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Carta dirigida al Comité Interinstitucional de Seguimiento a la Ley de Justicia y Paz


Señores
COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ
Ministerio del Interior
Ministerio de Justicia
Fiscalía General de la Nación
Procuraduría General de la Nación
Agencia Colombiana para la Reintegración
Dirección General INPEC

De nuestra mayor consideración y respeto:

El Comité de Presos Políticos de las Autodefensas Desmovilizadas en común acuerdo con las Guerrillas Desmovilizadas recluidos en los Pabellones de Justicia y Paz de las Cárceles la Picota de Bogotá, Itagüí - Antioquia, Modelo de Barranquilla, Modelo de Bucaramanga, las Mercedes de Montería, Cúcuta – Norte de Santander, Palmira - Valle y los Centros de Reclusión Especial del Espinal y Chiquinquira, en nombre y representación de todos los postulados a la Ley 975 de 2005, recurrimos por la presente carta a su sensibilidad y diligencia con el fin de remediar un estado generalizado de angustia y desazón que padecemos en los sitios de reclusión.

No nos mueve y motiva hoy nada distinto al amor por nuestras familias, nuestro compromiso con la Patria y la palabra empeñada en seguir adelante y cumplir con los deberes adquiridos ante la Justicia, las víctimas, la Sociedad en general y especialmente ante DIOS como hombres de fe, respeto y capacidad de enmienda por los graves errores cometidos en un pasado que queremos superar y dejar definitivamente atrás.

Nada más desalentador en el proceso de Justicia y Paz, pero especialmente en el proceso de rectificación personal y espiritual, que ver como a medida que pasan los años nuestras condiciones de reclusión y de resocialización van en detrimento: cada día se nos cercena más lo poco construido y cada día que pasa aumenta la desesperanza y la angustia de quienes a pesar de los incumplimientos de los acuerdos celebrados durante el Proceso de Paz y de desmovilizaciones colectivas e individuales, seguimos siendo fieles a nuestra palabra y continuamos trabajando por la Paz y la Reconciliación Nacional.

Los puntos que seguidamente ponemos en su conocimiento consideramos que han llegado a un grado extremo de gravedad y por tanto ameritan un tratamiento inmediato acorde a su importancia y eventuales consecuencias para lo cual solicitamos muy respetuosamente establecer mecanismos de diálogo y esclarecimiento con las diversas instancias involucradas que eviten ulteriores males mayores que todos quisiéramos evitar:

1.     Resulta contrario a los intereses de la Justicia, la Verdad y la Reparación el tiempo que lleva de transcurrido el proceso y el desarrollo de la Ley 975 de 2005, un hito en el campo de la Justicia Transicional que tiene los ojos del mundo sobre Colombia y donde se juega su credibilidad internacional, sin que hasta ahora después de más de 6 años se tenga aun claridad y seguridad jurídica en aspectos  vitales de esta normatividad.

2.     La falta de interlocución con los representantes del Gobierno Nacional no condice con el clima de entendimiento y solución a los problemas.

3.     El silencio que mantiene el Comité Interinstitucional a nuestros persistentes escritos no es acorde a lo grave de la situación creada.

4.     Las constantes modificaciones a las condiciones de reclusión de los postulados en decisiones unilaterales del INPEC, atentan contra la debida confianza en las reglas de juego institucionales. En los últimos meses de manera sistemática se vienen haciendo recortes en las condiciones de reclusión por parte del INPEC, sin tener claro si estas decisiones pasan por el fuero del Comité Interinstitucional, de la Dirección general del INPEC, de los directores de los Establecimientos que tienen pabellones de Justicia y Paz o de los centros de reclusión para esta Ley, en lo que respecta a los postulados de las extintas AUC y de las diferentes guerrillas desmovilizadas y postuladas a la misma Ley.

5.     Es muy alarmante, y atenta contra el normal y efectivo desarrollo de la Ley y de los Derechos adquiridos por los postulados, el desconocimiento por parte de algunos funcionarios del INPEC de la normatividad que cobija este nuevo marco de Justicia Transicional para la Paz y el objetivo resocializador que tiene en la Reintegración del desmovilizado.

6.     Las últimas decisiones tomadas por el INPEC en Bogotá, Itagüí, Espinal, Chiquinquira, Barranquilla, Montería, entre otras ciudades, que serán explicadas y argumentadas en su momento para no hacer de este escrito un memorial de agravios, pero que igualmente todas ellas han sido colocadas a su consideración en escritos dirigidos al respetado Comité y a las autoridades del INPEC, por parte de los representantes de cada uno de estos y otros pabellones y centros carcelarios donde se han presentado estos cambios en las condiciones de reclusión, que a nuestro juicio van en contravía de la naturaleza de una Ley creada para quienes voluntariamente y en el marco de un Proceso de Paz y desmovilización acudimos a tocar las puertas de nuestros carceleros, buscando el cumplimiento de la misma en aras de la Paz y la Reconciliación Nacional.

7.     Las tribulaciones han llegado a un punto de agobio tal, que nos han hecho interrogarnos si acaso no estará llegando el momento de implorar a la conciencia humanitaria de quienes en el mundo defienden los derechos humanos, en particular el derecho a la Paz y los derechos de los presos en las cárceles, porque somos conscientes que la problemática que nos afecta solo en aspectos puntuales es particular de nuestro caso, siendo que es generalizado el padecimiento por las condiciones de reclusión en toda la población carcelaria constituyendo uno de los graves males sociales de Colombia.

Una vez más y con nuestra ya casi agotada paciencia en tanto tiempo de  espera de una respuesta pronta y esperanzadora, nos dirigimos a las diferentes instancias que conforman el Comité Interinstitucional, para que:

a) Intervenga de manera URGENTE y eficaz en la búsqueda de una solución que nos dé herramientas y elementos de confianza, que garanticen el normal y definitivo desarrollo de la Ley y los procesos judiciales, como así mismo garanticen las condiciones de Dignidad, Respeto, Entendimiento y Seguridad Jurídica, en lo que resta del Proceso de Paz a los postulados y desmovilizados, destinatarios y materia prima de esta nueva etapa de resolución pacífica del conflicto de más de 5 décadas en nuestra amada Nación.

b) Envíen a los delegados o representantes los días siguientes al recibido de esta misiva, con la finalidad que puedan hacer presencia en estos establecimientos y de esta manera conocer directamente las condiciones y dificultades de los postulados, además de retomar la interlocución tan necesaria para la culminación exitosa del Proceso de Paz adelantado con las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia.

Estamos convencidos que su gestión como direccionadores de la Justicia Transicional, Ley 975 de 2005, ayudará a concebir y ejecutar las medidas conducentes a solucionar los graves males que amenazan el componente judicial y carcelario del Proceso de Paz con las extintas Autodefensas Campesinas de Colombia y el proceso de desmovilización colectivo e individual de las guerrillas incorporadas a la Ley de Justicia y Paz, para así consolidar la Paz, la Reconciliación y la Reinserción, anhelo común del pueblo Colombiano y del Estado que ustedes representan.

Con nuestro acostumbrado respeto.


COMITÉ DE PRESOS POLITICOS DE LAS AUTODEFENSAS DESMOVILIZADAS
COLECTIVO DE GUERRILLAS DESMOVILIZADAS


La Picota – Bogotá, Itagüí – Antioquia, La Modelo – Barranquilla, La Modelo – Bucaramanga, Las Mercedes – Montería, Cúcuta – Norte de Santander, Palmira – Valle, Centros de Reclusión Especial para la Justicia y la Paz del Espinal (Tolima) y de Chiquinquira (Boyacá)


Colombia, Febrero 7 de 2012.



c.c. Jefe MAPP – OEA

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