participación de miembros desmovilizados del M-19, el EPL, el Quintín Lame y el PRT, así como de miembros de los partidos de la Unión Patriótica, el partido Liberal, el partido Conservador y el Movimiento de Salvación Nacional, se gestó un pacto político para dejar las armas y terminar el conflicto armado. Sin embargo, por distintas razones, el proyecto de paz de la Constitución de 1991 fue un proyecto incompleto. La no desmovilización de las FARC y el ELN supuso la continuación de conflicto armado y la exacerbación de otros tipos de criminalidad organizada. Este acto legislativo retoma el fin de la paz como finalidad prevalente de la Constitución, y en ese sentido es un desarrollo lógico de los fines que motivaron la Asamblea Constituyente de 1991.


Como lo advirtió la Corte Constitucional en la revisión de constitucionalidad de la Ley 975 de 2005, esta finalidad debe ser ponderada con otros valores constitucionales: “el logro de una paz estable y duradera que sustraiga al país del conflicto por medio de la desmovilización de los grupos armados al margen de la ley puede pasar por ciertas restricciones al valor objetivo de la justicia y al derecho correlativo de las víctimas a la justicia, puesto que de lo contrario, por la situación fáctica y jurídica de quienes han tomado parte en el conflicto, la paz sería un ideal inalcanzable.”(2) Sin embargo, según la Corte para establecer si la constitucionalidad de la relación establecida por el legislador entre la paz, la justicia entendida como valor y los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, es necesario hacer una ponderación de cara al caso en concreto. Como bien lo advierte la Corte, en ciertos casos “la reducción en el alcance del valor y el derecho a la justicia, al configurarse como instrumento para la materialización de la paz, puede a su vez constituir un medio para realizar los derechos de las víctimas a la no repetición -en la medida en que cesa el conflicto armado-, a la verdad -si quienes se desmovilizan revelan las conductas delictivas cometidas-, a la reparación -si en el proceso de desmovilización se consagran reglas que llevan a los desmovilizados a satisfacer ese derecho de las víctimas-.”(3)


En el caso de este acto legislativo, las normas incorporadas en materia de autorización de mecanismos no judiciales, de priorización y selección de casos y de cesación de la acción penal para los casos no priorizados, que podrían ser identificadas como limitaciones del derecho a la justicia, apuntan hacia la satisfacción efectiva del derecho a la no repetición –porque sin paz no hay garantía del derecho a la vida y a la integridad física, y sin estos derechos no existe la base para gozar de los demás derechos–, el esclarecimiento pleno de la verdad –al abrir la posibilidad de mecanismos no judiciales que permitan el esclarecimiento pleno de patrones y contextos–, y la efectiva reparación de las víctimas –a través de los mecanismos administrativos de restitución, reparación, rehabilitación y satisfacción incorporados en la Ley 1448 de 2011–.


A diferencia de otros procesos de reforma del marco de justicia transicional, este acto legislativo se enmarca dentro de la promulgación de la Ley 1448 de 2011 –Ley de Víctimas– que introduce por primera vez en el país, un marco completo para la reparación integral de las víctimas a través de procedimientos administrativos. Gracias a ello, la autorización para crear mecanismos no judiciales de justicia transicional, la implementación de las medidas de priorización y selección de casos, y la posibilidad de cesar la acción penal para los casos no priorizados, son medidas que no afectan de manera desproporcionada los derechos de las víctimas. Sin importar qué casos se prioricen o seleccionen a futuro, ni para qué casos se establezcan mecanismos no judiciales, la Ley de Víctimas garantiza que todas las víctimas sean reparadas a través de distintos programas integrales.


Pero más importante aún, la incorporación de este tipo de medidas pretende contribuir de manera efectiva a la protección de la justicia como valor, en tanto se de paso al esclarecimiento judicial efectivo de quienes ostentan la mayor responsabilidad por los crímenes cometidos. Las medidas incorporadas en este acto legislativo son ante todo estrategias de lucha contra la impunidad. Las lecciones aprendidas del proceso de justicia y paz, y de los distintos marcos jurídicos utilizados para resolver la situación jurídica de los menos responsables, nos permiten concluir que si no implementamos medidas para priorizar y seleccionar los casos de los más responsables y creamos mecanismos no judiciales que permitan esclarecer el contexto general de las violaciones ocurridas en el marco del conflicto armado, estaremos cada vez más cerca a la impunidad. Es esclarecimiento de los casos de los más responsables contribuye a satisfacer de manera más efectiva el derecho de las víctimas a la verdad.


Esta ponderación resulta importante no sólo para corregir los errores del pasado, sino para prevenirlos a futuro. Hoy los miembros de grupos paramilitares desmovilizados alegan con razón que las condiciones sobre la base de las cuales dejaron las armas no se han cumplido y amenazan con abandonar el proceso debido a la absoluta inseguridad jurídica. La única manera de abrir puertas ciertas a un proceso de paz en el futuro que conduzca hacia la desmovilización de las guerrillas, es que exista un marco jurídico suficientemente sólido de justicia transicional que realmente permita dar cumplimiento al principio de confianza legítima en el Estado.


Para asegurar el logro de la paz y a la vez la protección de los derechos de las víctimas y de la sociedad en general, la justicia transicional se enfoca de manera primordial –como lo demuestra la experiencia internacional– en el esclarecimiento de los fenómenos y patrones generales. Eso quiere decir que los instrumentos jurídicos y los medios a disposición del Estado se deben concentrar en la investigación y sanción de quienes tuvieron la mayor responsabilidad en la ocurrencia de los hechos más graves, al tiempo que se satisfacen los derechos de todas las víctimas a través de una estrategia integral de justicia transicional. El desarrollo de una estrategia que cumpla con todos estos propósitos requiere un marco de nivel constitucional.





(1) Sentencia C-370 de 2006
(2) Ídem.
(3) Ídem.



3. Justificaciones específicas

i. La paz como fin prevalente de los instrumentos de justicia transicional


El primer inciso del artículo 1 del Acto Legislativo afirma que:


Los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, garantizando la seguridad de todos los colombianos. Estos instrumentos serán temporales y excepcionales.


Mediante este inciso se busca constitucionalizar la justicia transicional y su finalidad. Retomar la paz como centro de todos los instrumentos de justicia transicional es la manera de garantizar que no perdamos de vista el objetivo estratégico.


Así mismo, la inclusión del concepto de conflicto armado se introduce con el objetivo de delimitar el contexto y uso de los instrumentos de justicia transicional e impedir su extensión a hechos y personas que estén por fuera de este marco. Estos instrumentos sólo son viables y legítimos en tanto permitan cerrar los distintos capítulos del conflicto armado interno en un tiempo razonable. En la medida en que el fin del conflicto armado interno no puede aplazarse indefinidamente, los instrumentos enfocados a su consecución son de carácter temporal.


De otra parte el inciso incorpora el concepto de excepcionalidad. Al enfrentarnos a contextos de violaciones masivas a los derechos humanos, las medidas que se implementen tienen que ser excepcionales, y por lo tanto distintas de aquellas propias del sistema ordinario de administración de justicia. Los instrumentos de justicia transicional no funcionan y no deben funcionar de la misma manera que la justicia ordinaria, ni se deben constituir en una jurisdicción paralela. Volver ordinaria la justicia transicional supone poner en riesgo los fines mismos de la justicia transicional, pero incluso, afectar el buen funcionamiento de la justicia ordinaria.


Finalmente, la referencia a la seguridad busca evitar que se plantee una falsa dicotomía entre la búsqueda de la paz y la seguridad. Los instrumentos de justicia transicional tienen como finalidad prevalente el logro de la paz y en tanto son exitosos en el cumplimiento de ese fin, pueden contribuir a la terminación y no repetición del conflicto armado interno y a la garantía de la seguridad de todos los colombianos.



ii. Mecanismos no judiciales de investigación y sanción

El segundo inciso del artículo 1 del Acto Legislativo afirma que:


La Ley podrá diseñar mecanismos de justicia transicional de carácter judicial o no judicial que permitan garantizar los deberes estatales de investigación y sanción. En cualquier caso el gobierno nacional aplicará estrategias integrales para proteger los derechos de las víctimas.


Este inciso tiene como fin autorizar al legislador a diseñar instrumentos tanto judiciales como no judiciales de investigación y sanción, para el logro de los fines de la justicia transicional.


En primer lugar es importante resaltar que no existe ninguna obligación internacional que prohíba que los deberes de investigar y sancionar se garanticen por medio de instrumentos no judiciales. La Convención Americana no incluye los deberes de investigar y sancionar de manera explícita. El desarrollo que de los artículos 1.1., 2, 8 y 25 ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que los Estados tienen el deber de investigar, juzgar y sancionar, el deber de adoptar disposiciones de derecho interno para respetar y garantizar los derechos contemplados en la convención, y la obligación de combatir la impunidad por todos los medios posibles. Sin embargo, es claro que la satisfacción de estas obligaciones no implica que los medios para hacerlo sean estrictamente judiciales. Así mismo el artículo 17 del Estatuto de Roma establece que “la Corte teniendo en cuenta el décimo párrafo del preámbulo y el artículo 1, resolverá la inadmisibilidad de un asunto cuando: a) El asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él salvo que éste no esté dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo (…).” En este sentido, una investigación no judicial completa generaría la inadmisibilidad de un caso ante la Corte Penal Internacional.


Teniendo en cuenta esta ausencia de prohibición, el ordenamiento jurídico colombiano puede diseñar instrumentos no judiciales de investigación y sanción que además sean idóneos para el goce pleno de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Los grandes contextos de verdad responden típicamente a procesos no judiciales; que en vez de probar cada hecho, esclarecen contextos amplios y buscan explicar las causas mismas del conflicto armado interno. Así las cosas, este acto legislativo faculta al legislador para que diseñe los instrumentos de justicia transicional, tanto judiciales como no judiciales, que garanticen los deberes de investigación y sanción de forma efectiva.


Aunque ya existen países como Uganda y Timor del Este que han diseñado mecanismos no judiciales de investigación y sanción, será el legislador colombiano el que tomará la decisión, en un contexto histórico-político particular, y diseñe los componentes que permitan garantizar verdaderos estándares de investigación y sanción. Algunos ejemplos incluyen comisiones de la verdad con equipos investigativos que no se limitan a oír a los victimarios sino que controvierten sus versiones con el resultado de la investigación paralela, y sanciones como las pedidas públicas de perdón y el trabajo comunitario, entre otras.


iii. Criterios de priorización y selección de casos

El tercer inciso del artículo 1 del Acto Legislativo contempla que:


Los criterios de priorización y selección son inherentes a los instrumentos de justicia transicional. Dentro del año siguiente a la promulgación del presente acto legislativo el gobierno nacional presentará para aprobación del Congreso los proyectos de ley que determinen los criterios de priorización y selección de casos en materia penal.


El objetivo de este inciso es garantizar que los instrumentos de justicia transicional concentren esfuerzos y recursos en “los más responsables”, según los criterios que el legislador desarrolle en materia de mayor responsabilidad.


Actualmente existe consenso entre los doctrinantes internacionales sobre que en contextos de justicia transicional no es posible ni deseable investigar y juzgar todos y cada uno de los hechos que ocurrieron en un conflicto armado, ni sancionar a todas y cada una de las personas que participaron en éste. Las interpretaciones radicales del principio de legalidad en estos contextos conducen a mayor impunidad, en tanto los recursos sólo son suficientes para investigar a unos cuantos, sin tener en cuenta la importancia de esos casos para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas. En este sentido, aplicar criterios de selección y priorización contribuye tanto al esclarecimiento de los motivos, contextos y patrones, como a garantizar la no repetición, en tanto es posible dedicar esfuerzos y recursos para atender la criminalidad del presente y disuadir la del futuro.


Las experiencias internacionales demuestran que incluso ante contextos de violencia masiva, los procesos de justicia transicional exitosos se concentran en la judicialización de los casos que impliquen a los más responsables y esclarezcan los hechos más atroces. Por ejemplo, después de la segunda guerra mundial, el Tribunal de Nüremberg juzgó a 24 líderes del gobierno nazi y el Tribunal Militar Internacional para el lejano oriente en Tokio, juzgó a 28 personas. Más recientemente el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia ha juzgado a 55 personas desde su entrada en funcionamiento en 1993, el Tribunal de Ruanda ha adelantado la judicialización de 65 casos y la Corte Especial de Sierre Leona condenó a 13 personas. La judicialización de los 54,000 desmovilizados, e incluso de los 4,800 postulados a la Ley de Justicia y Paz no tiene antecedente internacional.


De ahí que el presente Acto Legislativo autorice al legislador a establecer criterios de priorización y selección de casos. Ejemplos de este tipo de criterios van desde los puramente jerárquicos (que priorizan la persecución de los altos mandos), pasando por los de ejecución (que priorizan las persecución de los más atroces), hasta aquellos que se concentran en los efectos (que priorizan los casos que involucren al mayor número de víctimas). Será el legislador el que en un contexto histórico-político particular determine dónde deba trazarse la línea.


iv. Cesación de la acción penal de conformidad con los criterios de priorización y selección

El inciso cuarto del artículo 1 del Acto Legislativo afirma que:



De conformidad con los criterios de priorización y selección establecidos para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional, el Legislador, por iniciativa del gobierno nacional, podrá ordenar la renuncia a la persecución penal. En tales casos el Legislador deberá ordenar la aplicación de mecanismos colectivos y no judiciales para lograr una adecuada investigación y sanción, el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.


Este inciso autoriza al legislador a renunciar a la persecución penal de casos que no sean priorizados o seleccionados. Se trata de garantizar la efectividad del proceso de priorización. De nada serviría que la Fiscalía pudiese priorizar los casos de los más responsables, pero aun así, estuviese obligada a seguir adelantando uno a uno los procesos penales de cada uno de los 54,000 desmovilizados. Lo importante es que incluso para aquellos casos no priorizados, la norma obliga al legislador a crear mecanismos no judiciales y colectivos de investigación, sanción, esclarecimiento de la verdad y reparación, que permitan satisfacer los derechos de las víctimas.


Sin embargo, esta autorización depende de la ponderación que el legislador haga en cada caso. Actualmente el legislador ya determinó que el tratamiento de los paramilitares, tanto más responsables (Ley 975 de 2005), como menos responsables (Ley 1424 de 2010) es judicial. A futuro, el legislador deberá establecer cuáles serán los criterios de mayor y menor responsabilidad y a quiénes se les podrá investigar y sancionar a través de mecanismos no judiciales, de acuerdo con el actor responsable de los hechos en el conflicto armado interno.



v. Excepción a la muerte política para futuros procesos de paz

El artículo 2 del Acto Legislativo afirma que el inciso 5 del artículo 122 quedará así:


Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior.  Cuando por iniciativa exclusiva del gobierno nacional, así lo disponga el Legislador por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de una y otra cámara, esta disposición no se aplicará a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley que se desmovilicen en el marco de un proceso de paz con el gobierno nacional.

Este inciso pretende abrir la puerta para que en futuros procesos de paz los miembros de grupos armados al margen de la ley que se desmovilicen puedan acceder a cargos de elección popular, ser elegidos y designados servidores públicos si así lo dispone el legislador por mayoría absoluta.


Esta medida se justifica en tanto se trata de una herramienta útil para la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz de cara a posibles procesos de paz futuros. Sin embargo esta medida podrá ser o no usada por el Legislador según el contexto histórico-político particular.



 SENADOR ROY BARRERAS



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