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Ponencia de EDWAR COBOS TÉLLEZ en Foro Académico de la Clase de Teoría y Resolución de Conflictos para Alumnos de las Facultades de Derecho, Ciencias Políticas y Comunicación Social de la Universidad Javeriana


CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO


1. Las organizaciones armadas guerrilleras sitúan estas causas (que ellos llaman causas objetivas) en razones diversas sobre las cuales hay tres que sobresalen, aunque ha ido modificándose la forma de expresarlas con el paso de los años. Lo haré con mis propias palabras procurando la mayor objetividad.

a) Inexistencia en Colombia de condiciones democráticas efectivas, eficaces e incluyentes, a través de cuyos canales se puedan dirimir pacíficamente los conflictos sociales, enfatizando sobre la cuestión rural, aprovechamiento y explotación del suelo, reivindicación de las masas campesinas, reforma agraria. El conflicto armado sería entonces inevitable según esta concepción, por lo cual consideran necesario remover tales bloqueos que la institucionalidad no resuelve por las buenas. Lo han intentado mediante la lucha armada y lo intentan ahora también por vía de la negociación, en procura de lo que ha dado en llamarse solución política negociada.

b) Otra causa del conflicto armado que las guerrillas destacan es el funcionamiento inequitativo del sistema económico capitalista,  concentrado en pocas y poderosas manos, con injusta distribución de la riqueza y sometido a los intereses del gran capital trasnacional. Si en la causa a) el matiz que la distingue es de naturaleza política, en b) el matiz es de orden económico. También aquí el foco está puesto sobre la cuestión rural, los terratenientes, los ganaderos, los narcocultivos y las economías de subsistencia, el minifundio, los terrenos baldíos, la frontera rural.

c) La tercera causa aducida por las guerrillas es lo que denominan el imperialismo de los Estados Unidos (también de alguna otra potencia europea aliada con EEUU), y el modo en que los EEUU condicionan las políticas del Estado colombiano, presionando en defensa de sus intereses políticos, económicos, e ideológicos, para que Colombia no se aparte del sistema de libre mercado, ni de la democracia burguesa.

Digamos que las 3 causas que mencionan las guerrillas se han ido modificando y adaptando al paso del tiempo solo en parte y de acuerdo a la particular visión y énfasis de cada una de las guerrillas que han permanecido en armas (Farc, Eln, Epl).

2. Las guerrillas consideran al Estado que las combate en nombre de la ley y la Constitución como la expresión política de las clases poderosas, que manejan los hilos del Estado –con la complicidad de las clases políticas tradicionales- para amparar los intereses de esas clases dominantes en menoscabo de los sectores trabajadores, obreros y campesinos, asegurando mediante la represión con la que actúan las fuerzas de seguridad cualquier intento de redistribución de la riqueza, de cuestionamiento a las políticas sociales y económicas, y de modificación del statu quo.

3. Sobre lo anterior una primera acotación: las guerrillas enfatizan la connivencia de los intereses que vinculan el Estado colombiano con los EEUU y Europa occidental, pero son más reacias a admitir que desde su aparición en el escenario las guerrillas fueron aliadas y también instrumentadas con políticas foráneas, apoyadas por países del llamado bloque comunista, o socialista, en particular durante la vigencia de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), con capital en Moscú, hasta comienzos de los ‘90. Notoria fue desde los ‘60 la influencia en las guerrillas de países como Cuba y China, y más recientemente Venezuela con los gobiernos de Chávez y Maduro. 

4. El conflicto armado colombiano ha tenido históricamente una doble naturaleza propia de un conflicto interno por una parte, entre colombianos, y también por otra parte unas características adicionales vinculadas con lo que hasta la Caída del Muro de Berlín y del régimen soviético, se denominó Guerra Fría, donde las potencias capitalistas comandadas por los EEUU se enfrentaron a lo largo y ancho del mundo con las fuerzas de carácter comunista o socialista encabezadas por la Unión Soviética, y apoyadas también por la China comunista bajo el liderazgo de Mao Tse Tung y sus continuadores. Fue un auténtico choque de ideologías, pero también de fuerzas militares, economías y política a escala mundial. Esto duró hasta bien entrada la última década del siglo pasado.

5. Un elemento que caracteriza el conflicto armado colombiano es el aprovechamiento de los dineros del narcotráfico para financiar las operaciones insurgentes. Esto no fue así desde un comienzo pero cuando empezó a verificarse, allá por los ’80, significó un escalamiento y degradación del enfrentamiento y las hostilidades. Esta causa económica ha tenido una influencia determinante en la subsistencia del conflicto armado, veintitantos años después de acabada la Guerra Fría, y lo que es importante destacar en Colombia a 25 años ya de sancionada la Constitución de 1991 cuya apertura democrática y afirmación de derechos humanos y políticos, pretendió ser el comienzo del fin de las causas que originaron el conflicto armado.

6. Llegados a este punto podemos sacar la conclusión que a las causas originarias del conflicto se le ha sumado una causa económica de trascendencia determinante: los dineros del narcotráfico que se ha convertido en el combustible que alimenta la guerra en Colombia y ha financiado directa o indirectamente a todos los grupos armado ilegales, fueran insurgentes o contrainsurgentes, guerrillas o autodefensas. 

7. Regresando ahora a la confrontación guerrillas vs. Estado quiero apuntar lo siguiente para que se entienda mejor lo que se ha dado en llamar en Colombia (a mi modo de ver, en forma equivocada o al menos no del todo acertada) el “fenómeno paramilitar”. 

a) Sucede que las guerrillas en su llamado a la revolución comunista, o de forma más común en las últimas décadas, revolución socialista, no solo enfrentaron a las fuerzas de seguridad del Estado sino que cometieron sistemáticamente violencia y agravio contra la población civil, sea afectando sus bienes y economías productivas, sea atentando contra su vida y su libertad, sea cometiendo actos terroristas, además de secuestrar y extorsionar. Le ha llevado décadas al Estado colombiano equilibrar y preparar sus fuerzas de seguridad, así como disponer de todo el poder de las instituciones estatales, para hacer frente con relativo éxito a las guerrillas y proteger adecuadamente en tiempo y forma a la población civil. Con razón se ha dicho en Colombia, y se sigue sosteniendo, que “en Colombia hay más territorio que Estado”. Esto ha expuesto a la población civil a todo tipo de violencias, en especial en los campos y zonas campesinas, y la indefensión ante las guerrillas primero y todo tipo de criminalidad después y contemporáneamente, hizo que surgieran y se diseminaran por buena parte del territorio nacional grupos que fueron calificados de ‘autodefensas’ originados en el seno de la población civil afectada y amparados por diversas formas de colaboración estatal, a veces dentro del régimen legal, otras por fuera de todo ordenamiento legal. Unas financiadas con dineros provenientes de sectores pudientes, comerciales, industriales, agrícolas, ganaderos, otras financiados por dineros que originados en los cultivos ilícitos llegaron hasta eslabones sucesivos del narcotráfico. 

b) Dentro de esta caracterización cabe distinguir entre autodefensas y paramilitares. Simplificando, las autodefensas son esencialmente de origen civil, nacidas en el seno de la sociedad, y comandadas por ciudadanos que pasaron a tener un desempeño militar. Los paramilitares en cambio han sido esencialmente estructuras originadas desde el mismo Estado, y direccionados desde ámbitos estatales o paraestatales. Y en ambos casos, según el componente principal de su financiación puede hablarse de autodefensas financiadas por economías lícitas, autodefensas financiadas por economías ilícitas, así como de paramilitarismo financiado por fondos especiales originados en el propio Estado, o paramilitarismo estatal aliado ocasionalmente con sectores de la criminalidad organizada. La combinación de factores y orígenes tan disímiles impide separar nítidamente aquí el grano del trigo, y en el marco de una guerra irregular como la planteada por las guerrillas hace difícil incluso para quien ha sido actor armado ilegal distinguir con claridad y contundencia hasta donde se extienden los tentáculos de unos y otros, entrecruzados permanentemente por las características de la guerra.

8. Los gérmenes y brotes espontáneos de resistencia civil armada, se fueron desplegando sobre los distintos territorios, de lo que fueron inicialmente las organizaciones de autodefensas originarias, campesinas, dotadas de una causa ideológica nacional y federalista, libertaria y democrática, diametralmente opuesta a la de las guerrillas comunistas dispuestas a imponer a sangre y fuego su dictadura estilo cubano y soviético. Las voces primero y las armas después se fueron alzando por estas autodefensas primigenias solo como reacción y respuesta a la violencia guerrillera que pretendía coaccionar y violentar nuestras vidas, nuestras economías y nuestro sistema social y político. ¿Ante quién recurrir entonces sino al Estado nacional y sus representantes locales? Pero ¿qué sucedió?  Tocábamos las puertas de la Fuerza Pública pidiendo protección y esta no solo no llegaba, sino que por el contrario a lo que se nos invitaba o exhortaba era a ayudar a las Fuerzas de Seguridad a combatir el enemigo público número uno, el enemigo de la nación se nos decía. Y no solo este mensaje nos llegaba desde los cuarteles sino también desde los sectores más representativos de la sociedad, empresarios, industriales, ganaderos, agricultores, comerciantes, multinacionales, empresas de inversión extranjera, etc. Todos los ‘poderes fuertes’ del establecimiento nos alentaban a que diéramos la pelea en defensa del desarrollo económico de esas regiones. Dirigentes políticos nos impulsaron y después terminaron de aliados cuando nos convertimos en una realidad política, en una alternativa real y consistente para las comunidades más marginadas. La Justicia miró hacia otro lado y en no pocos casos fue hasta cómplice, como algunos medios de comunicación y periodistas se alinearon de nuestro lado y sirvieron de puente para que el País escuchara, leyera y hasta viera con sus propios ojos lo que nosotros estábamos denunciando. Incluso desde la misma comunidad internacional llegaban mensajes de apoyo o por lo menos de buen augurio por la lucha que estábamos presentando en tiempos en que el Estado no tomaba el problema con la seriedad y eficacia que ameritaba. Esto de las Autodefensas no fue un invento de dos o tres que nos reunimos para ver como acabábamos con la guerrilla antes que la guerrilla se tomara el país. En pocos años de existencia se fue conformando alrededor de la Autodefensa un proyecto político, una estrategia política confederada apoyada por influyentes sectores de la sociedad, que tenía en su aparato militar la punta de lanza para copar y empoderarnos de amplios territorios derrotando a nuestro enemigo natural e ideológico, implantando unos estados de facto, donde administrábamos justicia y ejercíamos incluso un cierto poder tributario para financiar obras de beneficio público. Esto acercó a las Autodefensas a sectores populares que dieron vida a una segunda fase que era la transformación del movimiento de autodefensas en una confederación, en una alternativa política en el país, apoyados por nuestras bases sociales. Quienes aún niegan el carácter político de las Autodefensas que se desmovilizaron en el proceso de paz de Santafé de Ralito o ignoran olímpicamente la historia del conflicto armado colombiano, o pretenden hacer que la ignoran, se equivocan, y lo hacen con el solo propósito de no compartir el espacio político, y no querer competir en sana y justa lid a partir de visiones de país y de sociedad que tenemos todo el derecho de sostener y debatir a partir de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que tenemos el propósito de ser con mucha humildad pero también con mucha convicción, civilista y democrática, pacífica y abierta al diálogo, la cooperación y la reconciliación. Por eso nuestro lema es: “por un posconflicto en paz”.

9. Lo cierto es que en el conflicto armado colombiano no se enfrentan ángeles contra demonios, sino que en realidad todo lo bueno y lo malo se entremezcla, y el demonio de la guerra acaba por apoderarse de todos los intervinientes, porque como suele suceder en estos casos, los más puramente ángeles son los primeros en caer mientras que los demonios suelen encontrar fórmulas de sobrevivir. Esto sin satanizar a nadie, ni de un lado ni del otro, porque todos tuvimos nuestra parte de acierto y nuestra parte de error, como toda creación humana, inmersa de condiciones de guerra que son las que hay que dar por terminadas, recuperando para la vida y la sociedad a los sobrevivientes, que queremos merecer y ganarnos una segunda oportunidad en la vida, comprometido como estamos con la No Repetición. 

10. La naturaleza de las autodefensas como expresión de resistencia civil armada, ojo no confundir con el llamado a la resistencia civil a los acuerdos de La Habana, en el caso de las Autodefensas en su expresión originaria más genuina, lo que se quiso enfatizar en aquel entonces por el comandante Castaño fue que la autodefensa, era expresión de la sociedad colombiana, básicamente campesina, de los civiles colombianos violentados por las guerrillas y no defendidos por el Estado. En tal sentido, armarse fue una consecuencia ante situaciones de hecho que padecían las poblaciones inermes ante los crímenes de las guerrillas y carentes de respuestas en términos de seguridad por parte de las autoridades del Estado. Obviamente, con esas declaraciones de principios Carlos Castaño aspiraba le fuera reconocido a las autodefensas campesinas ganar un estatus político –de sedición- para afrontar en su momento una negociación política con el Estado, negociación que se fue demorando y que finalmente comenzó en el segundo semestre del año 2002, primero en una fase confidencial y reservada y a partir de 2003 de manera pública.

11. En un conflicto irregular y tan prolongado como el desatado por las guerrillas, financiado en su desarrollo posterior por dineros provenientes de las economías ilícitas, el concepto de guerrilla pura e incontaminada, o de autodefensa pura e incontaminada, así como de autoridades y fuerzas de seguridad puras e incontaminadas, perdió consistencia y principio de realidad, y como en un cambalache todo se acabó mezclando y revolviendo, en combinaciones  a cual más insólitas. Basta tomar nota de las publicaciones de prensa actuales donde incluso las guerrillas acaban asociándose con Bacrim, y todos ellos con elementos corruptos de la política y fuerzas de seguridad del Estado.

12. No obstante, sigue siendo una verdad de a puño del conflicto armado que tanto desde las guerrillas en estado originario y puro, como de la respuesta militar que dieron las autodefensas campesinas, existió siempre un componente político esencial originario, porque en definitiva de lo que trata un conflicto armado interno es de sentar primacía, de ocupar y gobernar territorios y población, para que se adelanten políticas de uno u otro signo, según sea el desenlace de la contienda. La negociación de Ralito entre autodefensas y Gobierno trató precisamente sobre ello, sobre la necesidad y conveniencia para el país que las autodefensas cambiaran la lucha armada a través de los fusiles, por una lucha desarmada y de carácter político dentro de las instituciones del Estado y la democracia, al amparo de la Constitución. Este punto de la negociación finalmente acordado con la contraparte negociadora no fue aceptado tal como fue formulado en la Ley de Justicia y Paz por parte de la Corte Constitucional y sigue siendo materia pendiente sin resolver ni en el plano político ni en el plano jurídico. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque para que el posconflicto al que todos aspiramos ingresar muy pronto pueda tener un desarrollo pacífico y consensuado, todos quienes fuimos actores armados del conflicto y pasamos el filtro de la Justicia Transicional, en nuestro caso la Ley de Justicia y Paz, no debemos ser estratificados en desmovilizados de primera o segunda categoría, unos con derechos plenos incluso políticos, y otros, como nosotros, poseedores de derechos cercenados, incluida la negación de nuestros derechos políticos.




FORMAS DE VIOLENCIA


13. Hay una frase que quiero traer aquí a colación y que tal vez no con las mismas palabras oí alguna vez en los tiempos de la negociación en Ralito: “la mejor guerra es la que no se hace y la peor guerra es la que se pierde”. He reflexionado bastante sobre esta frase porque cada vez que lo hago le encuentro algún sentido nuevo, y siempre aleccionador, que ahora quiero compartir con ustedes. Todos hemos oído hablar sobre aquello de que las guerras son tan viejas como la humanidad y probablemente siempre existirán. Hoy digo, Dios no lo quiera. Porque es verdad, la mejor guerra es la que no se hace. Evitar una guerra antes que comience, o ponerle final cuanto antes una vez nos topamos con ella, es de lo mejor que podemos hacer en la vida. En cuanto a que la peor guerra es la que se pierde, ello responde a cuestiones como honor, principios, libertades, derechos que sentimos vulnerados como consecuencia de ser vencidos. Si duele perder en cualquier deporte, en cualquier apuesta, etc. cómo no va a doler perder una guerra. Lo que debemos es interrogarnos si acaso no es mejor perder una guerra que proseguirla. Y en todo caso, sacrificar algo, poco o mucho de lo que pretendíamos con la guerra, y buscar a través de una negociación que la derrota no signifique humillación, y encontrar soluciones por las buenas –llamémoslas soluciones políticas, o soluciones negociadas- nos debiera producir más satisfacción interior que cualquier victoria en una guerra, por más justa que la consideráramos. Para dar ese paso en lo personal, que significaría un enorme paso en términos de país, de humanidad, todos debiéramos ponernos no en el lugar de los contendientes, en últimas de los victimarios, sino en el lugar de las víctimas, y solo así estaríamos en condiciones de entender que no hay guerra buena, ni triunfo en la guerra que en realidad compense el dolor de tantas víctimas, el padecimiento de tanta población civil victimizada.

14. Dicho lo anterior, las formas de violencia son todas nefastas, son todas horrendas, entre lo malo y lo peor no hay sino una sucesión de hechos aberrantes. Honrar la vida, considerarla sagrada y no agraviarla de ninguna manera es el compromiso que asumí en mi conciencia y ante Dios el mismo día que entregué mi arma, el mismo día que con mis excompañeros dijimos adiós a las armas, y de esto hace ya más de 10 años. Cumplir el compromiso de no repetición es mi gran propósito de vida, y está enmarcado ese propósito en seguir trabajando por la paz y la reconciliación, desde los espacios de la democracia, de la academia, y también de la política, en un proceso sin prisa pero sin pausas hasta la recuperación de los plenos derechos ciudadanos, donde ex guerrilleros y ex autodefensas deberemos ir confluyendo como símbolo de que la guerra quedó definitivamente atrás, y a partir de ahora todo nos une y nada nos separa.

15. Unas palabras sobre lo de guerra irregular. Nada más diferente, resulta en su práctica la guerra irregular al combate entre dos ejércitos debidamente identificados sobre un territorio desocupado, libre de población civil. Es propio de las guerras de guerrillas y de contraguerrillas apelar a lo irregular como estilo de combate. Por esta característica de irregularidad, es que el DIH y organizaciones de tanto prestigio como la Cruz Roja Internacional, promueven la llamada ‘humanización’ de la guerra, buscando que los actores participantes de una guerra irregular se sujeten a un mínimo de normativas que hagan menos gravosas las acciones de guerra y sus consecuencias sobre la población civil. Esto no es nada sencillo de implementar porque en la naturaleza de la guerra irregular está la frecuente (casi que sistemática) infracción al ‘principio de distinción’ que se manifiesta, por ejemplo, en la no portación de uniforme militar, lo que pone en grave riesgo a la población civil, entre la cual se mimetizan los combatientes y sus grupos de apoyo logístico, poniendo en riesgo la vida de los civiles ajenos al conflicto armado. También sucede que por la captura de territorios poblados de parte de uno u otro actor armado, la población civil se convierte en rehén del mismo, estando obligada a obedecerles y servirles, incluso obligada a proveerles de combatientes, reclutamiento de niños, etc. Esto produce también desplazamiento, forzado por las circunstancias que hacen que la población civil se aleje, o deliberado por parte del actor armado involucrado que decide que los civiles deben alejarse de inmediato, por sospechas sobre sus simpatías o connivencias con el enemigo.

16. El conflicto armado colombiano se ha desarrollado, principalmente, lejos de los centros urbanos más poblados, por lo que han sido las zonas rurales y los campesinos los más afectados, y victimizados, también reclutados o puestos a trabajar para las organizaciones en combate. También de esas zonas productivas y economías de esos campesinos –puestos en el difícil trance de tomar partido por uno o por otros- se han nutrido las organizaciones armadas ilegales por lo que la caracterización de guerra civil rural no está distante de la realidad. Visto desde las ciudades hablar de guerra civil puede resultar exagerado, pero visto desde la extensión y periferias del territorio nacional y desde sus regiones más afectadas, bien cabe el calificativo de guerra civil, o guerra civil rural. Esta es una razón por la cual las Autodefensas, al negociar su desmovilización, pusieron entre los puntos más relevantes de la agenda la protección por parte del Estado de las zonas que eran de su influencia y a las cuales se brindaba seguridad frente a las acometidas guerrilleras. Hoy es común oír que las llamadas Bacrim se originaron en zonas donde las autodefensas ejercían un poder de facto antes de su desmovilización, y se pretende atribuir ello a un supuesto incumplimiento de las autodefensas desmovilizadas. Sin embargo, es bueno mencionar que más allá de algunos incumplimientos puntuales por parte de un porcentaje muy bajo de los desmovilizados (esto lo puede corroborar la ACR y también la Fiscalía General y los tribunales de Justicia y Paz), lo cierto es que los Gobiernos, el anterior y el actual, no han logrado cumplir lo acordado en Ralito en cuanto a garantías de protección de la población civil en zonas que fueron hasta su desmovilización, zonas de influencia y poder de facto de las ex AUC.

17. Lo mencionado en los puntos anteriores explica alguna de las razones por las cuales consideramos desde los ex AUC postulados a Justicia y Paz, y desde los desmovilizados rasos en general no postulados, que en esta histórica coyuntura de prolegómenos a lo que ha de ser el posconflicto, resulta de suma utilidad para que podamos vivir un posconflicto en paz, que todos quienes hemos pasado por la guerra primero, y después por la negociación de Ralito y también por los Tribunales de Justicia y Paz, tengamos voz y voto en el diseño e implementación de los caminos de paz, que permitan aterrizar la paz y la reconciliación sobre los diferentes territorios, teniendo en cuenta lo específico de cada uno de ellos, según la experiencia acumulada y los conocimientos que de las diferentes zonas del país adquirimos desde nuestra niñez y juventud y durante nuestra participación en el conflicto armado.



JUSTICIA Y PAZ o JUSTICIA TRANSICIONAL


18. Sobre la Ley de Justicia y Paz se cifraron en su momento expectativas desbordadas, imposibles de satisfacer en su totalidad. Ni la Fiscalía ni los Tribunales estaban en condiciones de procesar tamaña información aportada por miles de postulados, no solo autodefensas, también guerrilleros desmovilizados por su cuenta y riesgo. Sin embargo, hasta la Corte Penal Internacional, y organizaciones tan serias como HRW, han llegado a la conclusión de que Justicia y Paz ha cumplido su misión en aceptable medida vistas las dificultades de aplicación, y las propias de un ordenamiento legal totalmente inédito en Colombia y en el mundo, por su complejidad y volumen. Lo cierto es que Justicia y Paz ha sentado las bases de la Justicia Transicional en Colombia, y cumplido razonablemente bien su propósito de poner en el centro de atención a las víctimas a partir de la colaboración y autoincriminación de los postulados. La Justicia Ordinaria no habría llegado nunca  por su propio desempeño ni al cinco por ciento de lo ya logrado con Justicia y Paz.

19. Sobre la ley de Justicia y Paz hay que decir también que no fue una ley impuesta por las ex AUC a través de la presión y el chantaje de las armas, sino más bien lo contrario por parte del Congreso primero y la Corte Constitucional después. Es cierto que ella recoge en parte algunos de nuestros planteamientos, muy pocos por cierto, pero lo que finalmente fue aprobado, sancionado y puesto en funcionamiento, acabó siendo más una ley de sometimiento a la justicia que una legislación producto de un acuerdo de paz que expresara una solución política a la problemática planteada por el origen, existencia y participación de Autodefensas en el conflicto armado colombiano. Problemática que, por su naturaleza y derivaciones, acabó deslegitimando en buena medida al propio Estado colombiano al ser asociado éste, de manera ligera, interesada y a veces irresponsablemente, como promotor de lo que ha dado en llamarse paramilitarismo.

20. No considero que la Ley de Justicia y Paz haya fracasado. Más bien considerada como hito inicial, pionero de la Justicia Transicional en Colombia, ha producido frutos notables, no del todo completos como hubiera sido justo aspirar, pero de ninguna manera ha fracasado. Basta citar algunas cifras, por ejemplo las mencionadas por el Fiscal encargado Dr. Perdomo en reciente entrevista, de esta misma semana. Pero no son las únicas, hay más indicadores de lo que mal haríamos en calificar de fracaso. Téngase en cuenta además que muchos procesos están todavía caminando y que hay largo trecho por recorrer  en esta materia. Ahora bien, en lo que se refiere a cuestiones tan importantes como Paz y Reconciliación, me permito afirmar que la ley de Justicia y Paz es apenas y, solo en lo que nos atañe como ex AUC, ‘la pata jurídica’ de un proceso de paz con las Autodefensas cuya ‘pata política’ queda por ser completada y aspiramos lo sea próximamente en el marco del posconflicto con Farc, y ojalá con Eln. Si la vía jurídica y la vía política no pudieron avanzar en simultáneo por razones que sería motivo de otro foro resaltar aquí, no puedo eludir manifestar hoy lo siguiente. Es demasiado pedirle al componente jurídico de un proceso de paz que alcance a resolver o darle principio de solución a cuestiones que son eminentemente sociales, económicas y políticas. Lo jurídico es un componente esencial, una condición necesaria pero no suficiente, cuando se trata de algo más que un sometimiento a la justicia. Someterse a la Justicia es algo positivo, algo que no deshonra a nadie, por el contrario, todos los ciudadanos estamos obligados a someternos a la Justicia. ¿Qué tal que no?  Lo que resulta fuera de lugar es pedirle al componente jurídico de un proceso de paz que cumpla aquello que por sí solo no está en condiciones de satisfacer. Objetivos tan plausibles y necesarios para un país, para una sociedad, como alcanzar la Paz y la Reconciliación, cuando se viene de transitar décadas de conflicto armado interno, exige que el ‘componente político’ se ponga en marcha para que el dejar de echar bala y comenzar a echar solo palabras pueda concretarse. 


Solo con el ejercicio de la palabra puede ponerse en marcha el diálogo, la gran conversación, los grandes debates. Pero con una condición a respetar: que el diálogo sea entre personas y sectores con iguales derechos e iguales obligaciones. Esto tampoco asegura por sí solo que la Paz y la Reconciliación se alcancen, pero es un buen comienzo, no hay otro, si queremos que las causas que originaron el antiguo conflicto armado no vuelvan a acumularse y hacer metástasis. 

Muchas gracias.

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