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FORO ODDR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL - Aportes al Proyecto Legislativo de Modificación a la Ley de Justicia y Paz


Aquí estamos, felizmente en comunicación con todos Ustedes, distinguidos participantes, dispuestos a comenzar nuestra intervención en el Foro, honrados de la invitación que nos hace el Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración (ODDR) y augurando que estos eventos se repitan cuantas veces resulte necesario para acercar propuestas y soluciones de carácter jurídico y también político y humanitario en pos de afirmar y consolidar en nuestro País el espíritu de Paz y Reconciliación, recogiendo así el clamor de Colombia hastiada del conflicto armado y de la prolongación de la guerra.

Saludamos efusivamente a todos los participantes de este evento y nos sentimos reconfortados por su presencia la cual constituye una demostración elocuente sobre el interés que despiertan estas cuestiones de Justicia y Paz que vamos a desarrollar donde se vinculan estrechamente los diversos estamentos de la academia, la justicia y la política interactuando con quienes habiendo sido actores armados del conflicto aspiramos a continuar siendo constructores de Paz y Reconciliación en este camino que estamos transitando hacia el anhelado post-conflicto. 

Valoramos en su exacta dimensión estos encuentros académicos; son los que alimentan los sanos debates y debieran de ser punto de partida y tener incidencia en las reformas propuestas sobre aspectos tan sensibles para el sistema judicial de Colombia.
Son muchos temas los que quisiéramos tratar pero muy corto el tiempo para hacerlo, así que he intentado incorporar cada uno de los conceptos que queremos expresar sobre nuestra visión, siendo lo más exigentes posibles en su brevedad, para que esta intervención nuestra nos pueda quedar lo más completa posible y esté dentro de los tiempos estipulados.

 
No queremos dejar de señalar especialmente: 
 
  • Los vacíos jurídicos de la Ley 975 de 2005. 
  • La problemática carcelaria en cuanto a la población de postulados a la Ley, llámese AUC o guerrillas. 
  • La escasa celeridad en los procesos. 
  • La incertidumbre que reina sobre las garantías de cumplir los tiempos (5 a 8 años), pues algunos vamos a cumplir el tiempo y tenemos medidas de aseguramiento en la justicia permanente u ordinaria en procesos abiertos que no ha acumulado Justicia y Paz. 
  • La necesaria seguridad de postulados y familias que no se está verificando. 
  • La cuestión de los derechos políticos.
  • Las dificultades que genera en Justicia y Paz la extradición. 

Un asunto crucial que queremos enfatizar es lo relativo a la IGUALDAD DE DERECHOS en cuanto a lo que propone el Nuevo Marco para la Paz, pues sería fatal para el país que éste sea excluyente e inequitativo. Entiéndase bien: no se trata que a nosotros nos tocó pagar condena en prisión y que a los guerrilleros no les toque, bienvenido pues ahí sí como dicen; "que ni a mi peor enemigo le deseo esto", pero sería el peor escenario para la Paz y la Reconciliación y lógicamente para nosotros que no solo los guerrilleros pasen de agache en cuanto a penas punitivas de cárcel, sino que les reconozcan sus derechos políticos y civiles y nosotros sigamos conminados pudriéndonos en las cárceles y sin ninguna oportunidad de recuperar la totalidad de nuestros derechos, incluidos naturalmente los derechos políticos.

Nuestra posición al respecto de los derechos políticos es clara y contundente: iguales derechos para ex guerrilleros y ex autodefensas, iguales derechos en el ejercicio de la democracia para unos y para otros. 

Iguales derechos para el voto e iguales derechos a elegir y ser elegidos. Esto por dos razones principales: uno, que la cuestión de los derechos políticos fue tratada y acordada en la Mesa de Negociaciones establecida con todas las formalidades del caso y de acuerdo a los procedimientos dispuestos por el Gobierno anterior en representación del Estado; y dos, porque los derechos políticos son un componente inseparable de los derechos humanos, los cuales aspiramos como ciudadanos, no ya como ex integrantes de una organización armada ilegal, sino como simples y sencillos ciudadanos, a recuperar en su plenitud y sin limitaciones, una vez se hayan satisfecho todas las condiciones que estipula la ley 975 de Justicia y Paz.

Antes de entrar directamente en materia no podemos dejar de mencionar lo también ya dicho por nosotros en ocasión del Foro del pasado 3 de noviembre de 2011 con relación a nuestros compañeros que han sido extraditados y que en estos días de mayo han completado ya cuatro años en las cárceles de los Estados Unidos:

“Si por un lado se trata de remover los obstáculos que han hecho de la ley 975, de Justicia y Paz, un terreno fangoso y por momentos intransitable, exasperantemente lento, también habrá que resolver los problemas ocasionados por las extradiciones cuya inconveniencia ha resultado manifiesta y es visualizada –incluso por el reciente Diagnóstico de la MAPP-OEA- como un gran impedimento a la Verdad y el correcto flujo de funcionamiento del Proceso y la Reparación, no solo por la distancia y la inaccesibilidad, sino también por la jerarquía que ocuparon en la extinta organización AUC la mayor parte de los extraditados por el anterior Gobierno.”

En Carta Abierta al Señor Presidente Doctor Juan Manuel Santos, del pasado 30 de abril se ha solicitado con mucho respeto y humildad la reanudación de la interlocución política entre el Gobierno nacional y las extintas AUC y lo hemos hecho conscientes que el componente judicial por sí mismo y por sí solo no podrá resolver satisfactoriamente asuntos que son de naturaleza política y necesitan ser tenidos en cuenta a la hora de disponer las reformas de Justicia y Paz así como también al diseñar el Nuevo Marco Legal para la Paz actualmente en tránsito en el Congreso de la República.

A propósito de la Carta Abierta, muy acertadamente -en nuestra opinión- el jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA hizo referencia en declaraciones públicas a que: “la interlocución nunca se debió perder. El diálogo, entre otras cosas, debe servir para culminar el proceso judicial, garantizar la seguridad jurídica y física para los postulados, sus familias y las víctimas”. Consideró además, el doctor Marcelo Álvarez, que el regreso a las conversaciones podría servir “sobre todo, para sentar las bases de la consolidación de la Paz en los territorios, con procesos de Reparación y Reconciliación”.


Quiero citar hoy aquí apenas dos párrafos extraídos de la Carta Abierta:

“Aquellos que le apostamos y lo hemos arriesgado todo por alcanzar la Paz y la Reconciliación y quienes lo hagan a futuro, necesitamos interlocución continuada que garantice la culminación exitosa de todas las etapas del Proceso de Paz, normas, reglas y leyes claras, seguras y garantistas. Los Procesos de Paz demandan mucho más que actos de fe y buena voluntad. Nuestro Proceso de Paz con las correcciones indispensables que permitan recuperar su dinámica política y alcanzar su eficacia jurídica debe servir de guía a los que se avecinan, ojalá con nuestra participación.”

 
“Pedimos con respeto y humildad que el Sr. Presidente Juan Manuel Santos conozca directamente de nosotros la total y plena disposición de seguir colaborando con la construcción de Paz y Reconciliación, en el marco de la justicia transicional, fieles a los postulados de Verdad y Reparación, solidarios con las víctimas del conflicto armado y juramentados en la No Repetición para que en Colombia no se vuelva a reproducir más el funesto ciclo de víctimas y victimarios y podamos hallarle solución sensata, civilizada y democrática, al flagelo constituido por múltiples  causas y combustibles que originan, propagan y perpetúan los conflictos sociales y armados que asolan vastas extensiones y comunidades de nuestra Patria.”

Aguardamos de nuestra parte y con relación a la Carta Abierta la respuesta que el Alto Gobierno tenga a bien hacernos llegar, convencidos como estamos que el Proceso de Paz con las Autodefensas debe ser retomado hasta culminarlo exitosamente dado que la voluntad, compromiso y los hechos de Paz demostrados por nosotros desmovilizados son incontrovertibles.

Pasaré a continuación a dejar expresados –sin pretender agotar los temas ni la profundidad con que ameritan ser tratados- los que consideramos son origen y causa de dificultades y contratiempos notorios y manifiestos en el desarrollo en general del Proceso de Paz con las Autodefensas y en particular con el componente judicial de los Procesos de Justicia y Paz.

Hemos recurrido a derechos de petición, tutelas, controles de legalidad, a la Fiscalía General de la Nación, a la Corte Suprema de Justicia, en su momento al Gobierno anterior, todo esto para pedirles que subsanen los graves vacíos e inseguridades del marco jurídico de la Ley de Justicia y Paz, para que nos den seguridades jurídicas y físicas y aun estas falencias no se han subsanado. No encontramos solución en los entes judiciales.

La abrupta interrupción de la interlocución política, de manera unilateral por parte del Gobierno anterior y los enormes vacíos e inseguridades de la ley 975 han tenido repercusiones negativas sobre el Proceso de Paz, sobre los desmovilizados, sobre las víctimas, sobre las comunidades y las regiones; y los compromisos no materializados han generado y siguen generando fenómenos de violencia y perpetuando el conflicto.

Los vacíos son de tal magnitud que al día de hoy no sabemos desde cuándo empieza a contar el tiempo de condena para ninguno de los desmovilizados y sus diferentes situaciones jurídicas.

Les pongo un ejemplo concreto: respecto de aquellos miembros de las autodefensas que habían caído presos en razón de sus actividades ilegales antes de la desmovilización, el Gobierno Nacional se había comprometido en la mesa de negociaciones, que ese tiempo de reclusión se les tendría en cuenta y serían los primeros en postularse a la ley de Justicia y Paz y lógicamente los primeros en salir de las cárceles. Hoy tenemos muchachos tanto de las autodefensas como de las guerrillas vinculados a Justicia y Paz con más de 10, 12, 15 años presos en las cárceles y no han obtenido la libertad a la que eran beneficiarios en un tiempo que no debía exceder los ocho años como lo señala la ley.

Con la diversidad de interpretaciones de la ley por parte de los operadores judiciales no ha sido posible que definan a partir de cuándo se le contará el tiempo pagado como pena y se debaten entre que el tiempo se les tendrá en cuenta desde el momento de la captura, otros desde el día de la promulgación de la ley y otros desde el día en que se le dicte medida de aseguramiento en Justicia y Paz, cuando muchos de ellos ni siquiera han sido postulados a esta ley transicional, otros ya postulados no han iniciado sus versiones libres, eso mismo les va a suceder en un eventual proceso de Paz a los centenares de presos de las FARC y ELN que se encuentran en las cárceles.

Tampoco sabemos cuánto tiempo vamos a estar detenidos en las cárceles los comandantes de mayor jerarquía: si la etapa de legalización y juzgamiento de, por ejemplo 100 hechos, que se da ante los magistrados de Justicia y Paz para recibir una condena parcial y una pena alternativa por esos 100 hechos, requiere de mes y medio en promedio, para los miles de hechos se necesitarían cientos de años para evacuar esta sola etapa procesal, que es la más ágil de las etapas que se adelanta dentro del trámite de Justicia y Paz.

Por eso tenemos que conocer la realidad de lo que está pasando, decirnos las verdades, por ello es necesaria la priorización y selección de los casos, y digámoslo con franqueza, porque ni el estado, ni el aparato judicial, tienen las herramientas ni los recursos, ni mucho menos la capacidad para evacuar en el tiempo que demanda un proceso de Paz y su etapa judicial transicional con semejante universo de hechos punibles.

Son vacíos que continúan en el nuevo marco legal y en el actual en trámite de modificación en el Congreso de la República, en el que el articulo 25 parágrafo 1 del proyecto de ley 096 por el cual se introducen modificaciones a la ley 975 de 2005, dice que “si con posterioridad a la sentencia emitida como consecuencia del procedimiento excepcional de que trata la presente ley, el beneficiario es condenado por hechos cometidos durante y con ocasión de su pertenecía al grupo armado al margen de la ley que no hayan sido confesados en el proceso de Justicia y Paz, perderá el beneficio de la pena alternativa”. 

Aquí se evidencia sin lugar a dudas que se está desconociendo la realidad del conflicto, y que muchos hechos jamás podrán esclarecerse porque quienes los ejecutaron hoy están muertos y se llevaron esa información con ellos y quienes quedamos la desconocemos. Recordemos que fueron miles de hombres los que estuvieron bajo nuestro mando y no tuvimos el don de la ubicuidad para estar presentes en el momento en el que se cometieron todos los hechos en los miles de Km2 en las diferentes áreas que estuvieron bajo nuestro dominio y control, traduciéndose lo que acabo de exponer en la pérdida de los beneficios para la mayoría de los mandos de las guerrillas y las autodefensas lo que nos enviaría directo a enfrentarnos al trámite de justicia ordinaria donde estaremos presos de por vida, porque cada vez que cumplamos la pena y estemos a punto de lograr la libertad se presentará una víctima denunciando un hecho que no conocimos, cometido por un hombre que estuvo bajo nuestro mando y hoy está muerto o no se postuló y con ello nos abrirían otro proceso en justicia ordinaria en una espiral interminable que se repetirá, -repito- dejándonos presos de por vida.

Debe ser por eso que previendo esta situación están haciendo compulsa de copias no solamente contra terceros como debe ser, sino contra nosotros mismos por los hechos que vamos confesando en Justicia y Paz en un desgaste y paralelismo legal, que quizás encuentre su explicación en que el objetivo que se persiga es mantenernos a todos los comandantes de las guerrillas y las autodefensas que nos sometimos o se sometan a un proceso de Paz, el resto de la vida en la cárcel, condenados a cadena perpetua.

Estos graves vacíos están ahogando y van a terminar por ahogar la etapa Judicial de este Proceso de Paz y de los que vengan, el que no se tengan esas herramientas, recursos y tiempo necesarios no significa que deben ser las víctimas y los desmovilizados quienes deban sufrir las consecuencias de ello.


RIESGOS

Estos vacíos e indefiniciones, inseguridades y desconocimientos no deben dejarse a la libre interpretación y transferirse a quienes le apostamos o le apuesten en un  futuro con fe y esperanza al proceso de Paz, por eso estamos pidiendo interlocución no solo con el Gobierno al más alto nivel, sino también con el Congreso, con la Corte, con el Mundo de la Academia, con los Organismos Multilaterales, con el Fiscal General de la Nación para que conozcan estos graves vacíos y falencias, para que no queden sujetos a la diversidad de interpretaciones y se tomen los correctivos necesarios.

Si luego de conocerlos o si ya conocen algunos como los que acabamos de enunciar y no se corrigen entonces no se estará usando este marco legal como una balanza entre la Justicia y la Paz sino como una lanza manipulada de venganzas y retaliaciones. 

Resolver estos temas y los inconclusos en la mesa de negociaciones es la mejor forma de ayudar al proceso de negociación con las guerrillas, para que desaparezca el camino minado que existe hacia la consecución de la Paz y la Reconciliación.


ALERTA

Alertamos sobre el riesgo de no tomar los correctivos porque sería negarnos las herramientas para seguir convenciendo a los desmovilizados y postulados que se mantengan comprometidos con el Proceso de Paz, herramientas que también son necesarias para convencer a las guerrillas y a todos los actores del conflicto que la Paz es posible y que el camino para conseguirla no está minado, para que se disipen los riesgos que muchos de ellos no se quieran desmovilizar, o tras hacerlo, se rearmen al sentirse engañados y traicionados como ya sucedió y retomen los territorios que vayan dejando las guerrillas desmovilizadas, solos o conjuntamente los nuevos y los antiguos rearmados, en una reedición más violenta del conflicto armado colombiano que lo haría interminable y desbordaría la capacidad de contención del Estado.

El proceso con las autodefensas debe concluirse de manera exitosa para que no se atraviese con los futuros procesos que se avecinan y sirva de espejo al que se avecina con las guerrillas para que se puedan consolidar unas bases sólidas para la Paz, para que pueda fortalecerse la institucionalidad y la democracia en los territorios donde ejercimos como estado de facto. 

 Sin nuestro aporte este proceso no saldría adelante, hemos cumplido desde el primer día, desmovilizamos más de 30.000 hombres, hemos contado la verdad, hemos reparado, lo hemos dado todo, hemos arriesgado todo intentando hacer la Paz, mucho más que cuando estuvimos en la guerra, hemos facilitado, hemos ayudado, hemos participado en la reconstrucción de miles de hechos que no se hubiesen podido esclarecer sin nuestra ayuda. 
Sin nuestro concurso, sin nuestra participación, sin nuestro compromiso e indeclinable voluntad de Paz a pesar de todos los obstáculos a los que me he referido, nada de lo que hemos logrado al día de hoy habría sido posible.

Se están equivocando, le están dando un mal manejo al Proceso de Paz y al marco jurídico. Estos graves vacíos y falencias no las resuelve solo la justicia, ella no tiene las herramientas  y el Congreso y el Gobierno deben dárselas. Dado el carácter general e impersonal de las leyes que involucran a las tres ramas del poder este proceso debe concluirse en su totalidad, no se debe resolver por pedacitos, hoy una parte, en cinco años otra parte. No, así no se logra la Paz y la Reconciliación.

Si uno de los atractivos importantes de Justicia y Paz era dar unas penas de 5 a 8 años y este objetivo no se da buscando interpretaciones diversas a la misma ley para mantenernos en las cárceles por más tiempo, entonces todo habrá sido un engaño. Se habrá utilizado la ley como venganza.

Esto es una alerta, el riesgo que corre Colombia si el Gobierno hace oídos sordos a lo expresado en todas nuestras intervenciones es grande y precisamente por esto la necesidad de retomar urgentemente la interlocución política al más alto nivel para que no se malogren todos los esfuerzos de Paz que venimos haciendo. 

No se trata de ninguna amenaza sino de valorar en toda su enorme dimensión lo que está en juego y utilizar las llaves de la Paz para reabrir la puerta del Proceso con las Autodefensas, convencidos que una vez se reabra esta puerta abruptamente cerrada por el Gobierno anterior, se habrá dado un gigantesco paso para que la puerta de la Paz con las guerrillas pueda abrirse de un modo más rápido y con efectos enormemente benéficos para el país.

En conclusión y pidiendo mil disculpas por el exceso de tiempo utilizado en nuestra intervención, pero estas son ocasiones maravillosas y únicas donde poder expresarnos en busca del Bien de Todos los colombianos y colombianas:

1.     La ley de Justicia y Paz y el Nuevo Marco Legal para la Paz deben ser claros y garantistas, sin vacíos e indefiniciones como los actuales.

2.     Urge un procedimiento real y verdadero de Justicia transicional. La mayoría de los operadores judiciales de Justicia y Paz no han interiorizado que este no es un proceso ordinario, que este es un proceso de justicia transicional. 
La rigurosidad aplicada, la exégesis, la metodología en la aplicación de la ley 975 no se conduelen de las garantías y seguridades procesales y jurídicas, a la pronta y cumplida administración de justicia tanto para las víctimas como para los desmovilizados postulados que no deben exceder los 5 a 8 años que señala la ley. 

3.   Se deben suprimir audiencias repetitivas e innecesarias. Por ejemplo, la diligencia de enunciación de hechos sobra, se debe entrar directamente a la de confesión. Igualmente, fusionar la Imputación y Formulación de cargos en una sola. Así mismo fusionar la Legalización con la Sentencia y posteriormente el Incidente. Estas etapas deben combinarse con recursos escritos que se pongan a disposición de todas las partes involucradas para que el procedimiento oral explicando con tal rigurosidad detalle por detalle cada hecho no sea desgastante y haga inviable culminar exitosamente el proceso transicional.

4.    Se deben implementar mecanismos de priorización y selección de casos, según la gravedad e impacto social del mismo, así como la calidad del agente infractor.

5.     Se debería crear una Comisión de la Verdad para aquellos casos no seleccionados, en aras de crear una memoria histórica.

6.     Pensar en la posibilidad de aplicar el principio de oportunidad para los casos no priorizados, cuando en el mismo no concursen más de dos delitos específicos, por ejemplo en un hecho solo el homicidio agravado, sin tortura o desaparición, etc.

7.     Sería dable la creación de unos estándares de investigación, diferentes a los previstos por la justicia ordinaria, ya que estos son los aplicados en la Ley 975, que lo que han hecho es entorpecer el proceso.

8.     Que las diligencias sean en bloque, esto es, con el comandante e intervinientes del hecho, para no repetir diligencias y evitar contradicciones.

9.    Una Sala especialmente para la justicia transicional es decir para Justicia y Paz en la Corte Suprema de Justicia.

10.  Que se cree una entidad verdaderamente eficaz para el recibo, administración y productividad de los bienes entregados en reparación.

11.  Un Comisionado de Paz que tenga entre sus funciones facultades para coordinar las autoridades judiciales y administrativas, para que por ejemplo el Inpec no siga como rueda suelta y se convierta en un obstáculo para la aplicación de la Ley de Justicia y Paz.

12.  Construcción de Centros de Reclusión Especiales para postulados y asignación de un grupo especial de funcionarios del Inpec que vigilen el cumplimiento de la pena y de los derechos y obligaciones de los postulados, garantizando la presencia del postulado al proceso.

13.  Diseñar una verdadera política de resocialización de obligatoria y directa participación del Estado, garantizando por ejemplo para las víctimas y desmovilizados el estudio primario, segundario, técnico y profesional gratuito.

14. Tratamiento psicológico obligatorio a todos y cada uno de los postulados, en aras de garantizar su reintegración social.

15.  Pena alternativa. Que aplique la acumulación de penas alternativas, en atención a la existencia de sentencias parciales.

16.  Ampliar la aplicación de la Ley, al momento de la desmovilización, porque muchos grupos se desmovilizaron después de la promulgación de la Ley.

17.  Prohibición de compulsa de copias a la justicia ordinaria contra los mismos postulados, solo permitida contra terceros.

18.   Suspensión de procesos en la justicia ordinaria con la simple confesión del postulado en Justicia y Paz.

19.   Crear mecanismos para evitar falsas víctimas y que las indemnizaciones lleguen a las verdaderas víctimas.

20.   Una Comisión Interinstitucional e Internacional que verifique el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por las partes inmersas en la negociación.

21.   Que el Proceso de Paz y Reconciliación sea Política de Estado, y que no dependa de la sola voluntad de los gobernantes.

22.   Crear causales específicas de libertad provisional, en casos concretos, como enfermedades terminales que lleven a la muerte inminente, estado de embarazo, etc. Eventos en los cuales la persona saldría bajo libertad vigilada o brazalete de seguridad.

23.   Ayuda económica del estado para los desmovilizados internos en las cárceles y sus familias o que al menos tengan la forma de suplir la manera de sobrevivir económicamente dignamente.

24.   Diseñar una verdadera estructura de asistencia jurídica para la totalidad de los desmovilizados, que sea gratis y no como se presta actualmente.

25.   Respeto a los postulados en desarrollo del proceso por parte de los operadores judiciales, refiriéndose a ellos como postulados desmovilizados sin motes o palabras estigmatizantes, ofensivas o peyorativas.

26.   Eliminación de antecedentes penales al finalizar de cumplir la pena alternativa y el período de prueba.

27.   Establecer un término fijo y claro de vigencia del proceso, término al cabo del cual debe concluir todo trámite judicial y el postulado accederá a la libertad.
  
28.   Publicación en diario oficial, prensa nacional, emisoras y tv de los compromisos del gobierno con los grupos de desmovilizados, con obligatoriedad de cumplimiento de lado y lado.

29.   Que quienes han actuado en dos o más bandos del conflicto colombiano, efectúen una sola desmovilización.

30.   Sería conveniente PRIORIZAR la reparación ADMINISTRATIVA para aquellas victimas reconocidas que no “clasifican” en el actual marco legal, a fin que las mismas accedan de manera preferente y prioritaria a esta clase de reparación.

La sola enunciación de las múltiples problemáticas citadas y unas pocas mínimas pinceladas sobre el contexto general y sus consecuencias más evidentes exigen más tiempo y espacio donde poder volcar todo el caudal de interrogantes y así arribar al terreno de las propuestas y recomendaciones finales.

Es por todo lo vislumbrado hasta aquí que queremos colocar a consideración de todos los asistentes al Foro, y solicitando el acompañamiento del ODRR, la conformación de una MESA PERMANENTE DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PAZ CON LAS AUTODEFENSAS, de tal manera que podamos confluir en la estructuración de una AGENDA DE TEMAS Y METAS donde incluir los diversos componentes que dotados de un CRONOGRAMA, nos permitan establecer contenidos y prioridades con el fin de producir y registrar los avances que vayamos alcanzando en estas materias tan vastas como complejas. 


Muchas gracias.




MIEMBROS REPRESENTANTES, DESMOVILIZADOS Y POSTULADOS A LA LEY DE JUSTICIA Y PAZ.




Cárcel la Picota de Bogotá.
Cárcel Modelo de Barranquilla.
Cárcel las Mercedes de Montería.
Centro de Reclusión Especial para la Justicia y la Paz del Espinal.
Cárcel de Palmira (Valle).




Bogotá, Mayo 17 de 2012.

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