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Carta Abierta - El Derecho a la Paz, la Justicia Transicional y los Derechos Políticos

Colombia, Octubre 3 de 2011





CARTA ABIERTA


El Derecho a la Paz, la Justicia Transicional y los Derechos Políticos




Los firmantes de esta Carta Abierta, Miembros Representantes de grupos armados organizados de Autodefensas al margen de la ley, desmovilizados en el marco de un proceso político de Paz con el Gobierno Nacional, en nombre y representación de los Postulados a la Ley 975 de 2005, adherimos a las intenciones expresadas en el Proyecto de Acto Legislativo radicado el 12 de septiembre pasado en el Congreso de la República.


Auguramos que en el tránsito por las distintas instancias en el Congreso y con el acompañamiento y aporte de la sociedad entera se configure finalmente –tras el amplio y necesario debate- el nuevo marco legal que permita que de la Justicia Transicional broten sus mejores frutos y se derramen generosamente sus efectos benéficos sobre todo el cuerpo social, particularmente sobre el que más ha sido violentado por décadas de conflicto armado.


Quienes alguna vez asumimos la guerra, no como un ideal de vida sino como una respuesta instintiva en medio del caos para salvar nuestras vidas, las de nuestras familias y proteger las regiones donde vivíamos lo hicimos inducidos por situaciones extremas productos de un medio convulsionado y plagado de errores y confusión general hasta que finalmente entendimos en nuestras conciencias que ese no era el camino y por eso nos desmovilizamos en el marco de un proceso de Paz, comprometiendo nuestro esfuerzo, de una forma decidida, alrededor de los cánones universales de justicia transicional, que ordena la no impunidad, el conocimiento de la verdad, la reparación a las víctimas del conflicto y las garantías de no repetición.


Estamos convencidos que ahora tras nuestra desmovilización podemos ser útiles a la Nación y demostrar con apego a la Ley que los Derechos Civiles y Políticos, no tienen distingo de razas, discursos o pensamientos ideológicos.


Por haber participado y cumplido en los procesos de Paz, adquirimos la experiencia y el aprendizaje para poder resaltar no sólo los errores cometidos sino también los aciertos, del proceso de negociación con el gobierno nacional, y transmitir las experiencias negativas para que no se repitan, las que han dejado un sinsabor y desconfianza sobre el proceso, no sólo por nuestra parte, si no que ha sido igualmente visto con desconfianza por las víctimas, por la sociedad civil, por la comunidad internacional, y por los actores armados que aún persisten en la guerra.


Es por ello que entendemos quizás como nadie que la confianza en la Palabra del Estado y también en la de quienes decidan desmovilizarse debe ser restablecida cuanto antes desde el marco constitucional y legal, la seguridad jurídica y la decisión política al más alto nivel de los poderes públicos para atraer hacia la Paz y la Reconciliación a quienes persisten en el campo de la guerra.


Son estas razones por las cuales no podemos dejar pasar desapercibido el proyecto de acto legislativo "por medio del cual se adiciona un artículo transitorio a la constitución política de Colombia y se modifica el artículo 122 constitucional, con el fin de darle coherencia a los diferentes instrumentos jurídicos de justicia transicional en el marco del artículo 22 de la constitución política". Destacamos allí aspectos fundamentales, cuales son el interés de desarrollar la voluntad de búsqueda de la Paz como mayor bien de nuestra sociedad así como el propósito de otorgarle a la justicia transicional un rango constitucional.


Sobre esta misma línea de pensamiento sostenemos que también debe dársele rango constitucional a una verdadera política nacional de Paz que conduzca al desarrollo de un auténtico proceso de reconciliación, que incluya a todos quienes han sido actores de este conflicto, encaminándolos hacia el logro de la Paz.


El conflicto social, político y armado conlleva causas arraigadas en elementos sociológicos, económicos, políticos, territoriales, que deben solucionarse o hallar principio de solución para poder comenzar a construir la Paz. Ante este cúmulo de intereses en pugna y actores participantes del conflicto es realista y conducente a las soluciones pacíficas que en el Proyecto de Acto Legislativo se le quiera dar la posibilidad de tener capacidad de participación política a quienes se hubieran desmovilizado en virtud de procesos de Paz, situación que de no propiciarse constituiría una negación no sólo de un derecho humano fundamental, como el derecho a la participación política sino en una clara exclusión social, haciendo imposible la participación política, de las personas que han expresado su voluntad de Paz, han desistido definitivamente de la guerra como opción política, y han abrazado la democracia, cumpliendo plenamente con las exigencias de la convivencia en sociedad.



Hacemos una invitación a la sociedad, a la comunidad internacional, al Congreso Nacional en su más noble función cuál es la de Poder Constituyente, para que se le dé el alcance que realmente requiere este novísimo acto de reforma constitucional, en la medida en que sea el motor fundamental de la desactivación definitiva del conflicto armado en Colombia, e inicio de la transformación de nuestra sociedad en lo que realmente debe ser: una sociedad en Paz.


Cuente la democracia de Colombia, sus ciudadanos y sus autoridades, con nuestro compromiso firme y nuestra determinación intacta de honrar las obligaciones adquiridas como postulados ante Justicia y Paz, y también con nuestro aporte y colaboración desde las experiencias vividas y los conocimientos adquiridos a la construcción del marco legal que la Paz de Colombia exige y los hombres y mujeres de Colombia merecen tras décadas de violencia y agravios a sus derechos humanos y sociales.





DIOS BENDIGA A COLOMBIA.




MIEMBROS REPRESENTANTES Y POSTULADOS A LA LEY 975 DE 2005 RECLUIDOS EN LOS PABELLONES DE JUSTICIA Y PAZ DE:





Cárcel la Picota de Bogotá.
Cárcel de Itagüí.
Cárcel Modelo de Barranquilla.
Cárcel las Mercedes de Montería.
Cárcel Modelo de Bucaramanga.
Cárcel Modelo de Cúcuta.
Centro de Reclusión Especial para la Justicia y la Paz del Espinal.

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