sábado

Nuestro compromiso y respeto con la Democracia es irrenunciable

EDITORIAL

Colombia, octubre de 2011

Nos auguramos que las próximas elecciones locales y departamentales del 30 de octubre renueven plebiscitariamente en todo el País  los sentimientos pacíficos, civilistas y democráticos que alentaron  poblaciones, comunidades y ex combatientes de las Autodefensas Campesinas durante  el Proceso de Paz que culminó en 2006 con más de 31.000 desmovilizados de las extintas AUC cuyas armas fueron puestas en manos del Gobierno junto a nuestro compromiso sagrado de no retomarlas jamás.

Aquella unión de esfuerzos en pro de la Paz y la Reconciliación que protagonizamos entonces Pueblo, Gobierno y Autodefensas permitió que finalmente la confianza primara sobre la desconfianza, el diálogo civilizado triunfara sobre los silencios y los reproches, iluminando un camino que no habría de ser de rosas porque la exacerbada polarización y la incomprensión alborotaron los prejuicios y las estigmatizaciones. Sin embargo, el proceso de reinserción de los desmovilizados ha seguido avanzando, a los tumbos unas veces, otras semejando ser una bicicleta estática, pero siempre con la mirada puesta en alcanzar las metas de Reconciliación trazadas al abandonar las armas, de cuyos logros pueden dar fe los informes de las organizaciones de seguimiento electoral, incluso de la MAPP-OEA, Naciones Unidas y CNRR donde por ningún lado aparecemos nosotros como factores determinantes o perturbadores del libre ejercicio de la Democracia.

Atrás quedaron en el tiempo, aquellas épocas cuando aún participábamos del conflicto armado interno, y fueron máximos líderes de las extintas AUC, como Carlos Castaño, Vicente Castaño y Salvatore Mancuso, entre otros, quienes comenzaron a poner sobre la mesa de la discusión pública la enorme influencia política que los grupos de Autodefensas habían comenzado a ejercer al calor de los enfrentamientos con las guerrillas y ejerciendo poderes de facto ante la ausencia de Estado, su impericia y también su corrupción.


Todos antecedentes de por qué y hasta dónde estábamos dispuestos a llegar al desmovilizarnos en beneficio de Colombia y en pos de renunciar al uso de las armas y transformar al actor militar y político que constituíamos como organización al margen de la ley, en una organización de ciudadanos reinsertados, a paz y salvo con la legalidad, recuperando en plenitud nuestros derechos civiles y políticos, con el propósito de volver más inclusiva nuestra democracia y allanar el camino de la Paz con los grupos guerrilleros.

Por todo ello, queremos en vísperas de una nueva justa electoral resaltar el fiel cumplimiento de los compromisos por parte de los Postulados acogidos a la Ley de Justicia y Paz tanto los que estamos acá en Colombia como de los que están allende las fronteras, sometidos todos nosotros voluntariamente al Imperio de la Ley, aclarando con la Verdad todos los hechos, reparando a nuestras víctimas y con respeto total a la Sociedad Civil y la Democracia en estos procesos electorales, sea los que se han llevado a cabo con nosotros ya sometidos a la Justicia, como el que se avecina.

Nos preguntamos si con más de 5 años ya de respeto absoluto y no intervención alguna de nuestra parte en los procesos electorales: ¿esta realidad irrefutable no manifiesta otro gran resultado positivo del Proceso de Paz? Y más aún ¿no representa acaso un gran triunfo de las soluciones políticas y jurídicas por sobre la violencia y la soberbia armada que eterniza la guerra? Estamos convencidos que todo este esfuerzo tan incomprendido y estigmatizado en su desarrollo ha valido la pena y comienza a ser percibido favorablemente en la sociedad como una apuesta ganadora en términos de abrirle oportunidades a la Reconciliación y la solución política –no militarista- con todos los actores armados.

Esta rendición de cuentas sobre la no intervención de las ex autodefensas en los procesos políticos de los últimos cinco años es otro gran balance que hay que sumarle a los que presenta la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía, y avala que nuestra insistencia en llegar al cabo de este camino de reinserción plena al recupero de nuestros derechos políticos, no solo es componente crucial de lo acordado durante el Proceso de Paz con la contraparte negociadora del Gobierno, sino íntima vocación de sumarnos democráticamente con nuestro futuro trabajo político al servicio de nobles causas sociales.

Causas sociales que nos motivan y nos entusiasman como protagonistas de ensanchamiento y profundización del sistema democrático con total apego a la Ley y sometidos al escrutinio de los votos y la vigilancia de los organismos de control.    

Nos anima y reconforta la favorable recepción que ha tenido en diversos ámbitos sociales y políticos nacionales nuestra Carta Abierta del 3 de octubre sobre el Derecho a la Paz, la Justicia Transicional y los Derechos Políticos, así como  recibimos con interés y ávidos de aprendizaje las críticas y aun las ironías y escepticismos propios de las contiendas políticas donde la sal y pimienta de los debates los ponen precisamente la puja dialéctica y las contradicciones vehementes, siendo todo ello parte del libre juego de las ideas democráticas, mil veces preferidas y dignas de aplauso por encima de cualquier expresión de odio y violencia que anhelamos queden definitivamente atrás, superadas por el abrazo fraterno y la sana convivencia, en un clima de tolerancia y libre diversidad.

Reiteramos que nuestra adhesión al Nuevo Marco para la Paz y Proyecto de Acto Legislativo, así como a las iniciativas tendientes a agilizar y hacer más eficaz la Ley de Justicia y Paz, lejos está de representar de nuestra parte un interés particular o sectario, sino que mal que les pese a quienes nunca han querido ver nada positivo ni bueno en el pensar y obrar de los desmovilizados de las Autodefensas, seguimos adelante sin responder maledicencias con maledicencias sino confiados que los hechos de Paz son incontrovertibles y así serán juzgados inapelablemente por quienes no anteponen sus prejuicios y sus intereses políticos por sobre la verdad y el bienestar general.

Nuestro criterio rector es y seguirá siendo el de que todo aquello que es realmente bueno para Colombia también es necesariamente bueno para los desmovilizados que también somos Colombia y será aplaudido y reconocido por nosotros no porque siempre estemos del todo de acuerdo sino porque es de honestos y demócratas propender por el bien común,  y no solo por el individual por más legítimo que éste nos parezca y defendamos honesta y democráticamente como tal.


Lejos de cualquier unanimismo y pensamiento dogmático seguiremos adelante en lo que hemos llamado el largo camino a casa dispuestos a solidarizarnos con todos quienes han padecido y padecen las consecuencias del conflicto armado y prestos a sanar las heridas abiertas en el seno de la sociedad no reivindicando de ninguna manera las decisiones que nos llevaron a participar de la guerra, sino por el contrario a reivindicar, defender y predicar las razones y los sentimientos que nos llevaron a decirle adiós a las armas, porque no es la política de la guerra la que abrazamos como causa de nuestro camino de regreso a casa, sino la política de la Paz y la Reconciliación la que será propósito y estandarte por todo el tiempo que Dios nos vaya a conceder de vida.


Comité Editorial.

viernes

Intervención en el foro del Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración en la Universidad Nacional



“Aportes a la discusión de los proyectos legislativos sobre Justicia Transicional”


Al comenzar nuestra intervención agradecemos la invitación -que mucho nos honra- a participar del presente evento organizado por el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR), de la Universidad Nacional de Colombia, cuyo desempeño y seriedad profesional destacamos y apreciamos en todo su generoso aporte a la Paz y la Reconciliación.

También saludamos con especial respeto y consideración a todos los participantes de esta jornada de trabajo a los cuales aplaudimos y  estimulamos a seguir adelantando la noble misión que se han propuesto llevar a cabo, de cuyo éxito no solo depende el arduo proceso del regreso al hogar y la sociedad de quienes nos hemos desmovilizado en el pasado, sino también de quienes nos auguramos vayan a desmovilizarse en un futuro que anhelamos esté muy cerca. De esto se trata: de aportar nuestros esfuerzos, nuestras experiencias, nuestras ideas, para que el clamor de Paz y Reconciliación sea escuchado y atendido, así como la dignidad y derechos de las víctimas sean reconocidos y enaltecidos, de un lado, por todos los desmovilizados y todos quienes aún persisten en la ilegalidad y la lucha armada, y del otro, por el Estado, sus instituciones y la sociedad entera.

Ha sucedido algo muy importante para todos nosotros y para la democracia de Colombia mientras preparábamos estas breves reflexiones. Hace muy pocos días, el pasado domingo, asistimos a una jornada electoral memorable –en particular para quienes compartimos la condición de desmovilizados- cuyo resultado en la ciudad de Bogotá favoreció en la persona de Gustavo Petro, como alcalde escogido por la ciudadanía, a quien como él mismo se calificó le cabe el atributo de desmovilizado, tras haber estado encarcelado y pagado su pena, alguna vez actor armado ilegal de la guerra, hijo de un proceso de Paz exitoso y desde hace más de veinte años actor desarmado de la política, reinsertado en la sociedad con plenos derechos.
Esto demuestra que las personas nos equivocamos, ¡y cuán gravemente en ocasiones!, pero que también sabemos arrepentirnos, pedir perdón y rectificar el comportamiento. También demuestra que la sociedad colombiana ha madurado lo suficiente con los años para abrir su corazón al perdón y la reconciliación, cuando los procesos de Paz se concretan de manera seria y eficaz, y cuando los comportamientos de las personas evidencian que han sabido aprovechar la segunda oportunidad que la vida les ha ofrecido y cuando la sociedad y las leyes se lo han consentido.

En cuanto a las actividades de hoy, asistimos con todos los sentidos puestos en recibir de tan prestigiosos interlocutores la orientación y la pedagogía que requerimos en esta travesía que ha demostrado ser para los desmovilizados de esta generación, provenientes de las autodefensas y las guerrillas, tan azarosa y compleja entre los momentos de la desmovilización y la reinserción que visualizamos como nuestra meta, por la cual nos hemos comprometido y estamos cumpliendo pese a todas las dificultades que se han interpuesto en el camino. Nunca supusimos que sería este tránsito un lecho de rosas pero tampoco ni en los momentos de mayor pesimismo imaginamos que se fueran a interponer tantos obstáculos y contrariedades que a modo de formidable ‘máquina de impedir’ han logrado neutralizar y oscurecer los méritos de este proceso de Justicia y Paz cuyos notables resultados empalidecen y se invisibilizan frente a los indisimulables déficits y la lentitud exasperante de los procedimientos.

Somos conscientes que no solo los ojos de Colombia, sino los ojos del mundo, están puestos sobre nosotros, apesadumbrados como nos sentimos interiormente, al percibir que no faltan los momentos que nos sentimos ‘conejillos de Indias’, cuando no meros ‘chivos expiatorios’ sometidos a todo tipo de experimentos, idas y vueltas, por uno y mil laberintos donde no solo nos extraviamos nosotros sino también nuestros abogados, los magistrados, los fiscales, las víctimas, cuando las soluciones parecen no llegar nunca y el escepticismo y las dudas ocupan el lugar que deben ocupar la confianza y las certezas. Pese a todos estos enormes inconvenientes hemos seguido adelante y lo seguiremos haciendo porque algo muy poderoso, un fuego sagrado, nos anima desde lo más íntimo de nosotros mismos: la convicción que éste es el camino, no solo nuestro camino, el que nos corresponde, sino también el camino que estamos abriendo para miles y miles de combatientes que aguardan en el monte su oportunidad de abandonar las armas.

Las mujeres y los hombres que hoy persisten en su lucha armada sin distingo a que orilla ideológica pertenecen, se miran en el ejemplo que estamos dando para tomar la decisión que los reconcilie con sus compatriotas, con la sociedad. Este impulso interior ha sido la fuerza decisiva que nos mantiene de pie, firmes en nuestros propósitos de culminar exitosamente los procesos, aunque inseguros jurídicamente, naturalmente preocupados por las incertidumbres, privados de los medios y las condiciones que harían más eficaz nuestra labor frente a la Justicia, pero al mismo tiempo confiados, persistentes y dispuestos a perseverar en el recorrido que la Justicia Transicional está diseñando, proponiendo y consolidando para que Paz y Reconciliación, Verdad y Reparación, Justicia y Perdón no sigan siendo solo utopías, palabras echadas al viento, sino realidades de a puño, verdaderas conquistas sociales y verdaderos derechos humanos.

Es con este espíritu y esta determinación que nos disponemos a participar de la reflexión académica agradeciendo al Honorable Senador Presidente de la Comisión de Paz, Dr. Roy Barreras y su equipo, a la Sra. Fiscal General de la Nación, Dra. Viviane Morales y su equipo, a la Procuraduría Judicial en Justicia y Paz, y en general a todos aquellos hombres y mujeres con vocación de Paz que han asumido el compromiso de impulsar las reformas legales, incluso constitucionales, que hagan posible a Colombia pasar del estado de guerra al estado de Paz, del infausto mundo de víctimas y victimarios, a la plácida y próspera Colombia por la cual todo esfuerzo es poco, todo sacrificio es bienvenido.

Si por un lado se trata de remover los obstáculos que han hecho de la ley 975, de Justicia y Paz, un terreno fangoso y por momentos intransitable, exasperantemente lento, también habrá que resolver los problemas ocasionados por las extradiciones cuya inconveniencia ha resultado manifiesta y es visualizada –incluso por el reciente Diagnóstico de la MAPP-OEA- como un gran impedimento a la Verdad y el correcto flujo de funcionamiento del Proceso y la Reparación, no solo por la distancia y la inaccesibilidad, sino también por la jerarquía que ocuparon en la extinta organización AUC la mayor parte de los extraditados por el anterior Gobierno.


El actual Ministro de Justicia Dr. Juan Carlos Esguerra también se ha referido al error que significaron aquellas extradiciones y a las gestiones diplomáticas que serán necesarias de realizar para acordar con los Estados Unidos la repatriación correspondiente a los efectos de no seguir obstaculizando los procesos de Justicia y Paz, y cumplirle no solo a las víctimas sino también al País y a los mismos desmovilizados, protagonistas de un Proceso de Paz cuyos efectos benéficos para Colombia ya nadie sustancialmente cuestiona a estas alturas aunque se exija y con razón menos riesgos de impunidad, más agilidad y celeridad, más certeza en cuanto a plazos y tiempos de reclusión.

No nos extenderemos en esta introducción sobre los múltiples y variados inconvenientes que sigue padeciendo el proceso de Justicia y Paz y a cuya adecuada solución procuran por distintos medios las iniciativas que hoy serán base de las reflexiones. Solamente queremos hacer en esta intervención inicial una mención sobre la ‘muerte política’ y su eventual ‘resurrección para la democracia’ en la construcción del Nuevo Marco Legal para la Paz.  
El propósito manifestado por algunos medios periodísticos y políticos sobre la necesidad que para todos los actores ilegales del conflicto armado interno haya el ofrecimiento de una solución, pero no para todos la misma solución, nos introduce en una problemática ciertamente apasionante pero cuya complejidad, alcances y consecuencias nadie ignora. Nuestra mirada sobre esto parte de la igualdad de derechos para todos los ciudadanos, y de la necesaria igualdad que debe existir entre la calidad y derechos de la vida civil a la que accedan los desmovilizados y participantes de los procesos de Paz.

Porque consideramos que cualquier distinción entre los derechos reconocidos a unos y a otros significará el germen de futuros desencuentros y pujas que estamos a tiempo de prever, limitar y superar. Cabe minimizar y si es posible eliminar cualquier posible diferenciación constitucional en el ejercicio de los derechos ciudadanos en virtud a la ideología o la práctica del ex combatiente, o el bando al cual perteneció, discriminación que resultaría no solo antipática e inequitativa, sino ajena a la interpretación de los hechos acaecidos en el marco de un conflicto armado interno tan ‘sui generis’ y prolongado como el colombiano, donde no solo generaciones de padres e hijos se han ido sucediendo en la guerra sino que no han sido pocos quienes han participado del conflicto ocupando diferentes posiciones en diferentes actores, habiendo pasado de uno a otro, incluso entre ilegales y fuerzas del Estado.
En todo caso nuestra posición al respecto de los derechos políticos es clara y contundente: iguales derechos para ex guerrilleros y ex autodefensas, iguales derechos en el ejercicio de la democracia para unos y para otros.
Iguales derechos para el voto e iguales derechos a elegir y ser elegidos.

Al hacer énfasis sobre este aspecto lo hacemos por dos razones principales: uno, que la cuestión de los derechos políticos fue tratada y acordada en la Mesa de Negociaciones establecida con todas las formalidades del caso y de acuerdo a los procedimientos dispuestos por el Gobierno anterior en representación del Estado; y dos, porque los derechos políticos son un componente inseparable de los derechos humanos, los cuales aspiramos como ciudadanos, no ya como ex integrantes de una organización armada ilegal, sino como simples y sencillos ciudadanos, a recuperar en su plenitud y sin limitaciones, una vez se hayan satisfecho todas las condiciones que estipula la ley 975 de Justicia y Paz.

Dicho esto solo al efecto de poner a consideración uno de los tantos asuntos que hacen tan complejo hallar una salida jurídica que resulte justa y en correspondencia con los hechos.

La tarea que nos aguarda es titánica, el de hoy es apenas un punto de partida, el inicio de un trayecto que no solo será extenso en el espacio y en el tiempo sino que habrá de confluir con otros tantos senderos ya iniciados o prontos a ser inaugurados, con apertura mental y sin sectarismos, porque en cuestiones tan complejas los caminos no acostumbran ser lineales sino que requieren de una red de iniciativas que se entretejan y propongan sumar y multiplicar los esfuerzos, nunca dividirlos y enfrentarlos. Sin embargo, las pasiones políticas y los intereses en juego, son dificultades a superar y armonizar para que finalmente haya equidad y simetría, verdadera justicia y verdadera igualdad en los derechos y las obligaciones.
 
Si de Legislar para la Paz se trata, todos nosotros, desmovilizados, alzamos la mano y extendemos nuestro corazón para que venturosas y promisorias jornadas como las de hoy se multipliquen a lo largo y lo ancho de la Patria.

Allí donde seamos convocados para la Paz y la Reconciliación allí estaremos.

Colombianas y Colombianos cuenten con nosotros, no venimos a pedir privilegios, ni que otros hagan lo que a nosotros nos corresponde hacer.

Pedimos igualdad de derechos para todos, ofrecemos cuerpo, alma y corazón al servicio del País que nos queremos merecer y en el cual anhelamos vivir y trabajar en Paz.


DIOS BENDIGA A COLOMBIA.


Miembros Representantes, Desmovilizados y Postulados a la Ley de Justicia y Paz de la:


Cárcel la Picota de Bogotá.
Cárcel Modelo de Barranquilla.
Cárcel las Mercedes de Montería.
Centro de Reclusión Especial para la Justicia y la Paz del Espinal.
Cárcel de Palmira (Valle).


Bogotá, Noviembre 3 de 2011.

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