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Carta a la Doctora Mirtha Patricia Linares Prieto - Presidenta de la JEP

Doctora
MIRTHA PATRICIA LINARES PRIETO
Presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz - JEP


De nuestra mayor consideración y aprecio:

Nosotros, Colectivo Nacional de Excombatientes AUC, nos dirigimos a usted de la manera más respetuosa, mediante esta CARTA ABIERTA, para exponerle algunas de nuestras inquietudes sobre la situación presente, tanto de los procesos que se adelantan por la Fiscalía General y por las Salas de Justicia y Paz de los Tribunales Superiores que conocen los procesos adelantados bajo la ley 975 de 2005 y sus normas complementarias, como de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP por usted presidida.

Compartimos y nos deja muy satisfechos su reciente afirmación de que “los colombianos todos necesitamos la paz y la paz necesita de todos los colombianos” (la negrilla es nuestra), y por eso queremos empezar recordando que en el Proceso de Paz que se llevó a cabo entre las Autodefensas Campesinas y el Gobierno Colombiano, nos desmovilizamos entre 2003 y 2006 –de manera voluntaria y sin haber sido derrotados en el conflicto-decenas de miles de entonces combatientes, haciendo entrega de nuestras armas, y sometiéndonos también voluntariamente a los términos de la ley 975 de 2007, establecida para ser juzgados, en un escenario de justicia transicional, como responsables de delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos con ocasión del conflicto armado y durante nuestra pertenencia al grupo armado ilegal Autodefensas. Valga recordar que la Verdad, la Justicia y la Reparación fueron los pilares de esa legislación inédita para Colombia, de manera que nuestros procesos judiciales no han sido controversiales, y si hemos tenido abogados defensores ha sido para garantizar la legalidad de los procedimientos y no para controvertir, toda vez que la ley de Justicia y Paz parte del reconocimiento pleno de las conductas (quien quiera controvertir, debe renunciar a Justicia y Paz y someterse a la Justicia Ordinaria), entendido así que la verdad es nuestra primera condición y compromiso, al igual que la reparación a la sociedad y a nuestras víctimas, verdad que se creció, pues una vez sometidos y en curso nuestros procesos judiciales, las Cortes dictaminaron que no se trataba sólo de la exposición de lo relativo a los hechos victimizantes, sino que estamos obligados a exponer la totalidad de los hechos relacionados con nuestra pertenencia y accionar en las Autodefensas, y así lo hemos venido haciendo.

Lo anterior hemos creído oportuno enfatizarlo y traerlo a colación aquí, en defensa de nuestra buena fe y cumplimiento en las diligencias judiciales de Justicia y Paz, al concluir que en aras del necesario debate resulta pertinente de nuestra parte hacer público nuestro respetuoso desacuerdo con lo manifestado por Usted en reciente entrevista con Noticias Caracol cuando afirma que en Justicia y Paz “los paramilitares no ofrecieron la verdad que las víctimas esperan”. Sobre este punto y con el ánimo de esclarecer a la Opinión Pública acerca de lo que esperamos se desarrolle en lo sucesivo en el debate nacional sobre estas cuestiones, manifestamos:

1. Los excombatientes de las Autodefensas Campesinas hemos aportado Verdades, claro que sí; hemos abierto con nuestras declaraciones vastas líneas de investigación y análisis; hemos puesto en manos de Justicia y Paz un sinfín de hechos, situaciones, delitos, etc. que jamás habían sido tramitados ante la justicia ordinaria. Nuestra intención y nuestro propósito y compromiso es llegar hasta el fondo en todas estas cuestiones, y ofrecer todas las verdades que las víctimas esperan. Lo que falta en este camino no ha sido por ausencia de voluntad nuestra, todo lo contrario. Puede Usted contar con ello y transmitir a las víctimas que se le acercan, que todas ellas han contado y pueden seguir contando con nuestro trabajo y esfuerzo en esa misma dirección. 

2. En cuanto al calificativo de ‘paramilitares’ sostenemos y seguiremos sosteniendo nuestro carácter y naturaleza de autodefensas, de origen campesino y civil; actores específicos del conflicto armado colombiano que lo hemos sido desde nuestras raíces en la sociedad violentada e indefensa. El término ‘paramilitares’ no lo consideramos una calificación adecuada y correspondiente en nuestro caso de autodefensas campesinas, porque se trata de un calificativo falaz originado en visiones sesgadas y como tales ilegítimas y descalificadoras del Estado, que no se corresponden con lo que ha sido nuestro involucramiento y participación en el conflicto armado como organización de autodefensas. Sobre este punto habrá que abundar cuando se trate de avanzar hacia la dilucidación e interpretación más atinada de lo que ha sido en su tipicidad tal vez única en el mundo, el conflicto armado interno colombiano y sus múltiples actores y derivaciones.

Como una consecuencia directa de las miles y miles de horas de versiones libres en infinidad de audiencias en las que desde hace más de doce años hemos venido participando, hemos expuesto las dolorosas verdades de las que fuimos protagonistas, y que no sólo tienen que ver con las víctimas de nuestras acciones violentas, verdades que hasta 2016 habían permitido el hallazgo de 5900 cuerpos en más de 4600 fosas (según estadísticas de la Sección de justicia y Paz de la Fiscalía) , sino también exponer las relaciones políticas, económicas e institucionales con quienes no son menos responsables que nosotros los actores de la violencia, exposición que ha derivado en más de 15.000 compulsas de copias desde el Sistema de Justicia y Paz, con el fin de que sean investigadas actuaciones de particulares, políticos, miembros de las Fuerzas Armadas y funcionarios públicos.

Desgraciadamente, en nuestro caso, no contábamos aún con escenarios extrajudiciales, tan necesarios para la integralidad de un sistema, como la Comisión de la Verdad, pues desde el comienzo de nuestros procesos comprendimos tres cosas: 1. Que la verdad no es de nuestra propiedad, sino un patrimonio de la humanidad. 2. Que la restauración de nuestra dignidad humana, pasa necesariamente por el ofrecimiento de esa verdad que nuestras víctimas demandan, y de nuestro deseo de ser perdonados, en un proceso difícil y muy doloroso para las partes, y 3. Que a uno no lo matan por lo que dice, sino por el temor de lo que calla, y que el asesinato de centenares de desmovilizados podría haberse evitado si hubiésemos podido contar con escenarios más amplios y expeditos para liberarnos de la pesada carga de aquellas verdades que tanto temor generan en los responsables ocultos de la guerra cuyas vinculaciones procesales, en la mayoría de los casos, duermen el sueño de los injustos (cabría decir) en los anaqueles y archivos de las fiscalías y los tribunales de Justicia y Paz.

Hemos manifestado en diversos escenarios la necesidad de articular los procesos de Justicia y Paz  y JEP, pues consideramos que la Paz es una, y aunque estamos resolviendo un conflicto multidimensional, la Integralidad del Sistema Integral (valga la redundancia) de Verdad, Justicia, Reparación y Garantía de No Repetición que surgió de los Acuerdos firmados en 2016, hace imprescindible el fortalecimiento efectivo de ambos procesos, pues las víctimas, y la humanidad como tal, beneficiarias principales de este proceso, no admiten discriminación relativa a la responsabilidad de los diferentes  actores del conflicto.

Esperamos poder aportar desde nuestra experiencia con todo lo que esté a nuestro alcance como colombianos para la construcción efectiva de esa Paz, que como Usted bien señaló, necesitamos todos.

En la íntima confianza que nos produce la convicción de saber que estamos unidos por los mismos propósitos e intenciones de Paz y Reconciliación, y con la mirada y actividad puestos en la centralidad de las víctimas en todo este proceso de justicia transicional, reiteramos al finalizar la presente nuestros sentimientos de Respeto, extensivos a la totalidad de los magistrados y funcionarios de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP.


Colombia, marzo 29 de 2019.


COLECTIVO NACIONAL DE EXCOMBATIENTES AUC





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